Al desnudo quedan la miseria y la necesidad que orillan a millones a abandonar países de origen en busca del sustento básico; la incapacidad de los gobiernos que sumidos en estériles luchas internas o en pantanos de corrupción no generan las condiciones que pudieran evitar que sus ciudadanos opten por arriesgar la vida en el cruce; la maldad sin límites de los traficantes de personas, de drogas o de ambos que han hecho de esa miseria humana un negocio lucrativo; la impunidad con la que operan; la complicidad por inacción de las autoridades; la hipocresía y el cinismo de quienes alimentan la violencia consumiendo o traficando drogas, proveyendo armas, lavando dinero, y de quienes se benefician de esa mano de obra cuando hay vacas gordas y la rechazan cuando hay vacas flacas; la falta de un sistema que regule el ingreso legal de trabajadores o la reunificación familiar sin que haya que jugarse la vida.

El único sobreviviente de la masacre, un joven ecuatoriano de 18 años de edad, quería reunirse con sus padres aquí en Estados Unidos y ayudarlos a pagar la deuda que todavía tienen con el coyote que los cruzó. El joven también se endeudó con una red de coyotes para poder hacer la travesía. Rechazó la visa humanitaria que le ofreció México.

Los diplomáticos de los países de origen de los migrantes identificaron cadáveres y ofrecieron asistencia a los familiares. El gobierno de México prometió acciones. Estados Unidos ofreció ayuda.

Uno se pregunta dónde están los altos funcionarios antes de las tragedias; por qué se requiere una masacre para mostrar "interés" por connacionales o vecinos que en gran medida sostienen a estas economías mediante el envío de remesas.

Uno sabe que miles más han muerto en similares circunstancias sin que se reporte o importe. Que miles más les seguirán.

La masacre de Tamaulipas deja al desnudo la vulnerabilidad de los "invisibles". También plantea las responsabilidades y las culpas compartidas, aunque los protagonistas del último acto sean las víctimas y los sicarios verdugos que ni siquiera merecen ser catalogados de "bestias", como los describió el presidente mexicano Felipe Calderón.

El Departamento de Estado aseguró: "reconocemos los riesgos que corren aquellos que hacen este tipo de migraciones, ya sea por la amenaza de violencia de esos cárteles o el abrasador calor, y es una de las razones por la que nosotros, Estados Unidos, comprendemos totalmente que parte de la solución a esto es una reforma migratoria integral".

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, afirmó que espera que "todos los gobiernos de la región trabajen juntos en la búsqueda de formulas que permitan enfrentar coordinadamente la acción nefasta del crimen trasnacional".

Y el portavoz gubernamental mexicano en materia de seguridad, Alejandro Poiré, anunció que la Procuraduría General de la República pondrá "a los responsables en manos de la Justicia" y que el gobierno mexicano seguirá combatiendo el crimen organizado para evitar "que se vuelvan a repetir episodios tan lamentables".

Si tan solo todo fuera cierto.

Otra interrogante es por quién votarán esos electores hispanos en noviembre, y qué papel jugarán la inmigración y otros asuntos en su decisión de acudir a las urnas o simplemente quedarse en casa, como muchos temen.

En Florida, por ejemplo, ganó la nominación republicana a la gobernación un candidato millonario, Rick Scott, con una plataforma antiinmigrante que llevó a su contendor, el fiscal general de ese estado, Bill McCollum, a presentar una propuesta legislativa más severa que la ley SB1070 de Arizona, ante el descontento de líderes hispanos y republicanos de Florida que advirtieron que no era una estrategia ganadora para atraer el voto latino. Muchos latinos republicanos se quedaron en casa y McCollum perdió por tres puntos porcentuales.

En una teleconferencia auspiciada por America’s Voice para analizar las contiendas, la estratega republicana Ana Navarro lo resumió así: “No se trata de lo que los hispanos hicieron en contra de McCollum; es lo que no hicieron por Bill McCollum”.

Y en Arizona, como se anticipaba, la gobernadora Jan Brewer, quien promulgó la SB1070, ganó la nominación republicana a la gobernación, pero el senador John McCain se alzó ante un rival antiinmigrante, J.D. Hayworth, por la nominación republicana en busca de un quinto periodo como senador federal de Arizona. McCain optó por irse más a la derecha en temas como la inmigración. ¿Cómo buscará ahora el voto independiente y latino rumbo a noviembre?

Tras ganar la primaria republicana a la gobernación de California, Meg Whitman está destinando millones para apelar al voto latino aunque su jefe de campaña sea Pete Wilson, el ex gobernador republicano de ese estado que personifica la Proposición 187 en contra de los indocumentados y el divorcio entre los votantes hispanos y el Partido Republicano en ese estado.

A Whitman se le acusa de tener un discurso para los votantes latinos y otro para el resto aunque está haciendo lo que hacen todos los políticos: apelar a su base en las primarias para luego atraer a los votantes del centro que requerirán para ganar una elección general.

Será interesante ver qué hacen estos candidatos que en aras de atraer a esa base han alejado a los votantes latinos echando mano de retórica antiinmigrante, apoyando medidas punitivas como la ley SB1070 de Arizona, o respondiendo con tibieza a propuestas cuestionables como la de enmendar la Constitución para negar la ciudadanía a los hijos nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados.

Durante las primarias McCain, otrora promotor de un plan de reforma migratoria integral, se apartó de esos principios optando por apoyar la ley SB1070 y medidas centradas en la seguridad fronteriza que él mismo ha declarado insuficientes por sí solas para resolver el problema migratorio.

En Arizona los hispanos representan 30% de la población y 15% (471,094) de los 3,182,273 millones de votantes registrados. Según la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO), "uno de cada siete votantes registrados es latino, y la alta participación de votantes hispanos podría decidir contiendas a través del estado".

Marco Rubio ganó la primaria republicana en Florida por el escaño que dejó vacante el senador Mel Martínez, uno de los coautores de un plan de reforma migratoria. Rubio, empero, asumió posturas controversiales o no tan claras en las primarias.

NALEO resume algunas: excluir a los indocumentados del Censo decenal para fines de determinar la distribución de distritos al Congreso; o catalogar la demanda del Departamento de Justicia en contra de la SB1070 como "un despilfarro de recursos".

El actual gobernador de Florida, Charlie Crist, quien apoya la reforma migratoria, también busca el escaño senatorial como candidato independiente. El aspirante demócrata será Kendrick Meek.

En Florida los votantes latinos representan 13% de los casi 12.5 millones de votantes registrados.

Queda por ver si rumbo a la elección general, estos candidatos tratarán de moderar sus posturas en temas como la inmigración para apelar a los electores latinos que si optan por salir votar en noviembre o si deciden quedarse en casa, pueden inclinar la balanza a favor o en contra de cualquiera de los dos principales partidos.

"NALEO aprecia la importancia y el enorme valor de participar en todos los partidos políticos", dice el comunicado.

El comentario de Reid se produce en medio de su contienda de reelección en Nevada ante la candidata republicana, Sharron Angle, quien ejemplifica todo lo que debe hacerse para espantar al voto latino, aunque esa es otra historia.

Pero también lo dijo en el marco de la aprobación por el Congreso de mayoría demócrata y de la promulgación, por el presidente Barack Obama, de 600 millones de dólares para seguridad fronteriza, lo único que ha avanzado legislativamente, hasta ahora, sin que medie una reforma migratoria.

No se trata de oponerse a la seguridad. Lo cuestionable es que los promotores de esa seguridad no quieran regularizar a millones de indocumentados que llenen determinados requisitos vendiendo la idea de que todos pueden ser deportados; que critiquen la inmigración indocumentada pero no reformen un sistema disfuncional que muchas veces la promueve; que no quieran saber quiénes están en nuestro entorno; y que piensen que con otros 1,500 agentes y dos aviones no tripulados de vigilancia solucionan el problema.

Los republicanos cargan con el trofeo cuando de retórica antiinmigrante, propuestas descabelladas y bloquear acción legislativa se trata, pero los demócratas les siguen el juego y el resultado es más de lo mismo. Como dice el refrán, "tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata".

Los demócratas que dicen apoyar la reforma migratoria integral no tienen mucho que mostrar en ese frente excepto promesas, excusas, más deportaciones y la ampliación de cuestionables programas migratorios de colaboración con gobiernos locales y estatales. Es la "estrategia" de "mano dura" que "conseguirá votos" para la reforma, aseguran. Con amigos así...

Que conste que siempre he reconocido que cuando menos Reid llevó medidas de reforma migratoria al pleno del Senado, algo que no puede decirse de la Cámara Baja.

Los republicanos proveen joyitas como la propuesta de enmendar la Constitución para negar la ciudadanía a niños de padres indocumentados; y teorías como la esbozada por una legisladora estatal de Texas de que las turistas vienen aquí a dar a luz a bebés ciudadanos que luego serán terroristas. Nos han dado la SB1070 e intentonas de medidas similares o más restrictivas, como la propuesta del fiscal general republicano de Florida y precandidato a gobernador, Bill McCollum. Hasta la congresista republicana de ese estado, Ileana Ros-Lehtinen, dijo estar "sorprendida" y "decepcionada" con la acción de McCollum.

La Secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Janet Napolitano, afirma que "el presidente puede abogar. Puede implorar. Puede proveer ideas. Puede acordar un marco de trabajo, como ya lo ha hecho. Puede dar un importante discurso que explique lo que se requiere. Pero sólo el Congreso puede aprobar un proyecto". Lo mismo decía su predecesor, Michael Chertoff, cuando los republicanos controlaban la Casa Blanca.

Pasando revista por los logros legislativos de esta administración, el jefe de despacho de Obama, Rahm Emanuel, declaró que "lo que dijo que iba a hacer, lo hizo". No todo, Sr. Emanuel.

Los hispanos pueden ser demócratas, republicanos o independientes; pueden apoyar o rechazar la reforma migratoria. Lo que pasa es que a los votantes latinos que sí esperamos acción sobre esa reforma migratoria igual nos habría dado votar por el 'Partido por la Mitad' porque en ese tema tanto republicanos como demócratas nos han partido la...esperanza.

Lo que sí se sabe es que la seguridad fronteriza es buen tema de año electoral.

Los republicanos parecen dirigir la orquesta en ese frente, como el niño que es dueño del balón y controla el juego. Siguen sumando requisitos a su interminable lista.

Los demócratas, por su parte, siguen cediendo a presiones republicanas y proveyendo diferente discurso a diferente audiencia: a un sector le dicen que están ejerciendo mano dura contra la inmigración indocumentada; a otro sector le aseguran que se están sentando las bases para avanzar un plan de reforma amplia. Que esperen, que ya casi.

En ambos casos la costura de año electoral se ve a leguas.

Como el envío de 1,200 Guardias Nacionales a la frontera para “labores de apoyo”. En el sector de Arizona, zona cero del debate migratorio, ni siquiera estaban listos para ser desplegados el 1 de agosto después de tanto bombo y platillo.

El senador demócrata de Nueva York, Charles Schumer, presidente del panel de Inmigración del Senado, afirma que “tenemos mucha gente, demócratas y republicanos moderados, que dicen que no considerarían una reforma migratoria hasta que no hagamos algo en torno a la frontera”.

La nueva ley de fondos para la frontera, recién promulgada por Barack Obama, que destina 600 millones de dólares para otros 1,500 agentes y para aviones no tripulados de vigilancia, entre otros extras, “es inteligente, no es punitiva y avanza la capacidad de lograr la reforma migratoria amplia”. ¿De verdad?

La realidad es otra. La seguridad fronteriza, según la defina cada cual, avanza, mas no así la reforma migratoria.

En junio la Secretaria de Seguridad Interna (DHS), Janet Napolitano, declaró ante el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales que “en el transcurso de los pasados dieciocho meses esta administración ha dedicado más recursos –personal, tecnología e infraestructura- a la frontera del Suroeste que en ningún otro momento de la historia de Estados Unidos”.

Napolitano enumeró algunos logros: la cifra de patrulleros fronterizos se ha duplicado desde 2004, de 10,000 a más de 20,000; casi se han completado 652 millas de muro fronterizo; la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha deportado a cientos de miles (en el año fiscal 2009 deportó a 387,790 y se espera que este año fiscal supere los 400,000); se han ampliado los programas 287(g), de colaboración con policías estatales, y “Comunidades Seguras” en las cárceles; se han triplicado las auditorías contra empleadores que contratan indocumentados. Entre los años fiscales 2004 y 2009 ha habido una reducción de 53% en la cifra de detenciones en la frontera.

Esto no lo dijo Napolitano, pero sí la Oficina Federal de Investigaciones (FBI): cuatro de las ciudades con la tasa más baja de crímenes violentos están ubicadas en estados fronterizos. Son San Diego, California, El Paso –a pesar de la violencia en Ciudad Juárez-, y Austin, en Texas, y Phoenix, Arizona, donde rige la ley SB1070.

Según cifras del Centro Hispano Pew, entre 25% y 40% de los indocumentados no ingresaron sin documentos a Estados Unidos sino con visados que luego expiraron.

“Los números cuentan la historia y no mienten”, declaró Napolitano en junio.

Los números no mienten, pero muchos legisladores sí.

Dos senadores que en debates migratorios previos enfrentaron los ataques de sus copartidarios por defender sus “principios” en un tema siempre explosivo. Es cierto que Lindsey Graham y John McCain, senadores republicanos de Carolina del Sur y de Arizona, respectivamente, han “frenado” su apoyo a un proyecto de reforma migratoria amplia y han permanecido inamovibles a las solicitudes de apoyo repitiendo como papagayos el argumento de “seguridad fronteriza primero”.

Sin embargo, se habían mantenido al margen de propuestas de cambios a la Decimocuarta Enmienda de la Constitución para negar la ciudadanía estadounidense automática a hijos de indocumentados. La sección que garantiza que personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas de este país es una de las piedras angulares de la Constitución.

Graham dice que la enmienda hay que actualizarla. “Estoy revisando las leyes que existen para ver si tienen sentido hoy en día”, asegura.

Aunque parece que tiene un mensaje en inglés en Fox, y otro en español para Univisión, que reportó ayer que Graham les dijo que consideraría la enmienda sólo cuando se haya abordado el tema de los millones de indocumentados que viven entre nosotros.

McCain, por su parte, apoya “el concepto” de audiencias sobre el tema, como propone un creciente número de figuras del liderazgo republicano del Congreso.

La política es canija y más en año electoral.

Parece que McCain todavía no perdona que los latinos no hayan votado por él en 2008, cuando se enfrentó a Barack Obama por la presidencia. Que los votantes hispanos optaran por las promesas del demócrata sobre las acciones del republicano, él, que trabajó de forma bipartidista con el senador demócrata Ted Kennedy por una reforma migratoria.

Su intento de garantizar un triunfo en la primaria republicana en Arizona el 24 de este mes lo lleva a apaciguar extremistas, aunque algunos sondeos digan que aventaja a su contendiente, el ex congresista antiinmigrante J.D. Hayworth.

Graham, por su parte, quiere ayudar a su amigo y ayudarse él mismo de cara a su reelección en 2014.

Claro está, cuando 41% de los republicanos piensan que “probablemente” o “definitivamente” el presidente Obama nació en el extranjero, como asegura una encuesta de CNN/Opinion Research, ya se sabe a quiénes quieren apelar estos dos senadores, aunque de todos modos los extremistas no los quieran.

Solitos siguen cavando su propia fosa con el voto latino. Solitos les dan armas a los demócratas quienes, también en año electoral, sólo tendrán que acusar a los republicanos de antiinmigrantes y no hacer nada más.

Además, ¿no pueden reunir ni 60 votos en el Senado para avanzar un proyecto de reforma amplia, pero creen que lograrán dos terceras partes de votos en cada cámara para alterar la Decimocuarta Enmienda? ¿No pueden aprobar un proyecto de ley y quieren enmendar la Constitución?

Hace tres años, el Consejo Nacional de la Raza (NCLR) premió a Graham por trabajar en favor de la reforma migratoria. Entonces el senador habló de su primer contacto con la comunidad hispana a través de Dan Garza, guía y amigo en sus años de capitán en la Fuerza Aérea.

"A nombre de todos los Dan Garza del mundo, vamos a resolver este problema (migratorio)... no vamos a usar a la gente como chivos expiatorios... vamos a decirle a los intolerantes que se callen, y vamos a hacer lo correcto".

A ver si Graham se aplica su propio cuento.

Lo aciago de la ocasión fue que tan sólo un centenar de personas acudieron a ver la representación en un escenario que previamente había congregado a mil, siete mil y diez mil manifestantes en diferentes concentraciones a favor de la legalización de los inmigrantes indocumentados.

En el drama, una preocupada Estatua de la Libertad le reclamaba a unas reticentes autoridades de Arizona que no discriminaran a los inmigrantes latinos, mientras unos asustadizos gansos se lanzaban al agua para refrescarse en el lago incrustado en el parque.

“Creo que vinieron muy pocos porque están cansados de tanta palabrería y que no se concrete nada”, me dijo Carlos Crespo, un profesional ecuatoriano que siempre asiste a las marchas.

“La gente no es tonta y piensa que se está haciendo política con ellos y además hay temor por lo que está pasando en Arizona y el resto del país”, agregó.

Precisamente el presidente Barack Obama se pronunció contra la “demagogia” respecto al tema migratorio en una entrevista con Harry Smith, copresentador del programa matutino “Early Show” de la cadena CBS.

“No podemos permitir una colcha de retazos de 50 diferentes estados o ciudades o localidades en los que cualquiera que quiera hacerse nombre de repente diga: voy a ser antiinmigrante”, dijo el presidente, después de que la ley de Arizona comenzó a operar, con las restricciones que los funcionarios del Departamento de Justicia lograron que la jueza Susan Bolton impusiera.

En estos días, entre muchos, a quienes les cae el apotegma expresado por el presidente es a los senadores Chuck Grassley de Iowa, Thad Cochran de Misuri, Johnny Isaakson de Georgia, Saxby Chambliss de Georgia, Jim Inhofe de Oklahoma, David Vitter de Luisiana, Orrin Hatch de Utah y Jim Bunning de Kentucky.

Los legisladores decidieron inventar que un memorando de análisis interno del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) sobre posibles alivios para algunos sectores de la población inmigrante constituía una acción del ejecutivo para saltarse al Congreso y otorgar una amnistía.

Eso es demagogia irresponsable porque la realidad de lo que ha estado haciendo la actual administración en materia migratoria se refleja en las cifras de deportaciones que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) reveló la semana pasada, que indican que hasta el 22 de julio de este año había deportado a 292,663 indocumentados.

De esa cifra 142,526 supuestamente fueron criminales, entre los que cuenta a los detenidos de tercer nivel, que son los capturados por no portar una licencia de conducir, infracciones de tráfico y otras ofensas menores.

La tabla de ICE también registra a 150,137 deportados que clasifica como no criminales en 2010, y recuerda que los no criminales expulsados del país en 2009 fueron 253,491.

Con esos números, entre los que se hallan los deportados por los programas 287g y Comunidades Seguras, con la demagogia de la cual han sido víctimas, y con la ley de Arizona en marcha por el alguacil Joe Arpaio, no es extraño que los inmigrantes indocumentados se abstengan de asistir a eventos destinados a defenderlos.

Rafael Prieto Zartha es un periodista independiente radicado en Carolina del Norte que escribe sobre inmigración y otros temas relacionados con los hispanos

PHOENIX, Arizona - En la yerbería, como en varios negocios hispanos de Phoenix, no hay casi clientes. María, la encargada, dice que muchos de los que sí vienen compran el aceite o la veladora “Contra la Ley” que usualmente usan si enfrentan algún caso legal. Ahora lo emplean “para protegerse” de la SB1070 y del alguacil Joe Arpaio.

Al aceite le suman estampitas de San Judas Tadeo, de la Virgen, medallitas y amuletos de todo tipo. “Una medallita guardada en la bolsa, entre su ropa, en el carro. La gente hace de todo porque el miedo siempre está”, indica.

La jueza federal Susan Bolton bloqueó algunas de las cláusulas más onerosas de la SB1070. Para muchos eso nada cambia. Arpaio sigue aplicando el programa 287(g) y usando perfiles raciales.

“Igualmente el señor que hace redadas siempre lo ha estado haciendo, y ahora de lo enojado, lo va a seguir haciendo igual”, dice María sobre Arpaio.

Lejos del hervidero de manifestaciones en contra y a favor de la SB1070 y de Arpaio, muchos se sienten acechados.

En uno de los mercados latinos más grandes cautivan los colores y olores de platillos mexicanos, frutas y verduras. Pero más llama la atención tan poca gente.

“Hemos sentido el impacto en las ventas. Lo que más afecta a la economía es la atmósfera antiinmigrante, el racismo que se vive en Arizona”, explica el gerente.

Muchos han regresado a México, otros van a estados vecinos como Utah, Nevada y California a seguir viviendo ocultos.

Eliodoro Rangel atribuye la falta de gente al “día de operativo”.

Se refiere al decimoséptimo operativo de Arpaio el jueves. Las protestas lo retrasaron, pero duró hasta el viernes. Cuando hay operativo hay más cautela de parte de los inmigrantes.

Rangel, de Ciudad Juárez, lleva 23 años en Phoenix.

“Con o sin documentos, de todos modos afecta. La actitud de racismo que hay en Arizona es incomparable... Vas manejando y no hay razón de que se te pegue un policía detrás… Yo me siento perseguido y no me estoy poniendo como víctima. Es la vida de Arizona”, asegura.

Se queda por sus nietos, ciudadanos estadounidenses.

“Siempre he sabido que este no es mi país, pero lo quiero y ahora lo quiero más porque aquí hay sangre mía… No entiendo la posición del gobierno de Arizona. Aparentemente quieren dejar de ser estado para hacerse un país y es la única forma que se pueden limpiar de gente que no quieren”, agrega.

Para Berta “lo que nos está afectando mucho es el perfil racial. Yo sé que el Arpaio está cumpliendo con su trabajo, pero que de veras se enfocara en los criminales... pero nada más ven el colorcito de la piel y luego, luego”.

“No es como dicen que somos criminales, que nos colgamos mucho del gobierno. Habemos personas que nunca hemos pedido ayuda al gobierno para que al rato nos quieran decir ‘ustedes son hijos del gobierno’. No. Nosotros somos hijos del trabajo”, declara.

Lleva 22 años en Arizona y no ha pensado mudarse. “Estamos esperando a ver qué pasa”.

Rumbo al Capitolio estatal, donde grupos antiinmigrantes conducían un “congreso”, abundan letreros de ‘McCain 2010’. El senador republicano, ex promotor de la reforma migratoria, se ha olvidado de los “Hijos de Dios”, como llamó a los indocumentados, y ahora compite con el antiinmigrante J.D. Hayworth por su escaño y por demostrar quién es más duro en inmigración.

Sus colegas republicanos, Jon Kyl, de Arizona, y Lindsey Graham, de Carolina del Sur, ambos ex promotores de la reforma, ahora hablan de negar la ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados.

En temporada electoral los políticos siguen explotando el tema migratorio a conveniencia.

Mientras continúa el proceso legal sobre la SB1070 y se polariza todavía más el debate, los inmigrantes de Arizona tienen que seguir lidiando con Arpaio.

Ya que el gobierno federal no hace nada contra el alguacil, quizá en la yerbería haya un remedio: “Amansa Guapos”.

Olga Rodríguez, una maestra de Phoenix que anoche participaba de la vigilia que se ha conducido frente al Capitolio estatal por semanas, lo resumió así: “Esto es un alivio, pero es como ponerle una curita a una operación”.

“Aquí tiene que haber una reforma de inmigración. Ya nos tardamos con la reforma. Ha habido mucho sufrimiento, muchas muertes, mucha separación de familias”, indicó Rodríguez a America’s Voice.

“Lo de la jueza es una gran victoria, pero no es la solución a todo este problema”, agregó.

En una decisión salomónica, la jueza permitió que la ley entrara en vigencia aunque bloqueó la autoridad de la policía para cuestionar la situación migratoria de una persona en el transcurso de alguna averiguación si existe ‘sospecha razonable’ de que esa persona sea indocumentada. Bloqueó además la parte que pide que los inmigrantes lleven consigo en todo momento sus documentos; la que prohíbe a los jornaleros solicitar trabajo en lugares públicos; y la que concede a la policía básicamente la autoridad de determinar quién es deportable.

Las secciones quedan suspendidas en tanto se dilucidan las demandas en contra de la ley, en una de las cuales el gobierno federal alega que Arizona ha usurpado su autoridad de fijar y aplicar las leyes migratorias. Cuando menos alienta la opinión de la jueza Susan Bolton al decir que “preservar el statu quo mediante el interdicto preliminar es menos dañino que permitir que se apliquen leyes estatales sobre las cuales probablemente tiene preeminencia la ley federal”.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien ha colocado este asunto al centro de su campaña electoral, ya anunció que apelará el bloqueo de las cláusulas ante el Noveno Circuito de San Francisco.

Así que el asunto continúa.

Con o sin SB1070, Arpaio ha seguido desafiante y continúa con su circo mediático mostrándole a la prensa el espacio preparado en su ciudad de carpas para albergar a los indocumentados que detenga. Pese a las 2,700 demandas en su contra, todavía el Departamento de Justicia no anuncia los resultados de su investigación en torno al alguacil por manejo de perfiles raciales, entre otras cosas.

Con o sin SB1070 muchos inmigrantes permanecerán en Arizona o se trasladarán a otros estados con el mismo problema sin resolver: viviendo ocultos, a merced de otras iniciativas anti inmigrantes, y en muchos casos con familiares residentes legales o ciudadanos pagando las consecuencias del desbarajuste.

Y es que en tanto el Congreso y la administración no agarren el toro por los cuernos y avancen una reforma migratoria que aborde de manera integral todos los componentes del problema migratorio, habrán otros Arizonas y el gobierno federal seguirá viéndose obligado a defender su autoridad ante los tribunales una y otra vez. Algunos esperan, no obstante, que el caso de Arizona siente un precedente para que otros estados entiendan los límites de su autoridad.

Por ahora todo apunta a que esa autoridad federal sobre gobiernos estatales en el ámbito migratorio se le sigue reconociendo en la teoría. A ver si comienza a ejercerla de manera efectiva en la práctica. A ver si además esta situación en Arizona saca a los políticos de los cómodos escondites de donde salen cada dos o cuatro años a hacer campaña y los enfrenta con una realidad que han querido evadir por años: la necesidad de una reforma migratoria amplia para abordar el problema de fondo.

En la vigilia, Jorge González seguía anoche portando su cartel en contra de la SB1070. “Llevamos 102 días esperando y rezando. Queríamos que la jueza quitara toda la ley. No sólo partes. Es una victoria a medias. Nos ayudaría más una reforma, pero no sé si pasará, aunque la esperanza es lo último que se pierde”.

En el comunicado de prensa enviado por los grupos que organizan la manifestación, Kyle, de 15 años de edad, dice: “Muchos de nosotros hemos sufrido por demasido tiempo porque nuestros padres han sido arrestados, están en centros de detención o han sido deportados. El presidente Obama no ha cumplido su promesa. Se ha olvidado de nosotros y nos sabemos por qué”. Kyle es ciudadano al igual que su mamá. Su hermana murió en Irak hace dos años. Su papá enfrenta un proceso de deportación.

Este año se han presentado varios reportes documentando cómo el limbo migratorio de los padres afecta la vida de niños ciudadanos, particularmente cuando los padres son detenidos y eventualmente deportados.

La organización First Focus, por ejemplo, encontró que uno de los efectos es que los niños pueden terminar en manos del sistema estatal de protección infantil y una vez ese menor ingresa al sistema, los padres enfrentan grandes obstáculos para recuperar a sus hijos arriesgando "la separación permanente e innecesaria" entre padres e hijos.

First Focus y la Red Nacional de Bienestar Infantil recomendaron que se permita a los jueces de inmigración considerar el potencial daño que ejerce sobre un niño ciudadano la deportación de su madre o de su padre.

Recomendaron además que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) considere el bienestar de niños y familias en todas las actividades que conduce la agencia y que las autoridades permitan que los niños puedan permanecer con familiares en lugar de ingresarlos al sistema estatal.

Hace unos meses, el Instituto Urbano presentó otro reporte sobre el efecto de las redadas sobre hijos de inmigrantes detenidos y deportados.

El análisis “Enfrentando nuestro Futuro: los niños y las secuelas de la aplicación de leyes migratorias”, encontró que el trauma de la separación familiar genera toda una serie de secuelas: desórdenes alimenticios, insomnio, retraimiento, agresividad, problemas escolares, y carencias económicas.

“La nación construye su propio futuro invirtiendo en el futuro de los niños, gastando miles de millones de dólares anualmente en educación, cuidados médicos, previniendo el abuso infantil, y proveyendo la ayuda para suplir necesidades de vivienda o de alimentación. Sin embargo, contrario a otros niños en este país, los niños de indocumentados viven con el temor de que sus padres serán arrestados, detenidos o deportados”, dice el estudio.

“Más de la mitad de los niños en nuestro estudio lloraban con mayor frecuencia o tenían miedo, más de una tercera parte se mostraron ansiosos, retraídos, enojados, en extremo dependientes, o agresivos. Una mayoría de estos niños experimentó cuatro o más de estos cambios de conducta”, agrega.

Pero señala que no pueden determinarse las secuelas a largo plazo que todos estos cambios puedan tener en los niños.

Muchas familias afectadas optan por llevarse a los niños estadounidenses a los países de origen de los padres deportados.

El análisis pide que "el Congreso modifique las leyes actuales para tomar en cuenta las circunstancias y los intereses de todos los niños (afectados), especialmente los niños que son ciudadanos estadounidenses, durante los procesos de deportación”.

Por años, pero especialmente durante los pasados meses, estos jóvenes han demostrado que no tienen miedo. Por años el Congreso que dice escucharlos no ha hecho nada.

Son casi 10 años de espera. Los jóvenes "soñadores" se han agrupado, se han organizando en las redes sociales, algunos caminaron 1,500 millas de Miami a Washington, D.C, han frenado la deportación de compañeros, han conducido huelgas de hambre, se han reunido con asesores del presidente Barack Obama y con líderes del Senado, han recabado y entregado miles de peticiones por el DREAM Act, han realizado actos de desobediencia civil en oficinas de senadores y congresistas, y han sido arrestados arriesgando su deportación.

Muchos quieren ingresar a la universidad o al servicio militar; otros son universitarios pero su situación migratoria y económica conspira en su contra; otros se han graduado pero no pueden ejercer su profesión por la falta de documentos.

Todo movimiento tiene defensores y detractores. Unos criticarán las tácticas que emplean los jóvenes.Otros dirán que se está premiando la ilegalidad aunque los hayan traído a Estados Unidos padres o familiares. Aquí se criaron, hablan inglés, están integrados a esta sociedad, pero no tienen el documento que lo compruebe.

David, uno de los jóvenes detenidos tras actos de desobediencia civil en el Senado el martes pasado, dijo a la Agencia EFE: “Estoy cansado. Yo ya me gradué del colegio y no puedo hacer nada porque me faltan nueve números (de Seguro Social). Es lo único que me falta”.

Algunos muestran la actitud de quien no tiene nada que perder. Matías Ramos, egresado de Ciencias Políticas de la Universidad de California en Los Ángeles, tiene una orden de deportación diferida. Me dijo la semana pasada que “trato de no esperar mucho para que lo que pase me sorprenda”. Fue uno de los cuatro jóvenes que se plantaron frente a Reid el sábado.

Por años el DREAM Act ha gozado de apoyo bipartidista y no sólo en el Congreso. Un 70% de los estadounidenses lo apoya, así como 80% de los demócratas y 60% de los republicanos, según un reciente sondeo de First Focus.

Un sector argumenta que avanzar el DREAM Act le cierra las puertas a una reforma migratoria amplia. Frenar el DREAM Act tampoco ha abierto esas puertas.

Reid aboga por la reforma integral pero dice que si las organizaciones le indican que desean que se considere el DREAM Act, “entonces dilucidaré cuándo podremos mover el Dream Act… En ese caso, me gustaría hacerlo antes de las elecciones". ¿Será?

En 2007, 38 demócratas –incluyendo al entonces senador de Illinois, Barack Obama-, 12 republicanos y dos independientes votaron para avanzar el proyecto, pero se quedaron cortos de los 60 requeridos.

Ahora solamente un senador republicano, Richard Lugar, de Indiana, ha auspiciado la medida.

Y en Washington, incluso los proyectos con apoyo bipartidista son difíciles de avanzar.

Los “soñadores” no tienen miedo. Lástima que no pueda decirse lo mismo de muchos políticos en Washington.

Pero no por eso hay que bajar la guardia y dejar de votar, dijo Medina a America’s Voice. Menos ahora, agregó, “que la comunidad hispana está siendo atacada” con leyes como la SB1070 y otras iniciativas.

Del 14 al 17 de agosto, integrantes de SEIU y de otras organizaciones nacionales, locales e individuos, recorrerán nueve ciudades de California para movilizar el voto latino.

“Viajaremos en un autobús decorado con el mensaje ‘Por Nuestras Familias, Todos a Votar’. En cada ciudad quedará un grupo encargado de crear una red enfocada en movilizar votantes”, añadió.

Partirán de la fronteriza ciudad de San Diego “y pensamos visitar Riverside, Santa Ana, Los Ángeles, San Fernando, Bakersfield, Fresno, San José o Salinas, y terminar en Sacramento”.

Desde Sacramento aspiran gobernar la republicana Meg Whitman o el demócrata Jerry Brown.

Durante la primaria, Whitman esgrimió un mensaje de línea dura en inmigración, a tono con su jefe de campaña, el ex gobernador republicano Pete Wilson, promotor de la Proposición 187, medida antiinmigrante aprobada en 1994. Ahora que Whitman necesita no sólo a su base sino a independientes y demócratas, se anuncia en español y promueve su oposición a la 187 y a la SB1070 de Arizona.

La de California es una de varias contiendas donde la inmigración ha emergido como tema de movilización.

Se pide a los latinos que voten en noviembre como respuesta a la retórica antiinmigrante republicana. La pregunta es si la inacción demócrata en inmigración también los movilizará o los llevará a quedarse en casa.

En 2008, un 67% de los latinos votaron por Obama y entre los electores hispanos inmigrantes la cifra fue de 75%, sobre todo por su promesa de reforma migratoria.

Pero en vez de reforma, lo que hay es la SB1070 y un alza en la cifra de deportaciones.

Medina entiende que hay desilusión, “pero la desilusión lleva al cinismo, la gente se desanima y eso es un gran error… El único poder que tenemos es votar”.

“Hay que ver el récord de cada candidato y ustedes decidirán, pero lo importante es que salgan a votar”, agregó.

“Nuestra comunidad está siendo atacada como nunca antes. Tenemos la SB1070 y esto se está propagando por todo el país. Hay 15 estados que quieren promover leyes como la de Arizona; allí también se habla de negarle la ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados; vemos medidas antiinmigrantes en Nebraska; en Nuevo México un candidato republicano al Congreso llegó a sugerir que se colocaran minas en la frontera”, afirmó.

Los republicanos, según Medina, emplean la palabra “ilegal” como código para atacar a toda una comunidad.

César Conda, republicano ex asesor de política doméstica del vicepresidente Dick Cheney, escribió en POLITICO que la controversia por la SB1070 “agrava los ya significativos problemas del Partido Republicano con los votantes latinos” afectando las posibilidades de recuperación en Florida y estados del Oeste, y de ganar la Casa Blanca en 2012.

“El Partido Republicano tiene que encontrar a alguien que trascienda el profundo abismo entre su base conservadora y los votantes latinos que se apartan rápidamente del partido por su severa retórica y posturas en la inmigración”.

Para Medina el voto es la mejor defensa. “Tenemos que defendernos y si no participamos, ellos van a creen que la manera más efectiva es seguir atacándonos hasta que nos escondamos. Eso no puede ser. Necesitamos participar y votar”, concluyó.

WASHINGTON, D.C. – Tony Yapias, director del Proyecto Latino de Utah, ha recibido más de 1,500 llamadas desde que se reveló la lista de presuntos indocumentados en ese estado, pero 95% de las llamadas, dice, son de latinos atemorizados que no están en la lista.

“El caso que más me ha impactado es el de una mujer que tiene siete u ocho meses de embarazo y me dijo que la tensión hizo que le comenzaran las contracciones…Y ni siquiera está en la lista”, declaró Yapias a America’s Voice.

“No todos los que están en la lista lo saben y no todos son indocumentados. Hay residentes legales. Los indocumentados siempre viven en constante temor, pero ésto ha generado otro tipo de miedo”, agregó.

Según Yapias, “el debate en Utah sobre la SB1070 de Arizona ya era fuerte desde abril”. “Unos legisladores visitaron Arizona y regresaron diciendo que estaban más convencidos que nunca de que necesitábamos una ley como la SB1070. El ambiente antiinmigrante de Arizona ya había creado una atmósfera aquí en Utah de hostilidad contra los indocumentados”, señaló.

Yapias, egresado de la Universidad de Brigham Young de Utah, dirigió la Oficina de Asuntos Hispanos del estado bajo la gobernación de la republicana Olene Walker.

El activista, que es mormón, opina que la situación en Utah también coloca sobre el tapete el silencio del liderazgo de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días (Mormones) sobre el tema migratorio, mientras algunos de sus integrantes han tenido un papel central en la SB1070, en su defensa, o se han mantenido al margen.

Por ejemplo, el senador estatal republicano de Arizona, Russell Pearce, autor de la SB1070, es mormón, al igual que el representante estatal republicano de Utah, Stephen Sandstrom, quien promueve una medida similar a la SB1070 para su estado. El senador federal republicano, Orrin Hatch, mormón, quien alguna vez declaró que su corazón “es latino”, se ha mantenido a raya.

“En Utah, si quieres que algo se apruebe, tener la bendición de la iglesia es vital. En este asunto de la inmigración por mucho tiempo hemos visto que otras denominaciones y grupos religiosos se han manifestado en favor de una reforma migratoria y la excepción ha sido la Iglesia Mormona”, afirmó.

“¿Cómo es posible que una iglesia donde más del 40% de sus integrantes en todo el mundo son latinos, no quiera manifestarse en un tema como la inmigración?”, cuestionó Yapias.

Los latinos han contribuido al crecimiento de esta iglesia en Estados Unidos donde se calcula que hay más de 700 congregaciones mormonas hispanas, un alza de 90% en la pasada década.

“Muchos piensan que le estoy pidiendo a la iglesia (Mormona) que se pronuncie a favor de los inmigrantes ilegales. Pero mi objetivo es que diga si el asunto migratorio es un asunto moral. Y si lo es, cómo va a pronunciarse. En asuntos morales la iglesia se ha involucrado, pero en este tema no lo ha hecho”, agregó.

Según Yapias “es triste” que Hatch no diga nada. “Cuando el presidente Obama dio su discurso de inmigración, Hatch lo criticó diciendo que los demócratas sólo están politizando el asunto. Pero para los republicanos ésto ha sido un juego político. Ahora quieren recuperar el Congreso sea como sea y así quieren ganar votos. Él (Hatch) tiene miedo de perder las elecciones (de 2012), y como (John) McCain en Arizona, ahora sólo habla de asegurar la frontera”, indicó Yapias.

El activista reconoció que el procurador estatal de Arizona, el republicano Mark Shurtleff, también mormón, y quien aboga por una solución integral y federal al tema migratorio, “fue la primera persona en decir públicamente que es tiempo de que la Iglesia Mormona se pronuncie”.

Finalmente, declaró, se necesita una solución federal.

“La decisión tiene que darse en Washington. No hay otra opción. No podemos tener 50 leyes migratorias. Todos, republicanos y demócratas, tienen que asumir una postura en lugar de no hacer nada”, concluyó.

La batalla legal a favor y en contra de la implementación de la SB1070 el 29 de julio entra esta semana en una fase clave al escucharse la demanda del Departamento de Justicia federal contra Arizona argumentando que le están usurpando la autoridad de aplicar las leyes migratorias. Arpaio anunció otro operativo para el 29 de julio.

Esto prevalece: Arpaio, la ley de Arizona, Utah, medidas antiinmigrantes en Nebraska y otros estados, intentos de ‘clonar’ la SB1070, 'vigilantes', reportes de ataques de tinte racial, y en general, un clima que da nuevos bríos a quienes sin SB1070 ya culpaban a los inmigrantes de todos los males del país. Los políticos, por su parte, derrochan retórica electorera que nada compone.

¿Y el gobierno federal? Apagando incendios sin que se vislumbre una solución integral de parte del Congreso que ahora tiene asuntos "más importantes" que atender como asegurar la reelección o la elección, y culparse mutuamente por la inacción legislativa.

Condenar lo sucedido o lo que puede suceder, y repetir lo que debería hacerse, según cada bando, no resuelve nada legislativa o administrativamente.

Aunque el gobierno federal dice que no puede haber un mosaico de leyes migratorias estatales, su inacción genera un mosaico de situaciones desafortunadas que no apelan a la sensatez sino a los peores prejuicios.

No sólo lo dicen grupos pro inmigrantes.

El procurador estatal de Utah, Mark Shurtleff, republicano, afirma que aunque muchos se refieren a la lista de Utah como la “lista negra”, “en realidad es una lista de eliminación”. “Así no se hacen las cosas en Utah”.

Shurtleff asegura que no intervendrá en la demanda federal contra Arizona, aunque otros republicanos de Utah abogan por una medida similar a la SB1070. Ya son nueve los procuradores estatales –todos republicanos-, que han intervenido en favor de la SB1070.

Según Shurtleff, el tema migratorio no debe resolverse “propagando odio, con retórica política, amenazas o racismo” sino con una “solución integral”.

Una solución integral sin la cual muchos disfrazan sus agendas bajo el escudo de la seguridad.

Arpaio, por ejemplo, detiene a un puñado de indocumentados, pero ya son más de 40,000 las órdenes de arresto por delitos graves que no ha atendido, según un análisis del Fondo Educativo de America’s Voice que identifica 21 ejemplos de los excesos del alguacil, incluyendo el uso de perfiles raciales y las 2,700 demandas que pesan en su contra.

En la guerra de la percepción contra la realidad, Arpaio y sus clones, sin embargo, dan la impresión de 'estar tomando cartas en el asunto'. Y el gobierno federal de no hacer nada. En este caso, ni parece tratar de apagar el fuego pues lleva dos años investigando al alguacil y nada. Hasta Arpaio los reta a que lo acusen si pueden.

El gobierno federal intenta apagar el incendio de la SB1070, pero éste amenaza con propagarse.

¿Cuántos más habrá que apagar antes de que los magos de la percepción, nuestros insignes políticos en Washington, actúen?

What does Arizona law SB 1070 have to do with the lettuce crop in Yuma? At first glance, not a lot. But when the harvest season for lettuce and other vegetables comes around in November, that could change.

If SB 1070 is implemented, many farmworkers without legal immigration status—or with it—could decide not to go to Arizona out of fear, causing growers to face a shortage of field hands. This, in turn, would affect the amount of vegetables that can be harvested, and ultimately their prices to consumers.

“This could have a tremendous impact on all the fruits and vegetables that are normally harvested in Arizona from November through February. This is the area and season where more vegetables are grown than anywhere else in the United States. It’s important that we have enough workers to do the work,” United Farm Workers (UFW) president Arturo Rodríguez told America’s Voice.

Last week, Rodríguez appeared on the satirical news program The Colbert Report to promote the “Take Our Jobs” campaign, which challenges anyone who thinks undocumented immigrant farmworkers are taking jobs from Americans to sign up to work the fields themselves. The campaign promotes the AgJOBS bill to legalize farmworkers.

More than 60% of the 2.5 million agricultural workers in the United States are undocumented.

“Five thousand people have shown interest in getting information, but only three are currently working in the fields. The rest, once they found out about the working conditions, decided not to do it,” Rodriguez said.

“One man sent us an email saying: ‘I want a guarantee that I will be paid $1200 a week.’ That’s impossible. No one makes that much working in the fields,” he added.

Senator John McCain (R-AZ) sparked a controversy a few years ago when he said that he would pay $50 an hour to anyone who went to pick lettuce in Yuma, explaining, “I don’t need to tell you that these are jobs that Americans don’t want to do.”

What a change the years make. McCain, who once backed comprehensive immigration reform, now defends SB 1070 and joined his colleague Senator Jon Kyl (R-AZ) in attacking the lawsuit the federal government has filed against Arizona.

McCain and Kyl claim that Arizona is taking up the issue because the federal government has not taken action—but they fail to mention that both of them are part of the aforementioned inactive federal government.

Their politicking and pandering doesn’t change the fact that growers need hands in the fields, and may not be able to find them.

Rodríguez says that a constant labor supply is needed to guarantee that the food supply remains constant, and that consumers aren’t stuck with high prices. Consider, too, that farmworkers—documented or otherwise—have one of the most difficult, worst-paying and least-protected jobs in the country.

Complicating the picture further, the New York Times reported recently that the Obama Administration is using Immigration and Customs Enforcement (ICE) audits to conduct “silent raids.” Employees with discrepancies between their names and Social Security numbers are fired.

The Times cites the case of Gebber Farms in Washington State, which laid off more than 500 employees in December. “After the firings, Gebbers Farms advertised hundreds of jobs for orchard workers. But there were few takers in the state,” the Times wrote.

Gebbers solicited 1,200 seasonal farmworkers, some of them from Jamaica, through the H2A visa program—a program many employers have criticized as being slow, complicated and filled with bureaucratic red tape.

Without comprehensive immigration reform or AgJOBS, and with SB 1070, ‘silent raids,’ a dysfunctional H2A program and politics as usual, this vicious cycle will continue to entrap us, without solutions.

After his primary campaign and the November elections—if he is reelected—what will McCain say about the lettuce crop in Yuma?

Noventa minutos de duración, igual a un partido de fútbol, es el tiempo en que se extiende el video de instrucción sobre la ley SB 1070 que produjo la Junta de Estándares y Entrenamiento de Oficiales de Paz de Arizona (AZPOST) como muestra de buenas intenciones de que la controvertida normativa se aplicará con “integridad, competencia y profesionalismo”.

En estos días de inclemente verano cumplí con la tarea pendiente de observar el video detenidamente y sacar conclusiones.

Para comparar notas y entender mejor el tema, repasé el texto de la ley en español que preparó el semanario La Voz de Arizona y que está disponible en su sitio de Internet www.lavozarizona.com.

La traducción de la legislación está complementada con un análisis de la normativa realizado en forma de preguntas y respuestas con el académico en leyes de la Universidad de Arizona Gabriel "Jack" Chin.

Respecto al video, que fue ordenado por la gobernadora Jan Brewer, es innegable que está muy bien producido y la fotografía es bonita.

El contenido del audiovisual está dividido en cinco secciones: introducción, perfil racial, la ley, estatutos y documentos federales, y conclusión.

La mayor parte del video está dedicado a las responsabilidades que los oficiales asumen bajo la nueva ley, los nuevos delitos creados por la normativa, el manejo que le dan los oficiales federales a las situaciones que confrontan y los documentos que tienen que examinar para determinar si alguien es “ilegal”.

Acerca de las contradicciones en que incurren los especialistas que intervienen en el audiovisual, el comediante Jon Stewart hizo una sátira punzante con una conclusión palmaria en su programa de humor “The Daily Show”.

Stewart presta atención especial a la presencia imponente de la abogada Beverly Ginn y del oficial de correccionales Jesús Rentería, quienes con sus apariciones dejan una marca imborrable en los televidentes.

En medio de los constantes pedidos a los oficiales para que eviten meter la pata, el video presenta los factores para dilucidar la “sospecha razonable” de que un individuo es indocumentado antes de su arresto.

Entre las perlas se encuentran la vestimenta, la dificultad de hablar inglés y transportarse en un vehículo repleto de compadres.

Brian Livingston de la Asociación de Policías de Arizona (APA), expresa en la conclusión del audiovisual que no pretende indicarle a los oficiales de Arizona qué hacer porque ellos han trabajado “exitosamente desde que el estado es estado”.

Yo difiero de la apreciación del oficial Livingston, dado que los hispanos sí han experimentado cómo algunos profesionales de la ley de Arizona han aplicado localmente las leyes de inmigración con resultados que podrían calificarse de lastimosos.

Ahí están las 2 mil 700 demandas que se presentaron entre 2004 y 2007 contra el alguacil del Condado de Maricopa, Joe Arpaio, sin que el 'sheriff más duro del Oeste' cambiara de actitud o las investigaciones federales le hicieran siquiera cosquillas.

Por las calles de Phoenix desfilaron para escarnio público los inmigrantes hispanos encadenados luciendo indumentaria rayada, violando los cánones de respeto a los derechos humanos.

A los indocumentados detenidos, que aloja en su cárcel de carpas, los humilla vistiéndolos con ropa interior rosada.

La comunidad inmigrante radicada en la capital de Arizona y sus alrededores han vivido sus redadas indiscriminadas y el terror que provoca la amenaza de ingresar a sus vecindarios.

Los hispanos ya conocen qué es la 1070 y cómo se administra. Al fin y al cabo, el senador estatal Russell Pearce, autor de la ley, fue subordinado de Arpaio.

Rafael Prieto Zartha es un periodista independiente radicado en Carolina del Norte. Sus opiniones no reflejan las de America's Voice o America's Voice en Español 

WASHINGTON, D.C. -- Un nuevo análisis de opinión demuestra que la atmósfera negativa generada por la ley SB1070 de Arizona, sumada a otros factores, ha hecho que el tema de la inmigración pase a ser central para los hispanos en Estados Unidos. La encuesta de la Federación Hispana y de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), encontró que la inmigración está estadísticamente empatada con el tema de la economía y los trabajos, 24% y 25%, respectivamente, como asunto más importante para los latinos. En diciembre de 2009, la economía y los trabajos superaban en importancia al tema migratorio 33% sobre 17%.

Arturo Vargas, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO), quien participó de la teleconferencia en la cual se anunció el sondeo, pronosticó que más de 6.5 millones de latinos votarían en las elecciones de medio tiempo en noviembre de este año, un millón más que en 2006, y que el tono negativo del debate migratorio sería potencial detonante del alza en la participación electoral.

NALEO, que revela el próximo martes su propio sondeo sobre actitudes hispanas y el voto, declaró que tanto el sondeo de LULAC y la Federación Hispana como el que dará a conocer NALEO “demuestran un cambio en las actitudes latinas, y la inmigración se ha convertido en el tema número uno…Nunca antes habíamos visto eso”, afirmó Vargas refiriéndose a que el tema migratorio siempre quedaba rezagado ante asuntos como la economía, los trabajos y la educación.

Vargas dijo que sin duda estas actitudes pueden influenciar la participación de latinos en las elecciones de medio tiempo en noviembre. Aunque basado en las tendencias pasadas NALEO calcula que 6.5 millones de latinos acudirán a las urnas, “la participación podría ser mucho mayor y los latinos tendrán un impacto sobre elecciones estatales en las cuales los candidatos están empleando el tema de la inmigración”, agregó.

En las últimas elecciones de medio tiempo en 2006 participaron 5.5 millones de latinos.

“Esta no es una elección de medio tiempo ordinaria y los votantes están más motivados y pendientes a cuáles son las posturas de los candidatos”, añadió.

Uno de los encuestadores que condujo el sondeo, Carlos Santiago, de la firma LatinoMetrics, consideró que el efecto y el enojo de los votantes latinos se sentirán no sólo en las elecciones de medio tiempo sino que tendrá un efecto a largo plazo similar a la Proposición 187 en California sobre candidatos y partidos.

Se refiere a la iniciativa antiinmigrante aprobada por los electores de California en 1994 e impulsada por el entonces gobernador republicano de ese estado, Pete Wilson. Desde entonces el Partido Republicano no se ha recuperado entre los electores hispanos de California.

Según la encuesta, cuatro de cada 10 votantes latinos aseguraron que “no perdonarán” a un político o partido político que no trabaje duro para lograr una reforma migratoria con una vía a la ciudadanía. Nueve de cada 10 latinos dicen que la reforma migratoria es importante y de esos, dos terceras parte afirman querer acción legislativa ahora en ese frente.

“El hecho de que la reforma migratoria tenga ahora una mayor prioridad entre los latinos que la economía y la educación demuestra que los hispanos están ofendidos con la forma en que los inmigrantes han sido satanizados por políticos y grupos de presión y están preparados para votar tomando eso en cuenta”, concluyó Brent Wilkes, director ejecutivo de LULAC.

Ocho de cada diez latinos rechazan la SB1070 de Arizona. Para muchos el temor los ha llevado a cambiar su estilo de vida, dice el sondeo, y uno de cada cinco dijo que no reportaría delitos mayores a la policía si en su estado se implementaran leyes similares.

“Es raro encontrar un grupo tan diverso como los latinos unidos e impulsados por un asunto como lo ha conseguido el debate por la política migratoria”, dijeron los encuestadores Carlos García y Carlos Santiago.

Agregaron que el sondeo demuestra que “independientemente de su país de origen, afiliación política, idioma o ingresos, los hispanos a través de Estados Unidos están unidos por una causa común y están muy preocupados por la creciente ola de racismo. La comunidad rechaza abrumadoramente la SB1070 y apoya candidatos que trabajarán duro por la aprobación en 2010 de una reforma migratoria con vía de ciudadanía”.

Si la SB1070 se implementa, muchos trabajadores agrícolas sin documentos, o con ellos, por temor, optarían por no ir a Arizona cuando los agricultores enfrentan escasez de mano de obra en el campo. Se afectaría la cosecha, y finalmente se reflejaría en los precios al consumidor.

“Esto puede tener un impacto tremendo en todos los vegetales y las frutas que normalmente se pizcan en Arizona de noviembre a febrero. Es la zona donde más vegetales se cosechan, en esa temporada, en cualquier parte de Estados Unidos. Es importante que tengamos la cantidad necesaria de trabajadores para hacer la labor”, declaró a America’s Voice el presidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), Arturo Rodríguez. 

El líder sindical apareció la semana pasada en el programa de sátira política Colbert Nation para promover la campaña “Tomen Nuestros Empleos”, que reta a registrarse y trabajar en los cultivos a quienes creen que los indocumentados que laboran los campos le quitan trabajos a los estadounidenses. La iniciativa promueve la medida AgJOBS para legalizar trabajadores agrícolas.

Más de 60% de los 2.5 millones de trabajadores agrícolas en Estados Unidos son indocumentados.

“Cinco mil personas han mostrado interés en obtener información,  pero sólo tres están trabajando en el campo. Los demás, cuando supieron las condiciones de trabajo, decidieron no hacerlo”, agregó.

“Un señor nos mandó un correo electrónico diciendo: ‘Quiero asegurarme de que voy a ganar 1,200 dólares a la semana’. Es imposible. Nadie gana eso trabajando en el campo”, afirmó.

Hace unos años el senador republicano de Arizona, John McCain, causó revuelo al declarar que le pagaría 50 dólares la hora a quienes fueran a pizcar lechugas en Yuma, y afirmar que “no necesito decir que hay trabajos que los estadounidenses no quieren hacer”.

Desde entonces muchas cosas han cambiado. McCain, quien alguna vez abogó por la reforma migratoria, ahora defiende la SB1070 y criticó, junto al también senador republicano de Arizona, Jon Kyl, la demanda del gobierno federal contra Arizona.

McCain y Kyl aseguran que Arizona está haciendo lo que el gobierno federal no ha hecho, aunque no dicen que ambos son parte del gobierno federal que no ha hecho nada.

La politiquería no cambia como tampoco cambia la realidad de que los agricultores necesitan mano de obra y no parecen encontrarla.

Se requiere, dijo Rodríguez, una mano de obra constante para garantizar que el suministro de alimentos no se interrumpa y que el consumidor no termine pagando altos precios. Y la situación va más allá considerando que estos trabajadores, aunque tengan documentos,  realizan una de las tareas más difíciles, menos remuneradas, y con escasas protecciones.

Al cuadro complicado se suman las ‘redadas silenciosas’ sobre la cuales reportó The New York Times, consistentes en auditorías del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) a empresas con discrepancias entre nombres y números de Seguro Social de sus empleados. Quienes no aclaren la discrepancia, son despedidos.

El diario cita el caso de Gebber Farms, en el estado de Washington, que en diciembre despidió a más de 500 empleados. “Tras los despidos, Gebbers Farms anunció cientos de trabajos para la recogida en los huertos de árboles frutales, pero hubo pocos solicitantes en el estado”.

Gebbers peticionó 1,200 trabajadores temporales, algunos de Jamaica, mediante el programa H2A que muchos empleadores critican por tardío, complicado y burocrático. 

Sin reforma migratoria o AgJOBS, y con la SB1070, las ‘redadas silenciosas’, un H2A problemático y la politiquería de siempre, seguiremos en el mismo círculo vicioso de falta de soluciones.

Pasadas su primaria y las elecciones de noviembre, y si resulta reelecto, ¿qué dirá McCain de las lechugas de Yuma?

Maribel Hastings es Asesora Ejecutiva y Analista de America's Voice

WASHINGTON, D.C. - Jorge Ramos dice que mientras el presidente Barack Obama no cumpla su promesa de promulgar una reforma migratoria amplia, seguirá recordándoselo a cada oportunidad.

El periodista, escritor y presentador del Noticiero Univisión declaró a America's Voice que hay “desilusión, frustración y desesperanza” entre los latinos porque Obama “rompió su promesa”. Y aunque la falta de acción legislativa “es culpa de todos”, de demócratas y republicanos, afirmó, los demócratas arriesgan más con el voto latino.

“Los votantes esperaban, del presidente y del partido que controla todavía ambas cámaras, que hicieran algo sobre inmigración. Por eso votaron por ellos. Así que mi sospecha es que el partido que más va a sufrir va a ser el Partido Demócrata, y el porcentaje (de latinos) votando por el Partido Demócrata va a bajar. Nadie forzó a Barack Obama para que hiciera esa promesa”, señaló.

Ramos acaba de lanzar la versión en inglés de su libro ‘Tierra de Todos’ bajo el título ‘A Country for All: An Immigrant Manifesto’, que presenta las contribuciones de los inmigrantes, y con cifras y datos explica por qué la reforma migratoria es necesaria para Estados Unidos. La versión en español se presentó el año pasado.

En el año transcurrido han pasado muchas cosas menos la ansiada reforma. Han aumentado las deportaciones y Arizona promulgó la ley antiinmigrante SB1070 que ahora el Departamento de Justicia intenta frenar.

"Esperábamos sacar el libro durante el debate de la reforma migratoria, pero en lugar de reforma lo que tenemos es la SB1070 y pensé que era el momento correcto para presentarlo”, explicó.

El mes pasado Obama reiteró en un discurso su compromiso con la reforma migratoria aunque esta vez no fijó fechas de acción. Días después, el Departamento de Justicia demandó a Arizona por la SB1070 e interpuso un recurso para evitar que la ley entre en vigor el 29 de julio.

Según Ramos, son pasos bienvenidos pero los latinos quieren soluciones amplias.

“El haber nominado a Sonia Sotomayor (al Supremo) no es suficiente. Y el haber demandado a Arizona no es suficiente. Hay que hacer algo sobre los once millones de indocumentados. Fue un gran discurso, pero ya estamos cansados de discursos. Hay que ir más allá de las palabras”, dijo.

Ramos opinó que Obama pudo aprovechar el discurso para anunciar medidas concretas, pero no lo hizo: frenar las deportaciones de estudiantes y de padres de ciudadanos estadounidenses, impulsar la DREAM Act, convocar una cumbre bipartidista sobre inmigración, o presentar su propia propuesta migratoria. “Fue un gran discurso, pero faltan grandes acciones”, sostuvo.

“Barack Obama rompió su promesa y ya llevamos dieciocho meses dentro de su administración y no hay nada concreto y entonces hay muchísima desilusión entre los latinos con el presidente, mucha frustración y desesperanza porque está claro que antes de noviembre no va a pasar nada, y no sabemos qué pasará después de las elecciones de noviembre, cómo va a quedar el balance dentro del Congreso”, agregó.

Ramos citó la reciente encuesta de Gallup que demostró un descenso de 12% en el apoyo a Obama entre los latinos, de 69% en enero a 57% en mayo, y entre los entrevistados en español, se registró un descenso de 21% en el índice de apoyo al presidente.

Sobre los responsables del estancamiento de la reforma, dijo: “Creo que la culpa es tanto del presidente como de los demócratas y los republicanos. La culpa es de todos”.

De los demócratas, “porque no se atrevieron a tomar la decisión cuando había 60 votos (en el Senado) y entiendo que estamos en la mitad de dos guerras y en medio de una crisis económica, pero si Barack Obama prometió hacerlo en su primer año, debió haber cumplido cuando tenía los votos”, indicó.

“Pero también es cierto que no tiene ningún apoyo de los republicanos. ¿Dónde están los republicanos que votaron por una reforma migratoria hace tres años? ¿Dónde está Lindsey Graham? ¿Dónde está John McCain, quien me dijo en entrevista en 2008 que apoyaba una vía a la ciudadanía y se refirió a los indocumentados como ‘Hijos de Dios’? Así que yo creo que la culpa, desafortunadamente, es de todos”.

De los republicanos declaró que “más vale que hagan las paces con los hispanos en el tema migratorio”. “Si no hacen las paces con el tema migratorio, en el futuro los republicanos van a perder elección tras elección. Sin los hispanos, los republicanos no van a poder regresar a la Casa Blanca”, añadió.

Ramos afirmó que seguirá recordándole a Obama “por todos lados” que no ha cumplido su promesa de campaña.

La ironía, afirmó, es que Obama “rompió su promesa, pero al mismo tiempo es el mejor aliado que tenemos todavía”. “Y claro, se lo voy a seguir recordando cada vez”, aseguró.

Lo hizo personalmente hace poco.

“Durante la visita de Estado del presidente de México, Felipe Calderón, en la fila para saludar a los mandatarios, conversé muy brevemente con el presidente Obama y me dijo, y no estoy citando palabras textuales, ‘¿Cuántas veces tengo que decir que estoy a favor de una reforma migratoria?’ Y le dije: Todas las que sean necesarias”.

Ante la falta de una reforma migratoria amplia, se intensifica la presión para que el Congreso considere medidas individuales que legalicen cuando menos a un sector de la población indocumentada del país. Una de ellas es la DREAM Act y otra es AgJOBS, que legalizaría a trabajadores agrícolas.

La medida DREAM Act, presentada originalmente hace casi una década, se sometió una vez más en la presente sesión del Congreso. El proyecto concede una vía de legalización para jóvenes indocumentados menores de 35 años de edad que hayan arribado a Estados Unidos antes de los 16 años, que hayan vivido en este país por cuando menos cinco años, y que hayan completado la secundaria (o su equivalente, GED). Dicha residencia es condicional por seis años hasta tanto completen cuando menos dos años de universidad o se enlisten en el servicio militar.

Anualmente se gradúan 65,000 jóvenes indocumentados de las secundarias del país.

El nuevo reporte de MPI,  ‘DREAM vs. Reality: An Analysis of Potential DREAM Act Beneficiaries’, analiza los retos que pueden enfrentar muchos de estos jóvenes para finalmente conseguir la residencia aunque llenen los requisitos. Por ejemplo, 489,000 de los inmigrantes entre 18 y 34 años de edad que llenan los requisitos de edad y residencia, no tienen diploma de escuela secundaria.

Margie McHugh, coautora del análisis, indicó que otras barreras son costearse la matrícula universitaria o compaginar sus estudios con responsabilidades de trabajo o familiares.

Sin embargo, McHugh declaró en un comunicado, que "las inversiones (que los jóvenes) tendrían que hacer en su educación o servicio militar en la ruta a la ciudadanía garantizarán que se integren de manera óptima a la sociedad estadounidense y que contribuyan a la fuerza laboral estadounidense con importantes destrezas y entrenamiento".

Según el análisis, si la DREAM Act se promulga, un total de 726,000 jóvenes indocumentados llenarían automáticamente los requisitos contemplados por la medida en cuanto a edad, tiempo de vivir en Estados Unidos y la edad que tenían al arribar.  Asimismo, 934,000 jóvenes menores de 18 años de edad serían elegibles para la DREAM Act en el futuro si completan la secundaria o GED.

El documento explica además que tres cuartas partes de los potenciales beneficiarios de la DREAM Act viven en 10 estados: California (553,000); Texas (258,000);  Florida (192,000);  New York (146,000); Arizona, (114,000);  Illinois (95,000); New Jersey (90,000); Georgia (74,000); Carolina del Norte (51,000); y Colorado (46,000).

Agrega además que la medida beneficiaría potencialmente a uno de cada 10 hispanos menores de 35 años de edad en estados que se han convertido en nuevos destinos para los hispanos, como por ejemplo, Maryland, Georgia, y Nevada, entre otros.

Por más de dos meses, grupos pro inmigrantes y de derechos civiles solicitaron que el gobierno federal impugnara la ley SB1070 y aunque el argumento central de la demanda es que la autoridad federal supera a la estatal en el establecimiento y la aplicación de la política migratoria, el propio presidente Barack Obama dijo la semana pasada que la ley tiene el potencial de afectar incluso a ciudadanos y residentes legales por el color de su piel o por su acento.

Así que tras meses de aguardar por acciones concretas en el frente migratorio, la demanda federal supone una buena noticia. También es significativo que mantiene el tema migratorio sobre la mesa. Aunque es año electoral y la politiquería suele nublar a la razón, cuando de inmigración se trata, está más que probado que durante o fuera de año electoral es un tema complicado que no debe seguir relegándose por el potencial de que surjan situaciones como la de ahora.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y los políticos republicanos que apoyan la SB1070, argumentan que la ley responde a la inacción federal de resolver el problema migratorio. Pero algunos de esos políticos, como es el caso de los senadores Jon Kyl y John McCain, han obstaculizado el avance de un plan de reforma migratoria que alguna vez apoyaron y defendieron como necesario para encarar ese problema migratorio. No hay nada como una campaña electoral para lograr que los políticos ajusten sus posturas a lo que creen puede reelegirlos.

Y no hay nada como años electorales para formular promesas como la que hizo el presidente Barack Obama de promulgar una reforma migratoria que no se concretó.

Pero ahora la administración encara uno de los resultados de la falta de esa reforma migratoria, que es la ley de Arizona.

Algunos dirán que sólo está actuando para demostrarle a los votantes hispanos, muchos de los cuales lo apoyaron en 2008 precisamente por su promesa de reforma migratoria, que su gobierno está de su lado; que los demócratas están de su lado. Los republicanos echarán mano de la acción para atizar a su base y con ello apartar todavía más a los votantes latinos; y ya se verá si todos los desarrollos movilizan a los votantes latinos en favor de los demócratas.

Con todo, es una acción. Una acción que puede prevenir la implementación de una ley mal concebida con su potencial de oficializar los perfiles raciales, y una acción que debería dar paso a un debate racional sobre el problema de fondo.

Después de todo, como lo han demostrado diversas encuestas, incluyendo las comisionadas por America’s Voice, el mismo público que apoya la ley de Arizona y que lo hace por su frustración ante la falta de una solución, también apoya una reforma migratoria amplia. Ese mismo público cree que se requiere una solución nacional.

Aunque parezca contradictorio, no lo es.

Con la presentación de la demanda contra Arizona se abre otro capítulo del debate migratorio, uno que mantiene la discusión viva y que ojalá resulte en soluciones sensatas.

El viernes los medios reportaron sobre un video de entrenamiento que especifica, "que la ‘raza’ y el ‘grupo étnico’ no podrán ser utilizados como base para determinar que existe la sospecha de que una persona se encuentra de manera ilegal en el país" y que "la situación migratoria de una persona será cuestionada solamente después que haya sido detenida de forma legal por cometer una infracción de tránsito o un delito".

Del dicho al hecho hay mucho trecho y en Arizona el trecho andado por los perfiles raciales ha sido bastante largo. En el condado de Maricopa reina el alguacil Joe Arpaio y su implementación del programa 287(g) para detectar y deportar indocumentados no ha sido precisamente modelo de derechos civiles.

El mes pasado, en una audiencia especial ante el Congreso, se describieron situaciones que van desde quejas de un banco de sangre que se habría negado a aceptar donaciones de latinos, hasta hispanas víctimas de violencia doméstica que por temor a ser reportadas a las autoridades migratorias viajan de Arizona a albergues en California para buscar ayuda.

La administración Obama, claro está, camina una línea muy fina considerando el apoyo que tiene la SB1070, y el avispero que sin la intervención del gobierno ya está alborotado, sobre todo entre quienes creen que la ley y sus copias son la solución al problema migratorio.

Como nos dijo un hispano durante la marcha contra la SB1070 en Phoenix en mayo pasado, "no todo lo que sea aprobado por la mayoría es justo".

En su discurso migratorio del jueves, el presidente Barack Obama pareció secundar esta observación al hablar de cómo la falta de una reforma migratoria ha supuesto que estados como Arizona traten de implementar sus propias políticas migratorias.

"Dado los niveles de frustración a través del país, es entendible. Pero también es mal concebido", afirmó Obama. Habló del potencial de que "ciudadanos y residentes legales sean sujetos a detención o interrogatorios por cómo lucen o cómo hablan".

Aludió además a cómo "leyes como la de Arizona ejercen presión sobre las agencias policiales locales encargadas de aplicar reglas que a fin de cuentas no se pueden aplicar".

"Dificulta que la gente que está aquí ilegalmente reporte crímenes, generando una división entre las comunidades y la policía, haciendo que nuestras calles sean más peligrosas, y la labor de los policías más difícil", dijo.

"La inmigración es una responsabilidad federal y el gobierno federal tiene que reafirmar su liderazgo sobre este asunto previniendo la propagación de leyes estatales y locales mal concebidas…,y aprobando una reforma migratoria", declaró el jefe de policía de San Francisco, George Gascón.

Ojalá y así sea en ambos frentes.

Pasado el discurso con su afirmación inequívoca de que la reforma migratoria es necesaria por razones económicas, de seguridad y humanitarias, los convencidos ya lo están; la oposición recalcitrante no se moverá de su postura, y ahora se trata de convencer a ese centro político cuyos votos podrían permitir el eventual avance de un plan legislativo integral en el Congreso, o a corto plazo dar luz verde a algunas medidas individuales que provean alivio a un sector de indocumentados y allanen el camino para la solución integral.

El discurso, el primero dedicado enteramente al tema de la reforma migratoria, fue una recopilación de todos los argumentos que ya se han esgrimido en favor de esa reforma. Pero los discursos en sí mismos no suelen obrar milagros. Deben ir acompañados de acciones.

La acción legislativa en el frente migratorio siempre ha sido y será difícil. Un partido siempre culpa al otro por la inacción. Obama lo resumió así: “estoy listo para avanzar, la mayoría de los demócratas está lista para avanzar, y me parece que una mayoría de los estadounidenses está lista para avanzar, pero la realidad es que sin apoyo bipartidista no podemos resolver este problema”.

Es cierto. Pero desafortunadamente ese mismo argumento es el que por años ha impedido el avance de cualquier solución migratoria. Y en temporada electoral, como la actual, suele usarse con mayor frecuencia.

Según Obama, “la reforma (migratoria) ha sido tomada como rehén de las posturas políticas, de los conflictos de los intereses creados y del sentimiento prevaleciente en Washington de que abordar un asunto tan espinoso y emocional es inherentemente negativo desde el punto de vista político”.

Ciertamente, esto aplica a los dos partidos, aunque obviamente un sector republicano ha pasado al ser el rostro de la intolerancia dejando que los extremistas dominen el discurso político en el tema migratorio.

Pero más allá de señalar a los republicanos y decir que los demócratas están listos para avanzar, tanto el presidente como la mayoría demócrata del Congreso deben evidenciar con hechos tangibles su apoyo a esa reforma.

Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice, indicó que “el discurso del presidente fue excelente...Es muy importante. El problema es que necesitamos acciones más que palabras. Pero no sé si vamos a tener el impulso que necesitamos en este momento para una reforma migratoria integral. Tal vez para el año que viene, ojalá que sí”.

Sharry afirmó que Obama “puso a los republicanos a la defensiva, y merecen estar a la defensiva porque están bloqueando la reforma”. Pero a corto plazo, agregó, el presidente tiene en sus manos la autoridad de tomar acciones administrativas para cambiar las prioridades a la hora de aplicar las leyes migratorias; su administración puede impugnar la ley SB1070 de Arizona, y el Congreso puede aprobar medidas como DREAM Act y AgJOBS para legalizar a jóvenes y a trabajadores agrícolas indocumentados.

Citando a Obama, ¿habrá la valentía y la voluntad política para hacerlo?

Ahí está el detalle.

Mire aquí algunas reacciones al discurso del presidente Obama:

El discurso se produce en momentos en que el debate migratorio tomó un giro especialmente agrio, primero porque la administración que prometió una reforma migratoria amplia lo que hizo fue recrudecer programas de aplicación de leyes y aumentar las deportaciones. Luego, algunos aprovecharon la falta de acción legislativa a nivel federal y la frustración de la población para tratar de aplicar a nivel estatal las leyes migratorias que le competen al gobierno federal. El resultado en Arizona es la ley SB1070.

Bill Burton, vocero de la Casa Blanca, declaró hoy que “no anticipa” que el presidente fije al Congreso un marco de tiempo para actuar en el tema de la reforma migratoria, pero que ante todos los desarrollos que se han producido, “él (Obama) pensó que era una buena oportunidad para hablarle francamente al pueblo estadounidense sobre sus puntos de vista sobre inmigración”.

Sobre por qué el discurso ahora cuando incluso algunos líderes han indicado que es improbable que pueda avanzarse una reforma amplia a corto plazo, Burton declaró que “es un asunto importante y el presidente piensa que ahora, dado el enfoque que hay sobre el asunto, es importante que deje en claro exactamente cuáles son sus posturas”.

En días atrás, la firma Gallup reportó que entre enero y mayo de este año hubo una reducción de 12% en el nivel de apoyo de los hispanos a Obama, de 69% a 57%. Entre los latinos que fueron entrevistados en español, el descenso en el apoyo a Obama fue mayor: 21% entre enero y mayo. Y Gallup señala que “dos de los principales descensos este año en la aprobación de Obama entre los hispanos coincidieron con dos instancias en las cuales el presidente fue criticado por no hacer suficiente en promover la reforma migratoria en el Congreso”.

Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice, declaró que aunque el discurso del presidente es importante, es sabido que la ventana de oportunidad para lograr acción legislativa a corto plazo sobre una reforma migratoria amplia se está cerrando.

El discurso puede responder, agregó, a dos razones: dejar en claro con la comunidad su apoyo a esa reforma “y porque está preparando acción legal contra la ley antiinmigrante de Arizona”.

“Es importante (el discurso), pero no va a resolver lo que queremos, que es una reforma migratoria para once millones de personas”, afirmó.

El argumento central de los demócratas para que no avance esa reforma es que el apoyo republicano ha sido nulo. Sin embargo, también hay oposición de algunos demócratas y es por eso que, en efecto, requieren de apoyo republicano para avanzar.

Según Sharry, en tanto se allana el camino para lograr esa reforma amplia, la administración Obama y el Congreso deberían centrarse en tres objetivos inmediatos:

1. Cambios en las prioridades en la forma en que se aplican las leyes para que no deporten, por ejemplo, a estudiantes o padres de familia con hijos ciudadanos de este país y que verdaderamente se centren en expulsar a ‘lo peor de lo peor’. (El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), de hecho, circuló un memorando indicando que la prioridad número uno deben ser los extranjeros que supongan un peligro para la seguridad nacional o la seguridad pública).

2. Aprobar la DREAM Act, que legalizaría a jóvenes indocumentados que cursen estudios universitarios o se enlisten en el servicio militar y que llenen determinados requisitos

3. Aprobar la medida AgJOBS para legalizar a trabajadores agrícolas

“Son pasos hacia una legalización amplia”, dijo Sharry.

Y aunque esa legalización amplia no se concreta todavía, Sharry envió un mensaje a la comunidad inmigrante: “No debemos perder la esperanza ni dejar de movilizarnos”.

Vea aquí la entrevista a Frank Sharry, director ejecutivo de America's Voice: 

En Nashville, Tenesí, fue el lugar donde Juana Villegas de la Paz, una mujer de 33 años, embarazada de nueve meses, tuvo prácticamente que dar a luz encadenada a una camilla gracias a ser indocumentada  y a la existencia del programa de deportaciones 287g, cuando el republicano George W. Bush era presidente en julio de 2008.

La mexicana, Villegas había sido detenida por una infracción de tráfico que la convirtió en “lo peor de lo peor”, merecedora  de la expulsión del país.

Desde ese incandescente verano, hace dos años, hasta el actual, bajo la administración  del demócrata, Barack Obama, las cosas han cambiado muy poco en Tenesí y en el resto del país.

La periodista de La Opinión, Eileen Truax, presentó hace pocos días  el caso de Leonel Fernández, homónimo del presidente de Republica Dominicana, pero indocumentado mexicano,  que se perdió la celebración  de graduación de preescolar de su pequeña hija, Yasmín, al ser arrestado el jueves 17 de junio por vender elotes en la localidad de Carson, California. Fernández fue deportado usando el programa de Comunidades Seguras.  

La reportera de Mi Gente de Charlotte, Carolina del Norte, Patricia Ortiz, había informado en el invierno de 2009, la detención y posterior deportación de Carlos Ramírez, quien también vendía mazorcas en predios de una iglesia. Uno de los sacerdotes del templo denunció a las autoridades la actividad del mexicano  Ramírez, quien terminó enredado en el 287g.

María Cristina Loboguerrero  de El Diario –La Prensa, de Nueva York, reveló recientemente la situación  de Italo Silva, quien enfrenta la posibilidad de ser deportado, tras intentar abrir un restaurante en Newark, Nueva Jersey, dónde utilizó el número de identificación tributaria que otorga el Servicio de Rentas Internas (IRS) para la realización de los tramites. Una agente de policía denunció a Inmigración al venezolano, pese a que Newark es ciudad santuario de indocumentados.

De acuerdo con The New York Times, el camerunés Herve Fonkou Takoulo  fue detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), después de que su  esposa Caroline Jamieson, ciudadana estadounidense, envió una carta al presidente Barack Obama solicitando ayuda para impedir la deportación de su marido.

No obstante, Janet Napolitano, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), insiste en que la prioridad de la actual administración es deportar a los indocumentados que son considerados delincuentes peligrosos. Lo dijo recientemente en el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de Washington y lo reiteró ante los asistentes de la reunión anual de la Asociación Nacional de Funcionarios Electos y Designados (NALEO), que se realizó en Denver, Colorado.

Ojalá los agentes de ICE nos libren de los verdaderos criminales y no sigan expulsando del país a gente que no es “lo peor de lo peor”.

Para demostrar que el proceso es transparente, las autoridades tendrían que suministrar informes diarios y semanales con las cifras del número de arrestados y deportados, desglosando claramente a qué nivel pertenecen: 1,2 y 3.

También, los medios de comunicación y las organizaciones de base deben tener acceso a la información de quiénes son los deportados, por qué se les está expulsando y qué cargos legales pesaron sobre ellos.

Según la nota de la Associated Press, ni el portavoz de la Patrulla Fronteriza en Arizona ni el presidente del sindicato de patrulleros fronterizos pudieron corroborar con datos lo afirmado por Brewer.

“No podría decir que cada persona detenida es usada como ‘mula’ (para transportar drogas)”, declaró Mario Escalante, portavoz en Tucson, Arizona, de la Patrulla Fronteriza.

La AP citó a T.J. Bonner, presidente del sindicato de patrulleros fronterizos: “Algunas personas que cruzan la frontera traen drogas, pero la mayor parte no lo hace… La mayoría de la gente sigue cruzando en busca de trabajo y no para contrabandear drogas”.

Hasta el senador republicano de Arizona, John McCain, afirmó que no está de acuerdo con esa declaración específica de Brewer, aunque recalcó que la gobernadora está haciendo un “buen trabajo”.

Pero Brewer, para solidificarse en la primaria republicana por la gobernación de Arizona, no tiene el mayor empacho en formular declaraciones que buscan también ampliar el apoyo del que ya goza la SB1070 en ese estado en momentos en que el gobierno federal se aprestaría a impugnar su implementación el 29 de julio. Brewer, por cierto, se reúne hoy en Arizona con una delegación de la administración de Barack Obama.

El viernes Brewer emitió una declaración que no aclara mucho diciendo que “la simple realidad es que la mayor parte del contrabando humano en nuestro estado está bajo la dirección de los carteles que por definición, están contrabandeando drogas”.

En un programa televisivo ayer domingo declaró además que “hoy no sé si creo” que los hijos de indocumentados deberían obtener la ciudadanía automática que garantiza la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.

Lo que nos trae al problema de siempre. Mientras los antiinmigrantes dicen lo que sea, así sea falso, para impulsar su causa, la clase política que asegura defender a los inmigrantes y apoyar reformas actúa con vacilación dejando que los otros controlen el discurso y hasta lo ganen.

Si no, recordemos la eterna lucha contra la palabra “amnistía” que ha paralizado y contribuido a enterrar reformas migratorias en más de una ocasión.

Amnistía sigue siendo una “mala palabra” a la que ahora algunos quieren sumarle la frase “reforma migratoria amplia”.

El miércoles pasado, la Secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Janet Napolitano, apenas pudo pronunciar la frase al enumerar los logros de la administración Obama en seguridad fronteriza y al interior del país. Al final del discurso habló de un ‘conjunto de reformas integrales’ y finalmente elaboró en la sesión de preguntas y respuestas.

El jueves, empero, ante la audiencia hispana de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos y Designados (NALEO) en Denver, Colorado, no se le hizo difícil repetir el discurso del apoyo a la “reforma migratoria amplia”. Suele suceder.

Arturo Vargas, director ejecutivo de NALEO, declaró que su organización aprecia que “la reforma migratoria integral permanezca en la agenda de la administración, pero debe estar acompañada por acciones concretas, incluyendo legislación”.

Ciertamente las acciones valen más que mil palabras y las tomadas hasta ahora sólo han ido en detrimento de la comunidad inmigrante.

Si los políticos defendieran la reforma con el mismo empeño con el que recitan sus logros en materia de seguridad fronteriza y alardean de programas creados para deportar criminales que terminan deportando a vendedores ambulantes , otra sería la historia.

Si acompañaran sus palabras con acciones concretas y enfrentaran los excesos de los antiinmigrantes, otro gallo cantaría.

Ojalá y en efecto, como reportan varios medios, esta semana comiencen impugnando la SB1070.

La campaña tiene el objetivo de crear conciencia sobre la necesidad de legalizar a este sector laboral mediante la medida AgJOBS que se ha impulsado de forma independiente y como parte de la reforma migratoria integral. Actualmente y ante la ausencia de esa reforma migratoria amplia, AgJOBS y la medida DREAM Act, para legalizar a estudiantes indocumentados, se mencionan como potenciales acciones legislativas independientes.

Hoy, de hecho, el congresista demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez, declaró que su proyecto ASAP de reforma migratoria amplia ya cuenta con 100 coauspiciadores en la Cámara Baja. Aunque la presidenta cameral, Nancy Pelosi, ha dicho que le corresponde primero al Senado impulsar un plan de reforma amplia, Gutiérrez indicó que la idea es seguir buscando apoyo a la medida en los próximos meses y “estar listos” para la eventualidad de que el proyecto se discuta.

Entre tanto, Arturo Rodríguez, presidente del UFW, anunció la campaña ‘Tomen Nuestros Trabajos’ junto a Rob Williams, director del Migrant Farmworker Justice Project, y al supervisor del condado de Kern en California, Michael Rubio.

Rodríguez declaró en teleconferencia que en medio de la retórica que domina la discusión migratoria se pierden dos asuntos importantes: que los trabajadores agrícolas indocumentados no le están quitando los trabajos a nadie, y que su dura labor es la que permite mantener el suministro de alimento para el país y la estabilidad de los precios de esos alimentos.

Mucha gente, recordó, cree que hay alguna relación entre el desempleo en Estados Unidos y los trabajadores indocumentados. Pero “perdido en ese debate sobre los dos temas, está el honesto reconocimiento de que los alimentos que comemos en casa, en restaurantes, en las cafeterías de nuestros trabajos – incluyendo las del Capitolio-, provienen de la mano de obra de trabajadores agrícolas sin documentos”, declaró Rodríguez.

AgJOBS legalizaría a más de un millón de trabajadores del campo. No se trata sólo de proveer un trato justo a estos trabajadores sino de garantizar un constante suministro alimenticio que evite la subida de precios que afectaría al consumidor.   Ante la falta de una mano de obra estable y legal, muchos agricultores han optado por trasladar sus cosechas a países vecinos como México.

Williams explicó que el grueso de la producción agrícola se concentra en seis estados, incluyendo California, y 50% de los trabajadores agrícolas se concentran en esos estados. “Sus salarios son 50 porciento por debajo de los salarios de los trabajadores no agrícolas y ha sido así por las pasadas dos décadas…Tres cuartas partes de los trabajadores agrícolas nacieron fuera de Estados Unidos, y dos terceras partes no tienen documentos”, agregó. “Esa es simplemente la realidad de nuestra presente situación”, sostuvo.

Rubio, por su parte, retó incluso a los legisladores a visitar el Valle Central en California “y ponerse en los zapatos” de estos trabajadores agrícolas antes de culparlos de los males de nuestra economía.

La campaña ‘Tomen Nuestros Trabajos’ mezcla el humor con la ironía de la situación: aunque muchos culpan a los indocumentados de todos los males económicos del país, nadie quiere realizar la dura tarea que desempeñan, por ejemplo, los trabajadores agrícolas.

El portal de la campaña pide a la gente que desea convertirse en trabajador agrícola que se registre y describe lo que requiere el trabajo:

“Usar herramientas manuales tales como cuchillos, azadas, palas, etc. Las tareas incluyen labrar la tierra, trasplantar, desyerbar, pizcar, cortar, dividir y empacar los productos…Instalar y operar equipos de irrigación. El trabajo se lleva a cabo en exteriores en todo tipo de clima (durante el verano las temperaturas sobrepasan los 90 grados Farenheit) y se trata de una labor demandante que conlleva que el trabajador se agache, se encorve, y levante y transporte más de 50 libras de manera regular”.

La campaña será promovida a nivel nacional, incluyendo una aparición en el programa ‘Colbert Report’ de Comedy Central que se grabará el próximo 8 de julio.

La temporada electoral parece ser parte de la respuesta. Para un sector opuesto a la reforma amplia o a cualquier tipo de soluciones individuales que regularicen a un sector de los indocumentados, las medidas de seguridad que se tomen jamás serán suficientes; otro sector, que dice apoyar la reforma integral y otras medidas individuales, no desea hacer mucha ola en año electoral y sigue apaciguando a quienes abogan únicamente por iniciativas policiales.

Lo triste del caso es que los políticos están en permanente campaña y más que en la seguridad fronteriza están interesados en la seguridad de sus escaños.

En un discurso ante el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), Napolitano enumeró los logros alcanzados en materia de seguridad en la frontera y al interior del país: la cifra de patrulleros fronterizos se ha duplicado desde 2004, de un total de 10,000 a más de 20,000; casi se han completado 652 millas de muro en la frontera; la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha deportado a miles, incluyendo, dijo, a 117,000 personas convictas de crímenes en el año fiscal en curso, un alza de 37% con respecto al año fiscal 2009; se han ampliado los programas de colaboración con las policías estatales; la ampliación del programa ‘Comunidades Seguras’ en las cárceles ha identificado a 34,900 extranjeros convictos de crímenes serios y 8,500 han sido removidos del país; y desde el año fiscal 2008 se han triplicado las auditorías en contra de empleadores que contratan indocumentados. Entre los años fiscales 2004 y 2009 ha habido una reducción de 53% en la cifra de detenciones en la frontera.

Con la retórica que se escucha en torno a la falta de seguridad fronteriza y al interior del país, uno pensaría que no ha ocurrido nada, dijo Napolitano, “pero los números cuentan la historia y no mienten”.

“En el transcurso de los pasados dieciocho meses esta administración ha dedicado más recursos –personal, tecnología e infraestructura- a la frontera Sudoeste que en ningún otro momento de la historia de Estados Unidos”, afirmó Napolitano.

Siempre hay espacio para mejorar, agregó, y amplió los detalles de la petición oficial del presidente Barack Obama de 500 millones de dólares al Congreso para seguridad fronteriza como parte de una iniciativa que sumará 1,000 nuevos patrulleros fronterizos; el despliegue de 1,200 guardias nacionales en la franja; más investigadores y más tecnología, especialmente para la frontera México-Arizona “para operaciones específicas contra los carteles”. Incluso se emplearán aviones no tripulados para vigilar la franja.

La administración Obama, señaló Napolitano, “ha asumido esta responsabilidad seriamente desde el comienzo”.

Un reportero le preguntó que entonces cuándo se declarará la frontera segura al punto de que puedan avanzar otras medidas de alivio migratorio.

“La frontera está más segura ahora que nunca antes, pero siempre podemos hacer más y así será siempre”, señaló, pero agregó que tampoco es realista la noción de que esa frontera de casi dos mil millas pueda o deba “sellarse”.

"La noción de que de alguna forma va a sellarse la frontera y sólo en ese punto se discutirá la reforma migratoria, no es una respuesta al problema", afirmó Napolitano.

Aunque Napolitano mencionó la necesidad de que haya “un conjunto de reformas integrales” para abordar el asunto migratorio y añadió que “por demasiado tiempo lo único que se ha escuchado son palabras duras”, a ese coro de voces duras se suman demócratas como tres congresistas del estado de Arizona, que según la publicación del Congreso, The Hill, le enviaron una carta al presidente Barack Obama solicitándole que no demande al estado de Arizona para evitar la implementación de la SB1070 a partir del próximo 29 de julio.

“Una demanda no solucionará el problema. No asegurará la frontera y no compondrá nuestro maltrecho sistema migratorio”, dice la carta, según la publicación.

En su intervención Napolitano reiteró que “no podemos tener 50 políticas (migratorias) estatales porque simplemente no funcionará”.

Con todo y frontera segura, la espera continúa.

Hagan  les argumentó que no comparte la idea de discutir en el Capitolio en Washington proyectos de legalización por separado, como la Dream Act, que las beneficiaría a ellas y a más de un millón de estudiantes indocumentados.

“Creo que la Dream Act debe ser considerada en el contexto de una reforma migratoria integral”, les dijo Hagan, repitiendo las mismas palabras que había cursado en un correo electrónico previo, en el que de forma sucinta aclaró su posición respecto al tema de inmigración.

Cinco días antes de su cara a cara con Hagan, las tres jóvenes habían iniciado una huelga de hambre en predios aledaños al edificio de la legislatura estatal de Carolina del Norte, donde tienen previsto permanecer acampadas hasta fin de mes.

“No hemos estado consumiendo alimentos sólidos desde que comenzamos (el ayuno), sólo tomamos líquidos”, me contaron en una conversación telefónica, en la que intervinieron las tres.

Viridiana, Loida y Rosario representan a una generación valerosa que ha decidido tomar el destino en sus propias manos,  como lo han hecho otros soñadores que se han plantado en las oficinas de legisladores federales o han caminado miles de millas en defensa de su causa.

Ellas en una muestra determinación y audacia han revelado públicamente su estatus migratorio, arriesgándose a la deportación,  una acción que rememora  la senda  de sacrificio de aquellos que han buscado cambios trascendentales pacíficamente.

Las tres han sido estudiantes ejemplares,  merecedoras de honores y reconocimientos, que reflejan en el trasfondo un compromiso con su comunidad y la sociedad en general.

Viridiana,  originaria de Monterrey, México, que llegó a Estados Unidos  cuando tenía 7 años, quisiera estudiar relaciones internacionales y trabajar para la ONU.

Loida,  quien nació en Perú, y llegó a los 13 años, aspira a ser socióloga y antropóloga para trabajar en entidades que sirvan a las minorías.

Rosario, nacida en el Distrito Federal, en México,  que está aquí desde los 14 años ya logró graduarse de bióloga, pero su sueño es obtener una maestría y un doctorado en inmunología.

Las tres enfrentan la enorme tranca de no tener un estatus migratorio que les permita continuar sus estudios universitarios y perfeccionar sus destrezas para contribuir al progreso del país al que ahora pertenecen.

Desde hace una década, el senador demócrata por Illinois, Richard Durbin, ha estado tratando de que la ley para legalizar a los soñadores se apruebe,  pero las piedras en el camino lo han impedido.

En Carolina del Norte se presentó en abril de 2005 una iniciativa estatal para permitir que los estudiantes indocumentados pudieran estudiar en los centros de educación superior pagando tarifas de residentes del estado, pero fue truncada por el odio.

Una parte de los impulsores de la HB 1183 renunciaron a apoyarla en una nefasta semana de abril que estuvo marcada por amenazas.

Al trío de activistas de la Dream Act de Carolina del Norte le pregunté por qué no presionaban al senador republicano Richard Burr  y su respuesta fue “él es un caso perdido”.

De su insistencia en acudir a la senadora Hagan dijeron “ella tendría que tener una mente más amplia”.  Contra los pronósticos de comienzos de 2008, Hagan fue elegida al Senado en noviembre de ese año con el impulso de la campaña presidencial de Obama y una votación hispana sin precedentes.

Crédito: Paola Jaramillo, La Conexión

Viridiana, Loida y Rosario

**Con “El reporte DREAM Act” buscamos crear un espacio para mantener a los medios y a la comunidad informados sobre los esfuerzos de avanzar la propuesta DREAM Act.  La medida DREAM Act se presentó originalmente hace casi una década y se volvió a someter en esta sesión del Congreso.**

Aunque las posibilidades de lograr la reforma migratoria integral este año electoral 2010 parecen esfumarse, se habla de impulsar medidas a corto plazo que amparen cuando menos a un sector de los 11 millones de personas sin documentos que viven en Estados Unidos. Se mencionan específicamente las medidas DREAM Act y AgJOBS para legalizar en conjunto a poco más de dos millones de indocumentados.

A ver qué pasa.

El Congreso y la Casa Blanca demócratas no tienen aún avances que mostrar en el rubro migratorio, promesa formulada a los votantes latinos en los comicios de 2008. Pero ahora que hay elecciones de medio tiempo, el Partido Demócrata anunció una campaña para promover el registro y la participación electoral en noviembre de hispanos, afroamericanos, mujeres y jóvenes, incluyendo quienes votaron por primera vez en 2008. Es fabuloso promover la participación electoral aunque también debería serlo evidenciar resultados.

En 2008, 67% de los votantes latinos votaron por Barack Obama y 75% de los electores latinos inmigrantes favorecieron al actual presidente. Para este último sector en particular, la promesa de la reforma migratoria fue factor de peso en su voto y en el triunfo de Obama en estados que tradicionalmente ganaban los republicanos.

Claro está, muchos dirán que la inmigración no es la preocupación central de los votantes latinos y recitarán la lista de logros demócratas en otras áreas como razón suficiente para no cuestionar cualquier inacción del partido en el poder en ese rubro.

Pero digamos más bien que los republicanos le siguen colocando en bandeja de plata los votantes latinos a los demócratas, hagan lo que hagan, – o lo que no hagan.

Por ejemplo, la Agencia EFE reportó la semana pasada que tras la promulgación de la SB1070 en Arizona, el Partido Demócrata de ese estado ha visto un alza en la cifra de latinos registrándose para votar como demócrata, sobre todo jóvenes. ¿Es que hay opciones?

Hace unos días una encuesta de Gallup concluyó que el apoyo de los votantes hispanos a los demócratas se ha mantenido inalterado tras la promulgación de la SB1070 y la razón no es sorprendente: "Debido a que la legislatura que aprobó la ley en Arizona tiene mayoría republicana y dado que los demócratas se han contado entre los críticos más locuaces de la ley, algunos observadores opinaron que los demócratas podrían ganar, y los republicanos podrían perder apoyo entre los votantes hispanos".

Lo que sí ha disminuido es el apoyo de los latinos a Obama, una reducción de 12% entre enero y mayo, de 69% a 57%. Entre los latinos que fueron entrevistados en español el descenso en el apoyo a Obama fue mayor: 21% entre enero y mayo. Y Gallup señala que “dos de los principales descensos este año en la aprobación de Obama entre los hispanos coincidieron con dos instancias en las cuales el presidente fue criticado por no hacer suficiente en promover la reforma migratoria en el Congreso”.

La pregunta es si con los comicios de noviembre y con los de 2012 en mente, los demócratas considerarán medidas migratorias legislativas y/o administrativas que recompensen el apoyo del que siguen gozando entre los hispanos tomando en cuenta que lo recibido hasta ahora en el frente migratorio son malas noticias.

Aplazar la deportación de Balderas es un claro ejemplo de los méritos del argumento a favor de la DREAM Act. Pero suspendiendo deportaciones una a una no terminaremos nunca.

Ante la falta de una reforma migratoria amplia diversos grupos argumentan que mientras se logra esa reforma y como paso a esa reforma, debería buscarse la regularización migratoria de estos dos grupos.

La Agencia EFE y el Noticiero Telemundo reportaron sobre la reunión sostenida entre un grupo de senadores demócratas y representantes de diversas organizaciones pro inmigrantes para replantearse la estrategia a seguir.

EFE cita a una fuente legislativa anónima diciendo que "no es que estén abandonando la reforma migratoria integral. Pero si se está cerrando la ventana de oportunidad para un plan integral, estas medidas serían como una especie de cuota inicial hacia una estrategia a largo plazo para conseguir la reforma...Estos grupos expresaron su deseo de que este año no pase en blanco, que se logre la aprobación algunos elementos clave de esa reforma".

La DREAM Act otorga una vía de legalización a jóvenes que llenen ciertos requisitos y que sigan cursando estudios universitarios o se enlisten en el servicio militar. AgJOBS legalizaría a los trabajadores agrícolas, 80% de los cuales son inmigrantes y en algunas regiones hasta 70% de ellos son indocumentados. Se estima que ambas medidas regularizarían potencialmente a unos dos millones de indocumentados.

Esta semana la historia del estudiante de la Universidad de Harvard, Eric Balderas, quien encara una potencial deportación aunque llegó a los cuatro años de edad a Estados Unidos, vuelve a poner sobre el tapete la urgencia de una solución migratoria.

Antonio R. Flores, presidente y CEO de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades (HACU), declaró en un comunicado de prensa que “aunque apoyamos una reforma migratoria integral, no estamos de acuerdo con que los estudiantes indocumentados de las secundarias estadounidenses sigan esperando (por una solución) más allá del 2010”. HACU integra la coalición de más de 25 grupos que está solicitando al Congreso acción inmediata sobre la DREAM Act.

Anualmente se gradúan 65,000 jóvenes indocumentados de las secundarias de Estados Unidos.

De otra parte, las organizaciones Farmworker Justice y Oxfam entregaron ayer a la Secretaria del Trabajo, Hilda Solís, un reporte documentando los abusos que sufren los trabajadores agrícolas y cómo se exacerba la situación con la deficiente aplicación de las leyes laborales que se supone protejan a estos trabajadores.

La Agencia EFE reportó que según el informe “en el año fiscal 2002, la agencia (DOL) hizo 38,537 investigaciones sobre abusos laborales en general, y sólo 229 de éstas fueron en el sector agrícola. En 2008, el total fue de 21,375 y 110, respectivamente”.

“Los trabajadores del campo en Estados Unidos, la mayoría inmigrantes, siguen siendo víctimas de abusos laborales como el impago de salarios, acoso sexual y exposición a peligrosos pesticidas, sin que el Gobierno haga mucho por remediarlo”, agregó la nota…"Ya se han documentado casos de muerte por insolación y deshidratación”.

Arturo Rodríguez, presidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), ha declarado a America’s Voice que cada día sin la legalización afecta no sólo a los trabajadores del campo sino a la industria agrícola y en consecuencia, al consumidor. “El recrudecimiento de las medidas migratorias policiales ha provocado temor y ese temor hace que no haya suficiente gente para la pizca”, señaló.

La senadora demócrata de California, Dianne Feinstein, quien aboga por la medida AgJOBS, ha declarado que ante la falta de mano de obra y por regulaciones complicadas, entre 2007 y 2008, por ejemplo, un total de 1.56 millones de acres en Estados Unidos dejaron de producir. Los granjeros estadounidenses trasladaron 84,155 acres de producción y con ello 22,285 trabajos a México para seguir cultivando.

**Con “El reporte DREAM Act” buscamos crear un espacio para mantener a los medios y a la comunidad informados sobre los esfuerzos de avanzar la propuesta DREAM Act.  La medida DREAM Act se presentó originalmente hace casi una década y se volvió a someter en esta sesión del Congreso.**