MIAMI -  Ambas campañas prometieron una lucha cuerpo a cuerpo y sin perder tiempo, los precandidatos a la nominación presidencial republicana, Newt Gingrich y Mitt Romney, se lanzaron dardos en su búsqueda del voto latino o más bien cubanoamericano de cara a las primarias republicanas del 31 de enero en Florida.

Curiosamente, uno de los temas que los enfrenta es la inmigración, precisamente el que los republicanos han evadido por los pasados años cuando de buscar soluciones se trata, y que han explotado cuando el objetivo ha sido sacar ventaja política atizando a su base más conservadora.

En Florida, los aspirantes a abanderado republicano en la contienda presidencial pretenden demostrar que son pro inmigrantes y pro hispanos cuando en pasados años guardaron silencio cuando las voces más extremistas definieron el mensaje y la imagen del Partido Republicano entre la comunidad hispana, o se sumaron al coro de voces extremistas apoyando medidas antiinmigrantes para avanzar sus objetivos políticos.

Ambos precandidatos participaron, por separado, de un foro auspiciado por Univision.com, la Cámara Estadounidense de Comercio (USHCC), y el Miami Dade College con entrevistas conducidas por el periodista y presentador del Noticiero Univisión, Jorge Ramos.

Gingrich le tiró con todo a Romney a quien tildó de antiinmigrante en un comercial radial que retiró del aire tras ser criticado por líderes hispanos republicanos, y se burló de la sugerencia de Romney de la autodeportación como forma de abordar el tema de los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos catalogándola de una "fantasía". Reiteró además su apoyo únicamente al componente militar del DREAM Act, así como a su propuesta de buscar algún tipo de alivio migratorio para quienes lleven más de dos décadas de vivir en Estados Unidos que tal y como apuntó Ramos, deja fuera a la mayoría de los indocumentados.

En su turno, Romney se declaró pro inmigrante, "me gustan los inmigrantes".

Aunque ha prometido que si es presidente vetaría el DREAM Act si la medida llegara a su escritorio, aseguró que no está tratando de "castigar" a los jóvenes indocumentados que no llegaron a este país sin documentos por decisión propia pues de todos modos pueden estudiar en universidades costeables -que algunos de todos modos no pueden pagar- y aunque lo hicieran, obtienen títulos universitarios que no pueden emplear por carecer de documentos.

Romney también insistió en que no propone ir por el país rodeando inmigrantes y sacándolos en autobuses, pero que con un plan E-Verify bien implementando y severas sanciones a los empleadores, su plan de autodeportaciones funcionará.

Finalmente criticó a Gingrich por los ataques que ha lanzado en su contra especialmente en el rubro migratorio.

"Es muy tentador presentarse ante una audiencia como ésta y decirles lo que quieren oír", afirmó Romney.

Momentos más tarde, el ex gobernador de Massachusetts, quien perdió la primaria de Florida en 2008 ante el senador John McCain, fue a la emblemática Torre de la Libertad a hablar ante una audiencia cubanoamericana para decirles lo que quieren escuchar: prometerles mano dura contra los hermanos Raúl y Fidel Castro en Cuba, prometer que revocará la ley Helms-Burton, y que no le temblará la mano para enfrentar a figuras como Hugo Chávez en Venezuela.

Romney estuvo flanqueado por importantes líderes y funcionarios electos de la comunidad cubanoamericana: el ex senador Mel Martínez, el ex Secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, la congresista Ileana Ros-Lehtinen, y el ex congresista Lincoln Díaz-Balart, todos promotores de la reforma migratoria integral y del DREAM Act que Mitt Romney rechaza, pero quienes argumentan que el tema central es la economía y que Romney es el hombre para sacar al país del atolladero y con posibilidades reales de vencer a Barack Obama en la general.

Se calcula que los latinos representan 11% del voto republicano en Florida, con la mayoría concentrada en el Sur del estado, 59% sólo en el condado de Miami-Dade, con el voto mayormente cubano y cubanoamericano cortejado por Gingrich y Romney. En general, los latinos representan 13% del voto hispano del estado y ese voto general está más diluido por la influencia del voto puertorriqueño en la zona central del corredor I-4 el considerado en esta región uno de los más oscilantes y vitales en una elección general. De hecho, sólo el 32% de los votantes hispanos registrados en Florida son 
 

LAS VEGAS – Aunque el proceso primarista republicano apenas comienza, Mitt Romney se perfila como el candidato presidencial inevitable y este sábado espera repetir su triunfo de 2008 en las asambleas populares (caucus) de Nevada, un estado que será decisivo en noviembre en la lucha por la Casa Blanca y donde el voto latino será instrumental.

Los latinos representan 27% de la población de Nevada y 15% de los votantes elegibles para votar en los comicios de noviembre.

Ya la atención se centra en cómo será la contienda en noviembre entre Romney y Barack Obama en el estado donde el actual presidente obtuvo 76% del voto latino en los comicios del 2008 frente al 22% logrado por el republicano John McCain. Obama ganó en Nevada con 55% del voto sobre 43% de McCain.

Entonces la inmigración jugó un papel central por la promesa de reforma migratoria integral que formuló Obama y que en Nevada, como en otros estados clave, movilizó a los votantes latinos, especialmente los naturalizados, a apoyarle.

Muchos latinos en Nevada no sólo enfrentan las más altas tasas de desempleo y de embargos hipotecarios, sino también la falta de la esperada reforma migratoria.

Algunos demócratas reconocen que la ausencia de esa reforma supone un reto para los demócratas en los esfuerzos de movilizar al voto latino en Nevada.

Pero consideran que los precandidatos republicanos, particularmente el favorito, Romney, no ofrecen alternativa viable a los votantes latinos y por el contrario, le facilitan a los demócratas esa labor de movilización con sus posturas migratorias de línea dura.

Romney, por ejemplo, se opone a la reforma migratoria integral y al DREAM Act que gozan del apoyo abrumador de los votantes latinos. Uno de los asesores sin paga de Romney en el tema migratorio es Kris Kobach, arquitecto de las leyes antiinmigrantes más severas del país, incluyendo Alabama, Arizona y Carolina del Sur y del concepto de “desgaste mediante la aplicación de leyes” que consiste en hacerle la vida imposible a los indocumentados para que opten por irse del país así sea a expensas de la unidad familiar. Otros le llaman autodeportación.

Vicenta Montoya, del grupo demócrata Sí se Puede Latino Democratic Caucus, admite que posiblemente algunos latinos que votaron por Obama en el 2008 opten por no votar, “pero no creo vayan a votar por un republicano”. “Es ridículo porque lo que dicen los republicanos va totalmente en contra de la comunidad latina”, indicó.

Y los republicanos no deberían subestimar el poder de movilización de votantes latinos que tiene el tema migratorio por estos lares.

Que lo diga el líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, quien en noviembre de 2010 retuvo su escaño y con ello la mayoría senatorial cuando los votantes latinos de Nevada lo apoyaron en las urnas para derrotar a la republicana Sharron Angle, quien optó por una campaña  antiinmigrante y ofensiva que presentaba a los inmigrantes como criminales.

En esa misma elección, Nevada eligió al republicano Brian Sandoval como su gobernador y rápidamente los republicanos pasaron a usarlo como ejemplo de que podían elegir figuras republicanas en estados de  alta población hispana.  Lo que no aclaran los republicanos es que Sandoval sólo logró 15% del voto latino de su estado tras apoyar la SB 1070 del vecino estado de Arizona.

Para Fernando Romero, presidente de la organización política hispana más antigua de Nevada, Hispanics in Politics, el próximo nominado republicano no le dará la pelea a Obama por el voto latino del estado.

“Es una de las razones por las cuales los latinos no se presentarán en las asambleas (caucus) porque el Partido Republicano no tiene nada positivo para nuestra comunidad”, agregó.

Para Romero, la opción de los latinos en noviembre está clara. “Aunque muchos (latinos) digan que no van a votar, saben que cualquiera de los cuatro republicanos que contienden está por hacernos daño. No nos queda otra opción”, afirmó.

Y si fuera Romney el contendor, “cuando salga todo lo negativo que ha dicho contra nuestra comunidad, no pienso que personas que tenemos amigos, familiares, seres queridos, vecinos que son indocumentados vayan a apoyar a Romney”.

Así pusiera, señaló, a un hispano en la boleta como compañero de fórmula: al senador de Florida, Marco Rubio o los gobernadores de Nevada y Nuevo México, Sandoval o Susana Martínez.

“Sandoval es el que menos se ha involucrado en el tema de inmigración y desde su apoyo a la SB 1070 en el 2010 no ha vuelto a decir nada, ni positivo, ni negativo. Y si a Brian, el más moderado de los tres, el votante latino de su propio estado no lo apoyó pese a su apellido Sandoval, va a ser muy duro para Romney. Rubio de repente suavizó un poquito la retórica, pero demasiado tarde porque ya conocemos su corazón. Y de Martínez ni hablar. Sus acciones lo dicen todo”, afirmó Romero.

El republicano, Alex Garza, vicepresidente de Hispanics in Politics, señaló que “lo que pasa es que la retórica está fuera de control”.

En su opinión, los demócratas han sabido manejar el tema migratorio a su conveniencia aunque al final no se haya cumplido la prometida reforma. Pero por otro lado, “el Partido Republicano no debe promover políticas de separación familiar…la autodeportación no es posible”, declaró Garza, cuyo padre se legalizó con la amnistía de 1986 promulgada por Ronald Reagan

Este año, dijo Garza, verá una fuerte lucha por el voto latino y anticipa que aunque muchos hispanos demócratas permanecerán fieles a su partido, otros tantos seguirán registrándose como independientes, el mayor grupo oscilante de votantes que puede decidir una elección.

La lucha por el Oeste ya comenzó.

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America's Voice

La Suprema Corte de la nación considerará la normativa y mientras un bando encabezado por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, espera que el máximo tribunal revierta el fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito que bloqueó la ley, otro bando espera que finalmente haya un veredicto que establezca sin lugar a dudas y nacionalmente que la aplicación de leyes migratorias es de competencia federal y no de los estados.

Las expectativas son altas y delicadas.

Hay que recordar que la SB 1070, aunque bloqueada, ha sido modelo para otros estados que han aprobado sus propias leyes argumentando que el gobierno federal ha claudicado en su responsabilidad de aplicar las leyes migratorias.

Así han surgido, por ejemplo, leyes como la HB 56 de Alabama, la ley migratoria más severa del país que ha generado en ese estado una crisis humanitaria y repercusiones económicas y de derechos civiles aún cuando varias de sus cláusulas han sido bloqueadas.

El común denominador de estas leyes es la miopía de sus promotores de tratar de resolver de manera emocional un asunto que requiere razonamiento.

A lo largo del año próximo a concluir Alabama y Carolina del Sur han sido los ejemplos más recientes de leyes draconianas que no toman en cuenta el impacto no sólo humanitario de estas normativas sobre las familias de situación migratoria mixta, muchas de ellas con niños ciudadanos, sino el potencial de discriminación y violaciones de derechos civiles de ciudadanos y residentes legales  y los efectos nefastos sobre sus economías.

Alabama, por ejemplo, sigue viendo los efectos en su agricultura, con  intentos de entrenar reos para llevar a cabo las labores de los trabajadores agrícolas que abandonaron el estado; en la merma de consumidores; y para colmo de males, ha aplicado la ley contra ejecutivos de empresas que generan miles de empleos en el estado con las recientes intervenciones policiales con ejecutivos de las automotrices Mercedes Benz y Honda.

Ahora el gobernador de Alabama, Robert Bentley, y el propio procurador estatal, Luther Strange, hablan de “cambios” a la normativa para tratar de aminorar algunos de los dolores de cabeza creados.

Otro estado que se las ha visto negras en el frente agrícola con su ley migratoria fue Georgia con la pérdida de cosechas enteras y de millones de dólares en el proceso.

El propio estado de Arizona vio los efectos negativos de la SB 1070 sobre su economía perdiendo millones de dólares en diversos rubros. Incluso el arquitecto de la ley, el ex presidente del Senado, Russell Pearce, fue sacado de su puesto en una elección especial en un distrito conservador donde una coalición de votantes de diversa ideología condenó su obsesión con el tema migratorio a expensas de buscar soluciones a otros problemas de sus representados.

El Departamento de Justicia argumenta que los estados no tienen la autoridad inherente de aprobar e implementar sus propias leyes de inmigración porque resultará, como poco a poco ha ido pasando, en un mosaico de diversas leyes migratorias.

Sin embargo, hay temor de que la decisión de la jueza Elena Kagan de abstenerse de participar en el caso por su previa labor en el gobierno suponga que el máximo tribunal se divida en un voto de 4 a 4 entre magistrados conservadores y más liberales lo cual supondría que se sostenga el fallo en contra de la SB 1070 del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco y no se trataría de una decisión de alcance nacional.

Lo mejor, sin embargo, sería que el Supremo fallara sin lugar a dudas que aprobar e implementar las leyes de inmigración le corresponde al gobierno federal precisamente para evitar el mosaico de miopes leyes estatales.

Y lo mejor también sería que el desbarajuste que ha desatado a través del país la falta de una reforma migratoria integral sirva precisamente para resaltar la urgencia de dicha reforma.

Los esfuerzos del gobierno federal de tratar de ir apagando incendios estado por estado deberían centrarse en tratar de impulsar la requerida reforma.

Se anticipa que el fallo del Supremo sea antes del cierre de su sesión en junio de 2012 lo cual coloca el espinoso tema en pleno año electoral y con potenciales repercusiones para las partes involucradas.

Recordemos que la intervención del Departamento de Justicia bajo la administración Obama en contra de leyes migratorias en Arizona, Carolina del Sur, Alabama y Utah ha sido bienvenida por grupos que defienden la reforma migratoria y que han condenado la cifra récord de deportaciones bajo el presente gobierno.

Queda por ver si el sentido común prevalece en un máximo tribunal que en el pasado ha emitido cuestionables fallos en diversos rubros.

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice

Vélez siente que fue víctima de perfil racial bajo la ley antiinmigrante HB 56 porque ni siquiera había mostrado su licencia de conducir vigente del estado de la Florida cuando ya la estaban pidiendo el acta de nacimiento. También fue víctima de la desinformación de quienes desconocen que Puerto Rico es territorio de Estados Unidos y que los puertorriqueños son ciudadanos. Esto último no es exclusivo de Alabama, pero a la sombra de la HB 56 cobra especial importancia.

El año pasado entró en vigor una ley que obligó a los puertorriqueños a obtener un nuevo certificado de nacimiento como parte de una iniciativa para combatir el robo de identidad.

El certificado de Carmen es de los nuevos.

Carmen narra así el intercambio con la empleada y con la supervisora de la empleada:

“La empleada me dijo que mi acta de nacimiento no es válida porque necesito una de Estados Unidos. Le dije que Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Me respondió que no, que mi acta de nacimiento no sirve. Le dije, señora, si nací en Puerto Rico, ¿cómo quiere que le dé un acta de nacimiento de uno de los 50 estados? Me preguntó que de qué parte de Nuevo México o de Baja California es Puerto Rico”.

“¿Me está vacilando?, le respondí. Puerto Rico es territorio de Estados Unidos. Pedí hablar con su supervisora quien vino y me dijo lo mismo: tu acta de nacimiento no es válida porque necesitamos una de Estados Unidos. Y a todo esto todavía seguían sin ver mi licencia de conducir. Pedí hablar con algún supervisor que supiera que Puerto Rico es parte de Estados Unidos y que nuestras actas de nacimiento son válidas aquí. Es la nueva. La acababa de recibir. Me dijeron que tenía que traer una carta evidenciando que el acta de nacimiento es válida”, narró Carmen.

Casi dos horas después accedieron a renovarle la matrícula, pero con esta advertencia para el año entrante: tiene que tener un acta de nacimiento de Estados Unidos.

“Pero, ¿cómo voy a tener un acta de nacimiento de otro lugar si nací en Puerto Rico? Increíble. Estuve a punto de llorar. Había más de 60 personas presenciando todo esto. Me sentí super avergonzada, humillada. La gente me miraba como si tuviera dos cabezas”, agregó.

El caso de Carmen ilustra cómo la HB 56 puede afectar no sólo a indocumentados sino a ciudadanos de origen hispano.

“Esta ley es injusta y nos perjudica a todos, no importa de dónde seamos y si tenemos o no papeles porque mayormente se dejan llevar por el perfil racial”, indicó.

Días atrás se reportó del ejecutivo alemán de la Mercedes Benz detenido por una infracción de tránsito y porque no tenía consigo su licencia de conducir.

La aplicación de la HB 56 en contra del ejecutivo alemán de una empresa que genera empleos en Alabama provocó, según reportes de prensa, llamadas de parte del gobernador de Alabama, Robert Bentley, para buscar explicaciones a lo ocurrido. Bentley promulgó la ley.

Los cargos contra el ejecutivo se anularon. Las llamadas de Bentley son algo que Carmen no recibirá ni tampoco otros ciudadanos o residentes legales que pueden ser afectados por la HB 56, ni los miles de inmigrantes que realizan trabajos necesarios en Alabama en diversos rubros y que han abandonado el estado o viven en constante temor, ni los niños ciudadanos que temen día a día que sus padres sean detenidos.

“Aquí lo que hay es un revolú porque ellos (los empleados) no saben qué han aprobado, qué no han aprobado y encima, no saben ni la historia de Estados Unidos”, afirmó Carmen.

En efecto, lo que hay en Alabama con la HB 56 es un tremendo revolú.

Y contrario a 2008, el presidente enfrenta un reto para evitar que la apatía y el ausentismo electoral operen en su contra en una atmósfera donde ya muchos factores le son adversos, comenzando, obviamente, por el maltrecho estado de la economía.

Para Obama la movilización de votantes será determinante en sus posibilidades de reelegirse. La movilización de esa coalición electoral que en 2008 votó en cifras récord para catapultarlo a una presidencia histórica: jóvenes, mujeres, independientes, afroamericanos, hispanos.

Diez millones de hispanos sufragaron en el 2008 y 67% lo hizo por Obama. Sólo 31% votó a favor del entonces contendor republicano, John McCain.

Desde que McCain le dio la espalda a la reforma migratoria en el 2008 en favor de la desgastada estrategia y excusa de la seguridad fronteriza primero, el Partido Republicano dio un viraje a la extrema derecha en el frente migratorio y todavía no sale del hueco que se han cavado con los votantes latinos.

Los llamados de algunos republicanos a cambiar al menos el “tono” de la retórica republicana antiinmigrante han sido desechados.

Según los demócratas, los votantes hispanos no deben tener ningún problema en establecer la distinción entre ambos partidos en el frente migratorio.

Así lo dijo Obama a un grupo de medios en español en la Casa Blanca.

“Será difícil tener un contraste más claro que el que se ve entre lo que apoyan los republicanos y lo que los demócratas y yo respaldamos”.

Fue más allá al afirmar que sólo con mostrar imágenes de los debates republicanos pueden establecerse esos contrastes.

“Quizá hasta sólo pongamos clips con los debates republicanos. Ni siquiera comentaremos sobre ellos, sino mostrarlos de manera seguida, y la gente puede decidir por sí misma", declaró Obama, según impreMedia.

El presidente y su campaña tienen motivos para estar confiados, pero no deberían fiarse tanto.

Ciertamente las alternativas republicanas surgidas hasta ahora están para llorar y para pruebas, los recientes sondeos de Latino Decisions para Univisión y para impreMedia que confirman la ventaja de Obama sobre cualquier candidato republicano en la preferencia del voto latino.

No obstante, el que Obama se perfile como favorito a un año de la elección no garantiza que vaya a movilizar a los electores hispanos y a otros grupos en las cifras requeridas para reelegirse.

Es la simple aritmética de las elecciones cerradas y las del año entrante se perfilan cerradas por muchos factores, comenzando por el duro desempleo y la crisis económica que siguen golpeando los bolsillos de la clase trabajadora.

Los latinos tienen una tasa de desempleo del 11%, mayor al índice nacional del 9%. Por si esto fuera poco, a muchos votantes latinos también los afecta la falta de una reforma migratoria integral y la dura política de deportaciones intensificada por los pasados tres años. Muchos votantes latinos han sido afectados directa o indirectamente por las deportaciones.

Como ha quedado comprobado en los sondeos, la inmigración es un tema definitorio para los votantes latinos a la hora de elegir por quién votan. Es cierto que hay contrastes entre republicanos y demócratas en el rubro migratorio, pero para muchos votantes latinos esos contrastes son difíciles de distinguir a la luz de la política de deportaciones y es un factor que no debe ignorarse a la hora de desarrollar estrategias.

La combinación de una mala economía con la frustración por la falta de reforma migratoria son retos que superar a la hora de movilizar a los hispanos a las urnas.

De momento, no se anticipa que los índices de participación de los diversos grupos de electores sean comparables al 2008, con excepción de los afroamericanos. El índice de aprobación de Obama ha bajado entre el resto: hispanos, jóvenes, mujeres, independientes.

Muchas de las propuestas del presidente se han visto bloqueadas por la paralizante economía y por un Congreso dividido más interesado en bloquear que en colaborar. Pero invariablemente las elecciones son un referéndum sobre el ocupante de la Casa Blanca.

En doce meses cualquier cosa puede pasar, pero mientras los republicanos parecen implosionar en la búsqueda de un candidato viable, los sondeos que favorecen a Obama deben tomarse con pinzas.

Una elección cerrada será determinada por el índice de participación y por grupos demográficos como los latinos. Y que salgan a votar en las cifras requeridas todavía no está garantizado.

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America's Voice

La indignación está en voces como la de Jasmine Reyes, nacida en Nueva York y de origen puertorriqueño. Lleva once años en Birmingham y ve los efectos de la HB 56 en la clínica comunitaria donde dirige proyectos especiales.

“Los inmigrantes tienen miedo a venir. Creé un proyecto donde llevamos la unidad móvil a que vayan a ponerle los ‘flu shots’. Fuimos a una comunidad, un ‘trailer park’, donde no habían salido por una semana y encontramos a niños enfermos y gente enferma. Servimos a más de 50 personas”, indicó Reyes.

Cuando la ley entró en vigor, “vinieron como 20 padres a buscar los récords (médicos) de los niños porque se iban al otro día”. “Les dijimos que no se fueran, que nos van a ayudar, ¿cómo nos van a dejar solos aquí?”, preguntó. “Soy ciudadana pero tengo pasión por la gente. Todos tenemos derechos. La Constitución dice ‘We the People’, somos gente”, indicó Reyes quien ha firmado poderes notariales como guardián legal de nueve niños si los padres son detenidos o deportados.

¿Tienen niños que dejar de recibir atención médica porque sus padres temen que los detengan? ¿Tener a decenas de personas en una comunidad sin atención médica no es invocar brotes que pongan en riesgo la salud del resto?

Para el gobernador de Alabama, Robert Bentley, quien irónicamente es doctor, las denuncias de los efectos de la HB 56 son “anecdóticas”, pero la Associated Press citó a Jim McVay, portavoz del Secretario de Salud de Alabama, diciendo que “no quiero extender el miedo, pero siempre que una persona teme recibir atención médica hay complicaciones potenciales”. 

Visité la clínica comunitaria donde labora Reyes y lo que vi no es anecdótico. Salas que siempre estaban llenas de gente buscando asistencia médica estaban casi vacías. 

La indignación está en Ashley, estadounidense oriunda de Alabama y casada con un indocumentado que llegó a Estados Unidos cuando tenía 15 años y ahora tiene 22. Tienen un hijo. Ambos trabajan y pagan impuestos.

Como para legalizarse el joven tiene que ir a Ciudad Juárez a iniciar el proceso, se están preparando para tener que eventualmente radicarse en México si no obtienen una dispensa porque una vez el joven salga, activa la prohibición de reingreso a Estados Unidos, en su caso por diez años. Leyes migratorias federales que promueven la separación familiar se empeoran con la HB 56 estatal.

“Tenemos casa, tenemos trabajo, seguro médico y pagamos impuestos”, indicó. Si el esposo se va, “mi niño tendría que recibir Medicaid, yo seré elegible para estampillas de alimentos, entonces yo me convertiré en una carga para el estado porque ellos deportaron a mi esposo…No piensan que están separando familias, piensan que toda la familia es indocumentada y los están sacando”, afirmó.

Ashley trabaja en un centro de asistencia a víctimas de violencia doméstica y explicó que la HB 56 ha llevado a muchas inmigrantes a no denunciar a sus agresores por miedo a ser detenidas. Dijo también que el negocio de construcción donde trabaja su esposo está pensando cerrar porque muchos de sus empleados inmigrantes se fueron de Alabama. Ambas cosas no son anecdóticas.

La indignación está en Joe, oriundo de Alabama, quien alquila lotes para casas móviles. Varios de sus inquilinos indocumentados no pueden pagar impuestos sobre su casa móvil porque no tienen documentos. No es anecdótico. Me lo dijo una inmigrante a quien no le aceptaron el dinero por carecer de documentos. Menos dinero para las arcas estatales en medio de una crisis económica.  Joe lo confirmó.

“No le permiten pagar sus impuestos porque no tiene una licencia de conducir válida y no la puede obtener porque es indocumentada. Creo que tiene que haber un mecanismo para obtener la ciudadanía sobre todo si tienen muchos años viviendo aquí con una familia establecida”, declaró Joe, cuya hija está casada con un indocumentado.

¿Dónde está la indignación por lo que ocurre en Alabama?

Dónde está la indignación cuando seguimos escuchando aberraciones de políticos republicanos que consideran un chiste proponer cercas electrificadas en la frontera.

Cuando a meses del nuevo año electoral comienza a hablarse de impulsar un proyecto de reforma migratoria para establecer los “contrastes” entré demócratas y republicanos en torno al tema.

Establecer “contrastes” puede salvar o hundir a políticos, pero no ayuda a corto plazo a los inmigrantes.

En el siglo pasado las manifestaciones de racismo y discriminación en Alabama eran obvias con leyes de segregación, linchamientos, represión y violencia en contra de la comunidad afroamericana. En este Siglo 21 las manifestaciones de racismo y discriminación siguen teniendo forma de leyes como la HB 56 de Alabama cuyos efectos de desplazar, intimidar y atemorizar no son anecdóticos y son indignantes.

Cada historia narrada, cada drama familiar, parece describir casos que se supone caigan en los lineamentos de esas regulaciones que establecen que la prioridad de las deportaciones serán quienes realmente suponen una amenaza para la seguridad pública y no padres y madres de familia que llegaron a ofrecer su mano de obra en diferentes rubros y a forjar un mejor porvenir para sus familias. 

Con todo, la HB 56 parcial y temporalmente bloqueada mantiene a la comunidad inmigrante de Alabama en jaque. Con todo y la supuesta priorización de deportaciones, esa comunidad enfrenta el constante temor a una potencial detención y deportación por una ley que el propio Departamento de Justicia quiere frenar por anticonstitucional. La Secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Janet Napolitano, dijo ante el Comité cameral Judicial que no están colaborando con Alabama en la implementación de la ley y que están cooperando con el Departamento de Justicia en su demanda para bloquear la ley. Una gran ironía.

Sólo mostrando sus manos, las mismas manos que llevan a cabo diversas labores importantes para la economía del estado y para el sostén de sus familias, las manos que acarician a los hijos que temen dejar atrás, algunos inmigrantes narran cómo la HB 56 ha volteado sus vidas.

Ahora que en el umbral del año electoral vuelven a soplar aires de proyectos de reforma migratoria en el Congreso, lo único que espera la comunidad inmigrante de Alabama y del país es dejar de ser explotada por políticos de diversa ideología y agendas. Su sufrimiento es genuino. Su necesidad es inmediata. Su espera ha sido larga. 

Como dijo un padre de familia indocumentado al hablar de los políticos:  “que vean lo que está pasando aquí en Alabama, que nos escuchen ahora que los necesitamos…Que no se olviden que somos seres humanos como ellos”.

MANOS QUE HABLAN

Matrimonio indocumentado: "Salimos a la calle y se nos quedan viendo no sé si por odio o por lástima", dice un matrimonio indocumentado de Costa Rica. Llevan 15 años en Alabama y tienen tres hijos: el menor, de 13 años,  es nacido aquí y los otros dos arribaron cuando eran bebés. Ahora tienen 17 y 16 años respectivamente, son Soñadores o DREAMers y sus planes de estudios universitarios están paralizados.

Vea el video aquí:

Los hijos indocumentados: "La ley me aísla de mis amigos porque no tengo las mismas experiencias que ellos. Ellos tienen diferentes libertades... Yo tengo que ser más maduro que ellos y estar más al tanto del mundo real,  crecer más rápido que ellos". Quiere estudiar psicología y su hermano quiere lograr una beca deportiva a través del soccer que practica. Sus sueños están en veremos.

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Madre e hija indocumentadas: "No entiendo cuál es la situación...El racismo no es contra los inmigrantes, es contra los hispanos",  dice otra madre de familia, también de Costa Rica y  con siete años de residir en Estados Unidos, siete de ellos en Alabama. Su hija mayor, de 18 años, es indocumentada, su hijo menor es ciudadano estadounidense. Entre las ironías que narró, figuran que trató de ir a pagar los impuestos por la casa móvil de la cual es propietaria, pero no se los aceptaron por no tener documentación. 

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“Para mí esto es odio, esto no es una ley”: Rosa María, madre de dos niñas ciudadanas.

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Familia de situación migratoria mixta: “Lo que queremos es que nos dejen trabajar tranquilamente. No venimos a hacerle daño a nadie". Con veintidós años en Alabama y tres hijas ciudadanas, esta familia, espejo de otras tantas en Alabama, vive constantemente atemorizada por el espectro de la separación.

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Ana, mucama de un hotel: “Éramos doce (trabajadores inmigrantes) y quedamos cuatro. Aquí en el trabajo nos preguntan, ¿ustedes se van a ir, se van a cambiar de estado? A veces decimos, puede ser, todo depende, Pero no quiero dejar mi trabajo. Y esperemos en Dios a ver qué pueden hacer por nosotros”.

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Niña indocumentada: Muchos niños en Alabama viven en constante temor. “Llego a pensar que si nos quedamos solas no sabemos qué hacer, no tenemos a nadie que nos apoye”.

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Joven indocumentado: “A lo mejor el delito de uno es trabajar”, dice este joven cuya familia se regresó a México y se quedó solo. “Me quise quedar porque creo en el Sueño Americano, que esto que está pasando es como un mal sueño y que cuando despierte, será el sueño que todos hemos venido a buscar”.

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Padre de familia: “El problema no (es sólo) en Alabama, el problema es nacional".

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Fotografías (crédito Maribel Hastings):

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También Mel Martínez, ex senador de Florida, ex presidente del Comité Nacional Republicano (RNC) y coautor de una de las propuestas de reforma migratoria amplia en el Senado, presidirá el consejo asesor de Seguridad Nacional de Romney.

Resultan interesantes la selecciones por ser dos de las escasas voces republicanas que han promovido vigorosamente la reforma migratoria amplia que por los pasados años el precandidato Romney unas veces apoyó y otras desechó, según soplaran los vientos de sus intereses políticos.

Gutiérrez fue uno de los emisarios de la Casa Blanca al Congreso para recabar apoyo a un plan de reforma amplia que no se concretó y que Gutiérrez defendió como mecanismo para mantener la prosperidad económica de Estados Unidos y su competitividad a nivel mundial.

Martínez, por su parte, fue tan vapuleado por la derecha republicana por su apoyo a esa reforma y por la herejía de haber colaborado en el tema con el León Liberal del Senado, Edward Kennedy, que primero renunció al RNC y luego se retiró del Senado.

Romney llegó a apoyar esa reforma propuesta por Bush y por el senador republicano de Arizona, John McCain, diciendo que no era amnistía y que era razonable, pero cuando estaba tratando de ser el nominado para la elección del 2008, desechó esa reforma para atraer al voto de la base más conservadora. Suena familiar porque ahora lo está repitiendo.

Romney se opone al DREAM Act, para legalizar a jóvenes indocumentados que quieren estudiar o servir en las Fuerzas Armadas.

Ha indicado que “fundamentalmente no creo que tenemos que darle una oportunidad a inmigrantes ilegales de asistir a la universidad en Estados Unidos”.

Pero defiende concederle residencia y retener a extranjeros que vienen a estudiar aquí y obtienen, por ejemplo, grados doctorales en Ciencias porque quiere en el país “a los mejores y a los más brillantes”.

Irónicamente olvida que muchos de esos “mejores y más brillantes” ya están aquí sin documentos porque fueron traídos por sus padres cuando apenas eran bebés o niños. No vinieron por cuenta propia aunque Romney parece querer castigarlos por las acciones de otros.

En lo que a inmigración y a atraer el voto latino respecta, Romney está haciendo todo lo que NO debe hacerse en favor de un objetivo a corto plazo: conseguir la nominación granjeándose a la base ultraconservadora que de todos modos quizá no olvide que Romney sí defendió en algún momento la reforma migratoria.

A largo plazo la historia es diferente porque en una elección general, en el supuesto de que supere el proceso primarista y sea el nominado, Romney tendrá que apelar a votantes de diferente tendencia, incluyendo a los hispanos, si pretende ser competitivo ante Barack Obama.

A principios de este año, Gutiérrez fue una de las figuras republicanas que participó de la conferencia en Florida de la Red Hispana de Liderazgo, organización que busca iniciar una “conversación” con los votantes hispanos reconociendo que el tono y la retórica antiinmigrante que emana de ciertos sectores del Partido Republicano ha ahuyentado a este segmento electoral de más rápido crecimiento.

Gutiérrez entonces conversó brevemente con America’s Voice sobre la importancia de atraer a los hispanos al movimiento de centro derecha que defiende la Red.

“Los extremos nunca funcionan”, declaró Gutiérrez. “Hay que reconocer que este país va a crecer y va a prosperar por los hispanos. Es para el bien de todo el país traer a la comunidad hispana a lo que es el ‘mainstream’ de la sociedad Americana”, agregó.

Gutiérrez también reconoció que en la relación del Partido Republicano con los votantes hispanos, “hay mucho trabajo que hacer”.

“He trabajo con demócratas también y ellos tienen la fortuna de tener una buena imagen en lo que se refiere a inmigración, pero no han hecho nada... Pero no cabe duda que hay gente de extrema derecha que están mal y son parte de mi partido. El movimiento de centro derecha va a ser el movimiento de prosperidad, empleos, empresa libre y tenemos que ser el movimiento de la inmigración. Si no, hay una tremenda contradicción", agregó.

Una contradicción personificada en Romney en su tono,  propuestas y posturas oportunistas.

Una contradicción que Romney no puede superar únicamente por osmosis con Gutiérrez y Martínez integrando su campaña.

En un conglomerado de pequeñas viviendas en la ciudad de Florence, a unas dos horas de Birmingham, familiares y amigos los despidieron mientras empacaban y revisaban los frenos del vehículo porque el viaje era largo.

Pedro llevaba siete años en Alabama. “Si no hubiera ley yo aquí me quedaba, pero tengo un hermano allá que dice que todo está tranquilo y hay mucho trabajo”, indicó el obrero de construcción, oriundo del estado de Guerrero, México.

La vida en Alabama es imposible, dijo, y no confía en que los procesos legales para bloquear la ley prosperen. Y aunque así fuera, el ambiente es demasiado hostil para la comunidad inmigrante, agregó.

“No puede uno manejar;  no puede uno salir porque ya uno ve un policía y le da miedo”, indicó Pedro.

La estrategia del desgaste mediante leyes draconianas como la HB 56 es precisamente el objetivo de quienes las han escrito y promovido.

La historia de Pedro se hizo eco en las de otros inmigrantes. Unos ponderan si seguir sus pasos o enfrentar el temporal a ver si algo cambia. El mosaico de situaciones refleja cómo leyes como la HB 56 afectan a todos, sean o no indocumentados.

Habían indocumentados con hijos ciudadanos estadounidenses; indocumentados con hijos indocumentados, algunos de ellos traídos a Alabama de niños, como Lizbeth, sobrina de Pedro, una joven Soñadora de 19 años de edad que fue traída a los dos meses de nacida. Se casó con otro joven indocumentado y tienen una bebita. Había una pareja conformada por una joven estadounidense y oriunda de Alabama, Katie, y su pareja, Freddy, indocumentado que llegó a Estados Unidos cuando tenía once años. Tienen tres niños ciudadanos y uno en camino. Y así sucesivamente.

El que menos tiene viviendo en Alabama lleva cinco años. Otros llevan 10, 11, 13, 16, 20 años en este estado. Algunos viven alquilados, otros tienen casa propia.

Todos trabajan aunque hacerlo es un reto: en hoteles, en limpieza de oficinas y tiendas, en plantas procesadoras de alimentos, en campos agrícolas, en la construcción.

Sin licencia de manejar, sin papeles y con la HB 56 conducir al trabajo es una ruleta rusa. “Uno se la está jugando y sale a trabajar sólo porque es su responsabilidad hacerlo. Por mi señora y mi nena porque los Pampers no se compran solos”, indicó el esposo de Lizbeth, que trabaja en un aserradero.

“Todas las mañanas tengo que salir pensando que dejo mi nena dormida y que puede ser la última vez que pueda verla”, declaró.

La hermana de Pedro ejemplifica el temor de realizar labores básicas como comprar comida o ir al doctor.

“Ayer tenía como cuatro semanas de no ir a la tienda. Mis niños sólo estaban comiendo corn flakes, fruta…por mi temor de salir…Antier tenía a los niños bien malos de la gripa pero no los pude llevar al pediatra por temor de salir”, señaló.

Lizbeth indicó que “si es mi turno de que me saquen, pues es mi turno”. “Trabajo todo el día limpiando tiendas con mi mamá. Soy la que maneja. Dejo a mi niña con mi tía y sólo pensar que me arresten y que no pueda volver a verla me rompe el corazón. Esta ley está separando  a muchas familias. No estamos aquí para hacerle daño a nadie. Necesitamos que nos ayuden y que quiten esta ley porque no está haciendo nada bueno por Alabama,  está dañando la economía”, indicó Lizbeth.

Katie, la estadounidense, opinó que la ley es racista. Si los inmigrantes están trabajando, “déjalos trabajar y cuidar a su familia, no les cierren la puerta”. Sobre los políticos que promueven la ley dijo: “qué malos son ustedes, los hispanos sí ayudan mucho aquí en Alabama”. “Y tengo un mensaje para Obama. Por favor, ayude a los hispanos. Ellos lo ayudaron a usted”.

El esposo de Lizbeth señaló que “si el gobernador dice que firmó la ley para abrir trabajos para los americanos que pueden cubrir los trabajos que hacen los inmigrantes, ¿por qué se vio ese bajón tan rápido en la economía? Ha habido escasez de personal en todos lados y no hay quien vaya a comprar a las tiendas porque la gente se está yendo de aquí”, agregó.

Trabaja en los aserraderos de cinco de la mañana a cinco de la tarde por $7.25 la hora. “Cuántos hispanos no hay que han perdido dedos, manos. También trabajé colocando techos, roofing, en casas que a veces son de dos y tres niveles. Es peligroso y en el verano cuando esos shingles se calientan es bien difícil. Si los americanos pueden cubrir los trabajos que hacemos, ¿por qué ninguno llega a cubrir esos puestos que han dejado en las polleras y en los sembradíos?”, preguntó.

El periodista Gabriel Thompson escribió el libro Trabajando en las Sombras: Un año desempeñando los trabajos que (la mayor parte de) los estadounidenses no quieren, donde narra su experiencia de realizar duras labores que los inmigrantes desempeñan por escasa remuneración y bajo precarias condiciones.

Trabajó en una procesadora de pollos en Russellville, Alabama, cercana a Florence. En un reciente artículo en ColorLines sobre la HB 56 y cómo la inmigración benefició a Russellville, escribió que “cuando me establecí en Russellville en el 2008, me dí cuenta de que como ciudadano era increíblemente sencillo “robarme” el trabajo de vuelta…Pero pronto entendí que lo difícil no era obtener el trabajo sino mantenerlo. En un solo turno podían pedirme dividir más de 7,000 pechugas de pollo a mano y cargar y colocar 30 toneladas de carne en una línea de ensamblaje”.

Thompson escribió cómo la inmigración ayudó a Russellville en diversos frentes, incluyendo el estímulo económico como consumidores y comerciantes y lo mismo podría decirse de otras partes del estado.

Como me dijo un joven mexicano en la ciudad de Bessemer, “ya ahorré para montar un negocio pero aquí no nos quieren”.

Y Pedro, uno de esos inmigrantes que como trabajador y consumidor estaba ayudando a Alabama ya está de camino a otro estado.

Su madre, una joven también indocumentada de apenas 20 años de edad, ponderaba desde su cama de hospital qué hacer: aguardar unos meses a ver si la situación para los inmigrantes en Alabama mejora, o simplemente volver a su natal Guatemala con sus dos hijos ciudadanos estadounidenses.

"No sé cómo voy a hacer. Apenas di a luz y no puedo ir a trabajar. No tengo a nadie aquí. Para quedarme aquí necesito dinero para pagar renta y lo que comemos", dice mientras su hijito mayor, de dos años de edad y también ciudadano estadounidense, juega por el cuarto del hospital ajeno a la incertidumbre que vive su madre, y a la de su propio futuro si finalmente la joven vuelve a Guatemala con ellos.

Las circunstancias de la detención de su esposo, lavaplatos en un restaurante, o de su potencial deportación todavía no quedaban claras.

"Si ya no se puede hacer nada por mi esposo, la opción que tengo es regresarme a mi país", señala la joven que lleva cinco años en Estados Unidos.

La ley migratoria HB 56 de Alabama no sólo se ha convertido en un arma de terror para los indocumentados de este estado. Sus hijos, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses, sufren también las consecuencias de una torcida política estatal migratoria.

Se ha reportado ampliamente cómo muchos padres indocumentados optaron por sacar a sus hijos de las escuelas ya sea porque huyeron del estado o están en proceso de irse a otros estados.

Cuando hablamos con la joven madre en el hospital, estaba acompañada por sus vecinos, un joven matrimonio también de Guatemala, indocumentados, que tienen tres hijos ciudadanos estadounidenses. Él lleva 10 años en Estado Unidos y ella lleva ocho.

Su historia es la que se repite a través del estado: no se atreven conducir por miedo a ser detenidos; lo piensan dos veces para ir al mercado a comprar víveres por miedo a ser detenidos; temen ir al doctor por miedo a ser detenidos; temen llevar a sus propios hijos, ciudadanos estadounidenses, al doctor por miedo a ser detenidos; incluso llevar los niños a la escuela se ha tornado en una pesadilla.

"La niña está yendo a la escuela, pero hemos pensado sacarla. Es que da miedo salir porque por cualquier cosa que uno hace lo detienen y si no ha hecho nada, se lo inventan", indica el joven padre.

La Coalición del Interés Hispano de Alabama (HICA, por sus siglas en inglés), no se da abasto con el flujo de citas y llamadas de inmigrantes buscando asesoría de todo tipo, sobre todo para conceder poder legal a familiares o conocidos sobre qué hacer con sus hijos ciudadanos en caso de que ellos sean deportados o qué hacer con sus propiedades.

"Yo ya hice mi carta notarizada dándole un poder temporal a la madrina de mi niño de siete añitos para que me lo lleve a México si soy deportada", nos dijo otra joven madre de Oaxaca, México que lleva 11 años viviendo en Alabama.

El lunes cinco madres ciudadanas estadounidenses y anglosajonas se manifestaron contra la HB 56 frente a la corte federal de distrito argumentando que sus parejas y padres de sus hijos ciudadanos son indocumentados y pueden ser separados de sus familias en cualquier momento. Esto supondrá, dijeron, que en vez de contar con el sostén económico de sus padres los niños terminen dependiendo de la asistencia pública.

"Si no quieren pagar por nuestros hijos, revoquen la ley", dijo una de las mujeres.

Tras un día de escuchar de primera, segunda y tercera mano historias similares sobre el pánico y la incertidumbre que la HB 56 ha generado no sólo entre adultos sino entre niños, muchos de ellos ciudadanos, me pareció irónico escuchar en la radio un anuncio sobre la importancia de los valores familiares y religiosos donde al final el locutor preguntaba, ¿Qué haría Jesucristo?

De hecho, este pasado viernes el Departamento de Justicia apeló el fallo de la jueza federal de distrito de Alabama, Sharon Lovelace Blackburn. Días antes, en un evento con medios  digitales en español, el presidente Barack Obama reiteró que hay que evitar que Estados Unidos tenga un mosaico de 50 leyes migratorias y que por eso es imperante que se apruebe una reforma migratoria amplia.

Pero el debate del surgimiento de las leyes estatales de inmigración ante la ausencia de una reforma migratoria federal se ha tornado en un juego de mutuas recriminaciones donde al final pagan las consecuencias los derechos civiles, la economía y nuestra fibra moral.

Por un lado, el gobierno central argumenta certeramente que la aplicación de las leyes de inmigración es de competencia federal.

De otra parte, quienes han promovido y promueven estas leyes a nivel estatal argumentan que lo hacen porque el gobierno federal ha claudicado en su responsabilidad de implementar la ley federal y que ellos se han visto en la necesidad de aprobar sus propias leyes.

No obstante, como quedó de manifiesto con la SB1070 de Arizona y todavía más con la HB56 de Alabama, que es una SB1070 en esteroides, las motivaciones de estas leyes estatales van más allá de la mera frustración con el gobierno federal. El carácter discriminatorio y anticonstitucional de estas severas leyes está a la vista de todos como también lo están las motivaciones de corte racial.

Es vergonzoso tratar de combatir, según ellos, la inmigración indocumentada atropellando derechos constitucionales y promoviendo el uso de perfiles raciales que tienen el potencial de afectar a todo mundo, incluyendo ciudadanos y residentes legales.

Los rostros llorosos y de preocupación de niños hispanos ciudadanos estadounidenses de Alabama atemorizados porque sus padres indocumentados sean identificados, detenidos o deportados no se justifican con nada. El Noticiero Univisión entrevistó a un jovencito, Damián, temeroso porque su madre es indocumentada,  que lo resumió claramente:

“Quería ser biólogo, pero mi sueño ya no es nada. Soy ciudadano americano, pero de qué me sirve. Mi familia está aquí, pero no puedo estar aquí sin ella, me la van a arrebatar a ella de aquí”.

Y es que la jueza federal de distrito en Alabama dio luz verde a algunas de las cláusulas más terribles de esta ley, entre otras, una que obliga a las escuelas  primarias y secundarias a recabar información sobre la situación migratoria de nuevos estudiantes y de sus padres. Pero aún los que están matriculados piensan dejar de asistir a clases por temor a ser objeto de discriminación o que sus padres sean identificados. Se trata de una cláusula que contraviene el derecho de los niños a recibir una educación independientemente de su situación migratoria.

La ley permite además que se pidan documentos a cualquier persona que se sospecha sea indocumentada y anula contratos con indocumentados para impedir, por ejemplo, que adquieran vivienda.

Si bien es cierto que es clara competencia del gobierno federal aplicar las leyes migratorias, también es cierto que el Congreso sí ha claudicado en su responsabilidad de impulsar una reforma migratoria que evite que la situación de Alabama se siga regando como fuego en pasto seco. Así las cosas, el Departamento de Justicia se ve limitado a seguir apagando incendios aquí y allá.

También es cierto que el gobierno federal, precisamente por no haber reformado sus leyes migratorias, ha reforzado los acuerdos con gobiernos estatales para llevar a cabo labores migratorias con programas como 287(g) y Comunidades Seguras. Esto ha envalentonando y le ha dado alas a quienes promueven una agenda antiinmigrante en la forma de leyes estatales como la HB56.

Alabama tiene amplia experiencia con conductas vergonzosas en la historia de los derechos civiles de este país. Haciendo caso omiso a su propia historia, lastimosamente la repite.

Al ver el debate de los aspirantes a la nominación republicana la semana pasada, me vino a la memoria la película al escuchar a algunos de estos republicanos atacar con todo a cualquier cosa que consideren defensa de los inmigrantes. Y lo hacen elección tras elección, una y otra y otra vez.

Cuando el gobernador de Texas y uno de los aspirantes, Rick Perry, defendió el haber promulgado un DREAM Act en Texas para permitir que los estudiantes indocumentados paguen la misma matrícula que los alumnos residentes, algunos de sus copartidarios saltaron como fieras para esgrimir sus argumentos en contra de los “ilegales”.

Perry dijo que “si ustedes dicen que no debemos educar a niños que vinieron a nuestro estado sólo porque fueron traídos y sin tener ninguna responsabilidad por esa decisión, entonces me parece que ustedes no tienen corazón”.

Cabe aclarar que aunque Perry quiera pintarse como el más moderado y humano aún a expensas de aislar a la base más conservadora en las primarias, en realidad no lo es. Perry promulgó la medida estatal pero se opone al DREAM Act federal que concedería una vía de legalización a estos jóvenes indocumentados que quieren estudiar o servir en las Fuerzas Armadas.

Es decir, que aparentemente Perry tiene corazón en Texas, pero no lo tiene a nivel nacional.

Aclarado esto, es interesante ver la reacción republicana a cualquier comentario migratorio que parezca moderado ante los oídos de una de las audiencias centrales de los debates, la base más conservadora que contribuirá a elegir al candidato presidencial republicano.

Mitt Romney, exgobernador de Massachusetts y otro de los aspirantes, vio el cielo abierto para apelar a esa base conservadora que de todos modos quizá no olvide que Romney llegó a apoyar el plan de reforma migratoria integral promovida por el expresidente republicano George W. Bush, aunque luego se fue alejando más y más de esa postura hasta unirse al club de sus copartidarios que todo lo resuelven diciendo “seguridad fronteriza primero”, incluyendo el propio Perry, y que nunca explican qué hacer con los 11 millones de indocumentados que ellos mismos admiten no pueden deportar.

Al día siguiente del debate, en una reunión de conservadores en la Florida, Romney dijo que oponerse a la “inmigración ilegal” no supone que uno no tenga corazón sino que tiene “corazón y cerebro”.

Pero como los personajes de otra película, el Mago de Oz, últimamente quienes han controlado al Partido Republicano parecen no tener corazón, como el Hombre de Lata, ni cerebro, como el Espantapájaros. Esto último porque no parecen entender los malos cálculos políticos de seguir aislando a los votantes hispanos.

Siguen ignorando la cifra mágica del 40% del voto latino que necesitan para ganar la Casa Blanca. No es ni siquiera una mayoría del voto. Un 40% que les devolvería la viabilidad en la esfera nacional. Siguen ignorando que en la elección general deberán apelar no sólo a esos votantes más conservadores e incluso radicales que necesitan en las primarias, sino a votantes independientes y de minorías, como los hispanos, si es que quieren subsistir. Siguen ignorando que muchos potenciales votantes hispanos ven estos debates.

Como concluyó la firma encuestadora republicana Resurgent Republic, “las posturas republicanas sobre inmigración siguen chocando con la abrumadora mayoría de los votantes hispanos”. Y los ataques al DREAM Act lo ilustran claramente.

Como la marmota cuando sale de su madriguera, se ve la sombra y predice un largo invierno, cada ciclo electoral por lo pasados ocho años los republicanos salen pero permanecen en la sombra por su terquedad de seguir desechando al sector electoral de mayor crecimiento, los hispanos, que podrían contribuir a que su largo invierno fuera de la Casa Blanca llegue a su fin.

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice

El proyecto E-Verify del congresista republicano de Texas, Lamar Smith, que nacionaliza y hace obligatorio el uso de bancos de datos del gobierno para determinar si los nuevos contratados están autorizados para trabajar, enfrentó no sólo la oposición tradicional de grupos pro inmigrantes sino el rechazo y cuestionamiento de grupos conservadores e incluso de algunos republicanos.

Este miércoles el Comité Judicial de la Cámara Baja retoma la discusión del proyecto que enfrenta su prueba de fuego en la presentación de enmiendas a ver si satisfacen las demandas no sólo de demócratas sino de algunos republicanos preocupados por el efecto del plan sobre la industria agrícola. Para acallar a esos críticos Smith presentó otro plan “genial” que pretende traer hasta medio millón de trabajadores agrícolas temporales anualmente en vez de legalizar a los que ya están aquí.

Por su parte, el reporte que emitió un grupo especial de trabajo con recomendaciones para “mejorar” el controvertido programa Comunidades Seguras, no fue precisamente de consenso porque algunos de sus integrantes renunciaron por considerar que las recomendaciones no corrigen las fallas del programa que ha impulsado el alza en la cifra de deportaciones.

Comunidades Seguras permite que policías locales y estatales cotejen las huellas digitales de inmigrantes detenidos con bancos de datos del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y aunque se supone que se enfoque en repatriar a verdaderos criminales, se calcula que 60% de los deportados con el programa no tenían historial criminal o sólo habían cometido delitos menores.

El ex jefe de la Policía de Sacramento, Arturo Venegas, Jr., uno de los integrantes que renunció al grupo, dijo a America’s Voice que “las recomendaciones hechas por la junta no arreglan nada (…) La gente que no merece ser deportada va a seguir siendo deportada  y lo sabemos”. Según Venegas, las recomendaciones no enmiendan las fisuras que Comunidades Seguras ha generado entre los inmigrantes y la policía, desconfianza que irónicamente ha reducido la seguridad de las comunidades.  Por miedo a la deportación menos personas reportan delitos así sean víctimas o testigos.

E-Verify y Comunidades Seguras equivalen a colocar una curita en una herida que requiere sutura.

Smith cree que el E-Verify liberará empleos para los estadounidenses pero, por el contrario, hasta 770,000 personas autorizadas para trabajar podrían perder sus trabajos por los errores que plagan a los bancos de datos; la medida supone además gastos de implementación de hasta 2,600 millones de dólares anuales para las pequeñas empresas que son el motor de la creación de empleos en Estados Unidos.

El E-Verify atenta contra la industria agrícola que depende en gran medida de la mano de obra indocumentada y que ya enfrenta una escasez de brazos que ha resultado en pérdidas millonarias de cosechas o en su traslado a México y Centroamérica. Y con el E-Verify los indocumentados no desaparecerán del país. Simplemente serán remunerados fuera del sistema tributario resultando en menos ingresos para el fisco, hasta 17,300 millones de dólares menos en una década, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Comunidades Seguras, por su parte, no le hace honor al nombre. La falta de confianza es algo muy difícil y a veces imposible de recuperar y en estos momentos para muchos en la comunidad inmigrante la policía es sinónimo de agente de inmigración.  En honor a la verdad, sería mejor que desapareciera si no puede implementarse adecuadamente. Las recomendaciones formuladas apuntan a algunas de las fallas pero señalarlas no implica que en la práctica vayan a verse cambios. 

Desconozco si los motines iniciales cuestionando ambos programas tendrán repercusiones reales sobre el futuro de los mismos.

Lo que sí es real es los dos programas,  el E-Verify, aunque sea enmendado, y Comunidades Seguras “mejorado”,  le hacen honor al refrán que reza que aunque la mona se vista de seda, mona se queda.

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice

En honor a la verdad, me pregunté si sería mucha la diferencia, sobre todo para nuestra comunidad en dos frentes y dos altas tasas: la de desempleo y la de deportaciones.

Nunca he sido dada a creer en discursos de políticos del partido que sea. Por mi trasfondo periodístico, al  llegar a Estados Unidos hace 23 años me registré como votante independiente y así sigo. En el 2008, como otros millones en el país, me cautivó el mensaje de esperanza y cambio que presentó nuestro actual presidente.

Como a otros millones, se me pasó el encanto cuando no ví acciones más concretas en favor de una reforma migratoria integral, pero más cuando en su lugar ví el recrudecimiento de medidas policiales que han resultado en la deportación de más de un millón de personas, la mayoría de los cuales no son criminales.

He criticado que el liderazgo en el frente migratorio haya sido tan tímido, independientemente de que el presidente tuviera que enfrentar la lista de problemas que dejó la pasada administración republicana.

Sé que los políticos prometen hasta la camisa cuando quieren que los elijan, pero siempre me pareció que esa promesa de una reforma migratoria integral en el primer año de su gestión era demasiado simplista y fantasiosa. Sus asesores debieron pensar que millones realmente cifraron sus esperanzas de unidad familiar en esa promesa.

No hay reforma, por ahora, y ya ni llorar es bueno.

La administración anunció nuevas guías discrecionales para priorizar las deportaciones y queda por ver si se sostienen en la práctica, sobre todo entre agentes migratorios que no siempre siguen las directrices de Washington.

Todavía insisto en que la administración puede hacer más sin que medie el Congreso para regular programas como Comunidades Seguras y 287(g) que han sido el motor del alza en las deportaciones. La insistencia en nacionalizar Comunidades Seguras es inquietante e incluso indignante.

Dicho esto, las alternativas que de momento nos ofrece el Partido Republicano dan ganas de llorar.

El debate de los aspirantes republicanos de turno a la nominación presidencial republicana no arrojó nada nuevo: ocho aspirantes, seis hombres anglosajones, un afroamericano y una mujer. El único latino que figuró en el debate fue el presentador de Telemundo, José Díaz-Balart, quien hizo una breve aparición para hacer la pregunta de inmigración que los dos periodistas anglosajones no formularon.

Sus respuestas migratorias: vagas y algunas hasta ofensivas. Repetir la perorata de la seguridad fronteriza antes de hablar de reforma migratoria, a pesar de que el propio gobierno asegura que la frontera es ahora más segura que antes. Evadir qué hacer con los 11 millones de indocumentados que ya viven en Estados Unidos. Sólo dos de ellos dijeron que hay que buscar una solución “humana” aunque no queda claro qué significa eso. Si no ayudaron a su propio presidente republicano, George W. Bush, cuando quiso impulsar una reforma migratoria, qué van a ayudar a un presidente demócrata.

Imaginé el rostro de satisfacción del "terror" de los indocumentados, Lamar Smith, el congresista republicano de Texas que preside el Comité Judicial de la Cámara Baja, si el 7 de noviembre de 2012 amanece con presidente republicano en Casa Blanca, aunque sea uno de esos que promueven soluciones “humanas”.

Imaginé también si ese presidente republicano cumple algunas de las promesas esbozadas por los precandidatos: revocar la reforma de salud, o el Obama Care, como ellos lo llaman; impulsar políticas fiscales que sólo beneficien a los más acaudalados.

Me parece que el presidente Obama ha sido demasiado pasivo al lidiar con el Partido Republicano. A veces actuar con demasiada buena fe se confunde con una debilidad fácil de explotar en las urnas.

A veces las cachetadas con guante blanco no son buena estrategia política con quienes sólo quieren verte fracasar.

No estoy justificando a Obama, pero digamos que le estoy dando el beneficio de la duda como quizá lo hagan otros votantes latinos en 2012.

Las encuestas, empero, evidencian el desgaste latino. Según la firma encuestadora Gallup, el apoyo hispano a Obama cayó a 48%. En 2008 Obama logró 67% del voto latino.

Sería bueno que el Mandatario se sincerara con nuestra comunidad, que dejara de justificar todos estos programas que han lastimado y separado a muchas de nuestras familias, que algunos que le rodean y asesoran dejaran de lado la arrogancia cuando son cuestionados y entendieran que el voto latino que lo ayudó en 2008 puede salvarlo en 2012 de convertirse en presidente de un solo periodo.

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice

Narraba el reporte que las instrucciones de envío de los enseres decían que serían entregados a un “VIP” o una “Persona muy Importante” y que todo debía manejarse con guantes de seda. El día del secuestro de la niñita, el joven hispano se encontraba lavando ropa en casa de su suegra porque su máquina de lavar y su secadora no servían. Ahí fue testigo ocular del secuestro y persiguió en su auto al responsable hasta que pudo frustrar el plagio.

Una persona muy importante o VIP.  Eso es lo menos que muchos sectores piensan sobre los indocumentados porque la falta de un papel los deshumaniza y los vuelve invisibles aunque estén ahí a diario llevando a cabo importantes labores: pizcando lo que comemos, cocinándolo o sirviéndolo en restaurantes, cuidando los hijos de otros, limpiando sus patios, casas y oficinas, construyendo casas y edificios. Otros esperan aportar su profesionalismo en diversos rubros mientras llevan a cabo labores que nada tienen que ver con lo que estudiaron o lo que son porque una vez más su falta de documentos lo impide. Otros más son jóvenes estudiantes que aspiran a convertirse en nuestros futuros líderes si la nación que los vio crecer se los permite.

O como este joven, pueden ser héroes cuya rápida gestión impidió que el secuestro de la niñita terminara en tragedia y lo hizo sin importarle su situación migratoria y si esto finalmente lo afectaría en un estado como Nuevo México donde las políticas estatales sumadas a las federales le hacen a diario la vida de cuadritos a las personas sin documentos.

Indocumentados que muchos usan para avanzar sus agendas políticas: unos que aseguran querer ayudarlos, y otros que los satanizan.

Me imagino que al ser testigo de un crimen el joven tendrá algún tipo de amparo así sea temporal.  Me pregunto cómo el programa Comunidades Seguras que será nacionalizado ha incidido en que menos personas sin documentos quieran colaborar con las autoridades así sean testigos – como este joven-, o víctimas de crímenes. Me cuestiono si la hazaña del joven sería razón de peso para evitar una futura detención o deportación bajo las nuevas guías sobre deportaciones.

¿O qué dirían de la acción de este joven los aspirantes a la nominación presidencial republicana que este miércoles debaten desde la Biblioteca Ronald Reagan en Simi Valley, California? ¿Que las leyes son las leyes y debe ser deportado?

¿Qué diría Ronald Reagan, el presidente republicano que promulgó una verdadera amnistía en 1986? Al promulgarla afirmó que “las cláusulas de legalización de esta acta irán muy lejos en mejorar las vidas de una clase de individuos que ahora tienen que esconderse en las sombras sin acceso a muchos de los beneficios de una sociedad libre y abierta. Muy pronto muchos de estos hombres y mujeres podrán salir a la luz y finalmente, si lo deciden, pueden convertirse en estadounidenses”.

Estoy segura de que muchos de estos aspirantes republicanos, con sus posturas extremistas o a lo sumo ambivalentes y acomodaticias, quisieran borrar esa incómoda página de la amnistía de la historia de su héroe político y de su partido.

El joven héroe, Antonio Díaz Chacón, demostró su brillo como ser humano como tantos otros indocumentados que a diario lo demuestran. La lavadora y secadora que le regalaron sólo le facilitan el quehacer a su familia. Lavar y secar su ropa.

Pero los otros, los mercaderes del sufrimiento y la incertidumbre de esos indocumentados, los que sólo los explotan con fines políticos, necesitan lavarse el alma.

A petición de la familia, no revelaremos nombres ni apellidos de los involucrados en la saga que se inició en mayo pasado cuando el joven, aún menor de edad, fue detenido en su pueblo de Nuevo México, procesado y deportado en medio de la noche a una de las ciudades más peligrosas del planeta. Estando en Juárez cumplió los 18 años de edad.

El joven, que se gradúa de secundaria el año entrante y que podría beneficiarse del DREAM Act, se convirtió en un ejemplo de los excesos de la Patrulla Fronteriza local en ciertos sectores.

En mayo, el joven, traído a Estados Unidos por su familia cuando tenía cinco años de edad, disfrutó de un día de jugar baloncesto y de nadar con sus amistades. Se encontraba en un vehículo con una amiga, legalmente estacionado, cerca de su hogar, y sin haber violado ninguna ley de tránsito cuando fueron abordados por patrulleros fronterizos a más de 100 millas de la franja.

Aparentemente las zapatillas deportivas húmedas del jovencito, o su pelo o ropa húmedos fueron razón suficiente para que se pensara que había acabado de cruzar el río pese a estar a 100 millas de la frontera.

Lo acusaron de ser un individuo que había huido de la Patrulla Fronteriza y al que venían persiguiendo. A su amiga estadounidense la amenazaron con acusarla de contrabando de indocumentados.

En su perfecto inglés, el joven indicó que era un estudiante de secundaria y proveyó el nombre de la escuela.

Pero fue detenido. No tuvo acceso a asesor legal. No pudo notificar a su familia o amistades. Le dijeron que no tendría comunicación con nadie hasta no firmar un formulario de salida “voluntaria”. Tras firmarlo sin saber lo que estaba firmando, dice, lo llevaron a El Paso y de ahí fue deportado a Ciudad Juárez donde vivía en precarias condiciones, en una ciudad plagada de violencia, sin oportunidades y sin ver una luz al final del túnel.

“No me dejaron llamar a nadie. Me dijeron que sólo me permitirían hacer una llamada después que firmara el documento. Me detuvieron a las 9:00 de la noche. Al otro día, a las 8:00 de la mañana, yo ya estaba en Juárez”, nos cuenta.

“Esto cambió mi vida. Me sentía solo. Esto (en Juárez) está muy difícil. Hay mucho criminal. No salía de la casa”, agrega.

David Leopold, abogado del joven, enfrentó escollos por parte de la Patrulla Fronteriza para obtener documentos sobre la detención y deportación de su cliente.

Argumentó que la Patrulla Fronteriza local violó los derechos constitucionales de un menor de edad que a pesar de no tener documentos legales tenía todo el derecho a una audiencia justa de su caso.

Lo detuvieron de noche, de incógnito, sin acceso a su familia, amistades o un asesor legal; no le permitieron una llamada telefónica ni a familiares, amistades, o a alguna organización que lo asesorara previo a firmar su orden de salida “voluntaria”.

Al final, el joven deportado por la Patrulla Fronteriza (CBP) obtuvo un permiso humanitario del USCIS.

Este tipo de alivio no es muy común y se reserva para casos especiales donde las personas deben demostrar circunstancias extraordinarias, explicó el abogado del joven.

“En este caso, el gobierno evaluó cuidadosamente los hechos, entre ellos, que se trata de un joven que lleva la mayor parte de su vida en Estados Unidos y que en esencia fue sumariamente detenido y deportado por la Patrulla Fronteriza en medio de la noche. La conducta atroz de la Patrulla Fronteriza violó abiertamente el debido proceso de ley y los derechos del joven como menor de edad. Retornarlo a Estados Unidos con su familia fue lo correcto”, agregó el abogado.

El joven, uno de los cientos de miles que podría beneficiarse del DREAM Act o de una orden ejecutiva que ampare a este grupo de jóvenes de la deportación, se convirtió por unos meses en una estadística más del millón de deportados por la administración de Barack Obama que siempre ha argumentado que no deporta Soñadores.

Queda por ver si las nuevas directrices anunciadas la semana pasada evitan que otros Soñadores tengan que pasar por la pesadilla que vivió este joven. Y es que a veces las directrices de Washington no siempre coinciden con las acciones sobre el terreno de agencias migratorias que a veces operan bajo sus propias reglas.

“No puedo expresar con palabras lo contento que estoy”, dijo el joven.

Dice que aprendió lecciones en esta prueba: “Que debo amar lo que tengo y no pedir más ….bueno, excepto que se apruebe el DREAM Act porque está difícil para muchos chavalos que están pasando por lo mismo que yo pasé”, concluyó.

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice

Lástima que el alivio llegará muy tarde para muchos que ya fueron removidos sin tener historial criminal y otros que serán removidos en tanto se afinan las directrices.

Es sin duda un paso importante, pero no hay que cantar victoria tan pronto. Como bien dicen, el papel todo lo aguanta y la prueba de fuego estará en la práctica.

Con programas como Comunidades Seguras y 287(g) vigentes queda por ver cómo las directrices de arriba se hacen cumplir sobre el terreno y si el gran anuncio se queda corto en el día a día de las diversas agencias que tienen injerencia en la detención y eventual remoción de inmigrantes.

Hay sectores de esta nación donde, por ejemplo, la Patrulla Fronteriza opera con impunidad y casi con sus propias reglas. Hay familias que viven lejos de la frontera pero casi en estado de sitio con temor incluso a salir de sus hogares para las necesidades básicas para no convertirse en una estadística más.

Y las estadísticas ignoran el drama que vive cada familia cuando uno de los suyos es deportado sin remedio.

Este anuncio ha generado además mucha confusión. Aunque aplica a unos 300 mil casos de personas en proceso de deportación, también puede potencialmente beneficiar a miles, no como grupos sino de manera individual: estudiantes, menores de edad, familiares de personal militar, residentes legales, parejas del mismo sexo, víctimas de violencia doméstica, discapacitados, padres o madres que sean el único sostén en la crianza de sus hijos, personas con profundos lazos en la comunidad. En fin, una larga lista de condiciones que podrían evitar que una persona sea deportada.

Pero hay que aclarar que eso no supone que si una persona cae en una de esas categorías automáticamente no es deportable.

Tampoco supone que se haya declarado una moratoria a las deportaciones. Estas seguirán. Supuestamente habrá mayor cuidado al decidir quién es deportable, pero las deportaciones seguirán.

Mientras no haya una solución amplia, como una reforma migratoria integral, el riesgo a la detención y eventual deportación siguen presentes.

Se hacen presentes también los usureros y notarios inescrupulosos que comienzan a venderle falsas expectativas de ajuste migratorio a personas desesperadas por una solución. Este caso no será la excepción.

En nada contribuyen los sectores opuestos al cambio como los demagogos republicanos que tal y como se anticipaba, tildaron el anuncio de “amnistía” solapada.

Pero también seguirán en pie los programas que han contribuido a disparar esa cifra de deportados. Con todo y los cambios anunciados, Comunidades Seguras se apresta a nacionalizarse y de manera obligatoria.

Muchos de los deportados bajo este programa no tenían historial criminal.

Curiosamente el anuncio de la administración se produjo la misma semana en que una audiencia pública en Los Ángeles, California, en torno a Comunidades Seguras resultó en ruidosas protestas. A pesar de haberse integrado una junta asesora que se supone presente al DHS recomendaciones para atender las quejas de quienes aseguran que, entre otras cosas, el programa mina la confianza entre las agencias del orden y las comunidades haciéndolas irónicamente inseguras, el DHS se adelantó a las recomendaciones, anuló los acuerdos vigentes en diversas ciudades y anunció que sigue adelante con sus planes de nacionalizar el controversial programa.

La administración sabe que hay frustración en la comunidad hispana ante la falta de una reforma; sabe que hay dolor en esa comunidad porque los deportados son familiares o conocidos incluso de votantes latinos que con tanto entusiasmo ayudaron a que Barack Obama ganara la presidencia en el 2008.

La administración sabe que en las elecciones de 2012 necesita cada voto para reelegirse y compensar por quienes abandonen el barco ya sea por la economía o por el mismo tema migratorio. Sabe que tiene que demostrar con algún hecho tanta promesa pendiente.

Queda por ver si los cambios sólo buscan aplacar ese descontento entre algunos sectores hispanos o si realmente resultarán en algún alivio.

No quiero ser pesimista. Pero sé que los cambios toman tiempo sobre todo cuando se trata de poner un hasta aquí a las malas costumbres arraigadas de algunas agencias migratorias.

Como Santo Tomás, tendré que ver para creer.

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice

Y agregó: “marché con ustedes en las calles de Chicago, luché por ustedes en el Senado, y haré (de la reforma migratoria) una prioridad en mi primer año como presidente de Estados Unidos”.

A principios de 2010 y sin haberse cumplido la promesa en el 2009, NCLR promovió el video titulado “Le Tenemos que Recordar” instando a la comunidad latina a refrescarle la memoria a Obama de que la promesa no se había concretado.

El video abría diciendo que “a veces estamos tan ocupados que se nos olvidan las promesas que hicimos”.

Mucho ha ocurrido desde 2008 y no en favor de la reforma migratoria.

La semana que viene Obama retorna a la reunión anual de NCLR, esta vez en su propio patio, en Washington, D.C., sede del gobierno federal donde se empantanó esa reforma y desde donde debe emanar una solución integral a nuestro dilema migratorio.  A nivel administrativo lo único que “progresó” fue la ampliación de programas policiales como 287(g) y Comunidades Seguras batiendo récords de deportaciones; a nivel legislativo lo único aprobado son más medidas policiales republicanas mientras otras aguardan su turno; y a nivel estatal florecen medidas antiinmigrantes que aunque terminan ante tribunales, siguen generando una atmósfera adversa para la comunidad inmigrante con consecuencias humanas y económicas palpables.

Obama habla ante la principal organización hispana de la nación a 17 meses de las elecciones donde busca reelegirse con la ayuda del voto latino que conquistó en el 2008 contra todos los pronósticos y en gran parte, sobre todo en estados clave para ganar la presidencia, por esa promesa de reforma.

La presidenta de NCLR, Janet Murguía, ofreciendo un adelanto de la conferencia, reconoció que Obama tiene por delante la tarea de “convencer” a los votantes latinos de que su compromiso con la reforma migratoria es real.

Digamos que el compromiso ya se sabe que existe como también se sabe que no es realista anticipar una reforma migratoria amplia antes de las elecciones. Pero si Obama va a decir que lo ayuden a reelegirse porque en su segundo mandato sí se va a poder, cuando menos debería sentar las bases de un esfuerzo genuino en pos de esa reforma. El récord no sólo debe consistir de discursos y deportaciones.

Y el panorama electoral no es tan fácil como pinta. Obama y su equipo de campaña tienen que estar prendiendo velas para que la economía repunte porque una alta tasa de desempleo es el mayor estímulo para no votar o para el voto de castigo. Una alta tasa de desempleo que afecta grandemente a los hispanos.

Aunque falta un mundo en términos electorales, si la economía no mejora, Obama necesitará todos y cada uno de los votos de su base y de la coalición que le dio el triunfo en el 2008.

Para el voto latino, la economía y la inmigración son fundamentales. Recientes sondeos, como el de Latino Decisions para ImpreMedia, demuestran que la inmigración es importante y definitoria para los votantes hispanos porque los toca de cerca ya sea por vínculos familiares, de amistad,  de experiencia propia o sencillamente de solidaridad con una comunidad inmigrante que esperaba alivio pero ha encontrado desesperanza.

El viernes, en otra rueda de prensa en la Casa Blanca, hablando sobre la necesidad de colaboración en la búsqueda de un acuerdo al tranque de reducción del déficit, Obama declaró que los estadounidenses no quieren poses políticas ni frases bonitas sino soluciones reales a los problemas que nos aquejan.

Seguramente la semana entrante en la conferencia de NCLR veremos poses y escucharemos frases bonitas sin que se vislumbre todavía una solución al problema migratorio.

No nos cegamos. Sabemos que muchas veces no pueden producirse resultados con un Partido Republicano repleto de demagogos que sólo buscan entorpecer y no solucionar.

Y quizá Obama no le ha dado la espalda totalmente a la reforma migratoria, pero necesitamos que ataje de frente a esos mercaderes del miedo y la demagogia y demuestre con algún hecho concreto y sin timidez que en su segundo (y potencial) mandato habrá una luz al final de túnel para nuestra comunidad inmigrante.

Los planes de legalización que se han presentado desde entonces, y sin éxito, son tan exigentes que incluso algunos republicanos, como el senador de Carolina del Sur y ex promotor de la reforma migratoria amplia, Lindsey Graham, llegaron a bromear diciendo que sus familiares no podrían llenar todos los requisitos. Aún así han sido tachados de amnistías.

Ahora, sin legislación en puerta que puedan describir como amnistía, el plan republicano es acusar a la administración de Barack Obama de estar ofreciendo “amnistía administrativa”. Es decir, de querer pasar por alto al Congreso para “legalizar” indocumentados.

El pasado 5 de julio, Lamar Smith, el congresista republicano de Texas que preside el panel Judicial de la Cámara de Representantes, fue más allá y le escribió una carta a la Secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Janet Napolitano, advirtiéndole que cese y desista de planes de conceder “amnistía administrativa” a millones de indocumentados.

La preocupación de Smith emana de los recientes memorandos emitidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) sobre la discreción que pueden ejercer los funcionarios locales en decidir quiénes deben ser prioridad de la agencia en el proceso de deportación.

El memorando sobre la discreción de los funcionarios enumera una serie de factores que deben considerarse a la hora de priorizar las deportaciones para concentrarse en quienes suponen una verdadera amenaza a nuestra seguridad o, por ejemplo, jóvenes estudiantes indocumentados que llevan toda su vida residiendo aquí, no ingresaron ilegalmente por cuenta propia y quieren estudiar o servir en las Fuerzas Armadas.

Pero en la carta Smith señala que “en años recientes el Congreso ha rechazado repetidamente legislaciones de amnistías masivas”. “El Senado derrotó la amnistía del DREAM Act en la sesión saliente del pasado Congreso. Los planes del DHS de abrir la puerta a una masiva legalización administrativa representan un rechazo a las prerrogativas constitucionales del Congreso y un absoluto desdén a los deseos de los estadounidense expresados por sus representantes electos”.

Debe referirse al 67% de los electores estadounidenses que apoyan una reforma migratoria amplia sin conocer todos sus detalles o al 81% que la apoya cuando conoce los detalles; o al 60% que apoya el DREAM Act, incluyendo 57% de los republicanos.

Parece que Smith no escuchó a Napolitano decir en una audiencia del Senado sobre el DREAM Act que no hay planes de conceder alivios administrativos a grupos de inmigrantes, como a los jóvenes que se beneficiarían del DREAM Act, algo que han estado solicitando, sin éxito, los propios jóvenes y grupos pro inmigrantes: un amparo de la deportación como grupo o clase.

Por el contrario, Napolitano enfatizó que las decisiones se seguirán tomando individualmente, como se ha venido haciendo hasta ahora, y en el caso de los jóvenes indocumentados, luego de intensas y desgastantes campañas de intervención.

Y Smith también se ajusta como mejor le acomoda porque en el pasado defendió la discreción que ahora tanto condena instando al presidente Bill Clinton a utilizarla para proteger de la deportación a familiares de ciudadanos estadounidenses.

Pero recordemos que a Smith le gusta estirar la verdad o mejor dicho, su verdad. Seguro que con el anuncio de que la tasa de desempleo subió a 9.2% dirá que es razón suficiente para aprobar su proyecto de nacionalización y obligatoriedad del E-Verify que sigue vendiendo como un plan de creación de empleos.

Lo triste es que el cuento del cuco y la "amnistía" sigue intimidando a más de uno y esta administración y este Congreso no parecen ser la excepción.

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice

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El nivel de aprobación de 62% es mayor que el 50% registrado entre la población estadounidense en general.

Pero no hay que ser una lumbrera para concluir que por los pasados siete años, desde que el republicano George W. Bush obtuvo 44% del voto latino en una elección general, los hispanos no han contado con muchas alternativas entre las cuales escoger.

Y ojo. No estoy pasando revista por el desempeño en general del presidente Obama porque sus esfuerzos en rubros como la salud y la educación, entre otros, aunque criticados por algunos sectores, han sido positivos para nuestra comunidad.

En el rubro migratorio, empero, la retórica no es equiparable a la realidad y quien prometió legalización ha terminando deportando a cifras récord de inmigrantes ampliando programas controversiales como Comunidades Seguras y 287(g).

Entiendo que es el Congreso quien aprueba o rechaza proyectos de ley y que el presidente no puede actuar solo, pero también entiendo la diferencia entre un esfuerzo real y uno a medio cocer.

Ahora se avecina otra prueba del compromiso. 

La semana pasada el presidente no respondió si vetaría un proyecto de ley de nacionalización y obligatoriedad del E-Verify si no incluye un plan de legalización. Obama navegó muy bien por las dos aguas diciendo que el programa E-Verify, para determinar si los nuevos trabajadores tienen sus documentos en regla, está plagado de errores que pueden lastimar a trabajadores autorizados y que debería contemplarse en el marco de una reforma migratoria integral que volvió a defender. Pero también dijo que el E-Verify puede ser una herramienta efectiva si se le aplican los cambios requeridos.

Si bien es cierto que no suelen emitirse amenazas de veto tan temprano en el proceso legislativo, cuando el proyecto ni siquiera ha sido debatido y calificado a nivel de comité, también es cierto que existe un nivel de preocupación por el mensaje que enviaría la potencial promulgación por parte de este presidente de un proyecto E-Verify, uno de los pilares de la agenda de los republicanos que sólo promueven medidas policiales sin querer lidiar con la población indocumentada, excepto para deportarla.

Es el concepto del “desgaste mediante la aplicación de leyes”, es decir, hacerle la vida tan complicada a este sector que terminará autodeportándose, aunque en la práctica eso no ocurra y permanezcamos con 11 millones de indocumentados en nuestro entorno ignorando las ramificaciones económicas, humanitarias y de seguridad que eso supone.

El problema es que los llamados a los republicanos para que acudan a la mesa y apoyen políticas sensatas desde todos los puntos de vista, incluyendo el de intereses políticos, han caído en oídos sordos.

Figuras republicanas siguen culpando a los inmigrantes de todos los males, incluyendo los incendios en Arizona, como hizo el otrora paladín de la reforma migratoria, John McCain, senador de ese estado.

El autor del proyecto E-Verify en la Cámara Baja, el congresista republicano de Texas, Lamar Smith, piensa que la alta tasa de desempleo responde a que los indocumentados les quitan trabajos a los estadounidenses y que por eso el E-Verify, que vende como un plan de creación de trabajos, es necesario.

La semana pasada, en la primera audiencia senatorial en torno al proyecto de legalización de jóvenes indocumentados DREAM Act, se escuchó, como en diciembre pasado, a senadores republicanos oponerse a la medida de alcance limitado, como el caso del senador republicano de Texas, John Cornyn, y comparar a los jóvenes estudiantes con criminales.

También la semana pasada, Mo Brooks, un congresista republicano de Alabama,  estado que acaba de promulgar una severa ley antiinmigrante,  declaró que para combatir la presencia de indocumentados haría todo lo que fuera, “excepto dispararles”. “Hay que hacerlo porque los ilegales tienen que dejar de quitarles trabajos a los estadounidenses”, afirmó.

Las avestruces republicanas no pueden ser una alternativa seria y real para los votantes latinos mientras sus directores de alcance hispano sean los Smith, Cornyns o los Brooks o incluso el McCain post 2007.

Tampoco habrá una competencia real por el voto latino que según la Asociación Nacional de Funcionarios Electos y Designados (NALEO) llegará a 12.2 millones de electores en el 2012, batiendo el récord de 10 millones en 2008.

“Este electorado ha demostrado que no puede darse por un hecho por ninguno de los dos partidos. Las campañas deben mejorar sus estrategias para llegar a todos los votantes latinos, a los nacidos aquí y los naturalizados. Los hispanos jugaron un papel central en la elección de 2008  y van a determinar quién será juramentado (como presidente) el 20 de enero de 2013", afirmó Arturo Vargas, director ejecutivo de NALEO.

Con todo, los resultados de sondeos como el de Ipsos para Telemundo no deben interpretarse como que los demócratas ya tienen todo resuelto. Las cifras suben y bajan y los votos también. A 17 meses de la elección nada está escrito en piedra.

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice

WASHINGTON - Aunque en su rueda de prensa el presidente Barack Obama no respondió si vetaría un proyecto de nacionalización y obligatoriedad del E-Verify si llega a su escritorio, sí afirmó que el sistema de verificación está lleno de errores que podrían afectar a trabajadores autorizados y negocios y que debe considerarse en el marco de una reforma migratoria. Lo escrito en el documento de la Casa Blanca sobre la reforma migratoria, ahora lo dijo el presidente.

Casi al mismo tiempo de la rueda de prensa, jóvenes que luchan por el proyecto DREAM Act que los legalizaría se manifestaban frente a la Casa Blanca pidiendo al presidente que los proteja de la deportación mediante una orden ejecutiva. Pero la batalla legislativa en puerta es sobre el proyecto E-Verify que presentaron los legisladores republicanos Lamar Smith (Texas) y Charles Grassley (Iowa) en la Cámara Baja y el Senado, respectivamente.

La corresponsal en Washington del diario La Opinión, Antonieta Cádiz, le preguntó a Obama si vetaría el proyecto E-Verify si no incluye la legalización de indocumentados. La medida busca nacionalizar y hacer obligatorio el sistema electrónico que coteja la información de los nuevos contratados con los bancos de datos de la Administración del Seguro Social (SSA) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para ver si están autorizados para trabajar.

"Con respecto a E-Verify, necesitamos la reforma migratoria integral", afirmó Obama.

"Necesitamos un mecanismo más balanceado que sólo un sistema de verificación de identidad", afirmó el presidente.

Obama también recalcó que el sistema E-Verify está lleno de errores y puede afectar a trabajadores autorizados.

"El E-Verify puede ser una pieza importante de aplicación de leyes si no está plagado de errores, si los ciudadanos estadounidenses están protegidos porque lo que no quiero es una situación en la cual los empleadores estén obligados a implementar un sistema que no están seguros que trabaja y no queremos exponerlos a los riesgos de rechazar un candidato a un trabajo porque la lista dice que esa persona es un inmigrante indocumentado y resulta que no lo es. No sería justo para el empleado y para el empleador que también podría meterse en aprietos", afirmó Obama.

"El objetivo ahora mismo es seguir trabajando para perfeccionar el sistema E-Verify y para garantizar que tenga los salvaguardas que prevengan ese tipo de escenarios", agregó.

De hecho, se calcula que bajo el sistema E-Verify, los ciudadanos naturalizados y los residentes permanentes tienen 32 veces y 10 veces, respectivamente, más probabilidades de figurar como "no" autorizados para trabajar que ciudadanos nacidos en Estados Unidos.

Según datos del propio gobierno, en más 50% de las ocasiones el programa no identifica adecuadamente a los trabajadores indocumentados.

Se calcula además que 3.6 millones de trabajadores estadounidenses tendrían que corregir su información en los bancos de datos y que unos 770,000 trabajadores autorizados podrían perder sus empleos por errores en esos bancos de datos.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) concluyó que el E-Verify nacional y obligatorio reduciría los ingresos federales en $17,300 millones en un lapso de diez años porque habría un alza en la cifra de trabajadores sin documentos que  recibirían pagos en efectivo, por debajo de la mesa y fuera del sistema tributario.

Pero Smith vende la medida como un plan de creación de empleos. El E-Verify nacional y obligatorio, según Smith,  liberará puestos de trabajo para los estadounidenses. Se calcula que hay ocho millones de trabajadores indocumentados en nuestra economía y Smith cree que desaparecerán por arte de magia gracias al E-Verify; que no permanecerán aquí sujetos a mayor explotación y recibiendo salarios fuera del sistema tributario.

"El presidente no respondió si vetaría esta legislación si llegara a su escritorio y típicamente los presidentes no lanzan amenazas de veto a menos que y hasta que no vean los detalles de la legislación que esté a punto de emerger del Congreso. Si los demócratas en la Cámara Baja y en el Senado se mantienen firmes y hacen claro que esta estratagema del E-Verify obligatorio es una farsa que lastimará a estadounidenses e inmigrantes por igual, el proyecto no llegará a su escritorio. Pero si llega, esperamos que el presidente traducirá su firme postura de hoy en un valeroso veto", declaró Frank Sharry, director ejecutivo de America's Voice.

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America's Voice

WASHINGTON -  Otro año, otra graduación simulada y su sueño sigue sin concretarse. Más de 200 jóvenes indocumentados abarrotaron un salón del Senado para recordarle a la administración Obama que necesitan que los ampare de la deportación mediante una orden ejecutiva en tanto se aprueba el proyecto DREAM Act que los legalizaría. De hecho, entregaron reconocimientos de "graduación" a jóvenes que están o han estado en proceso de deportación.

Bajo el lema 'Educación, No Deportación' y tras la rueda de prensa que ofrecería el presidente Barack Obama, los jóvenes acudieron al Parque Lafayette frente a la Casa Blanca a pedirle que su campaña de reelección no use el tema del DREAM Act para recaudar fondos de campaña "mientras su administración sigue deteniéndonos, arrestándonos y deportándonos".

El senador demócrata de Illinois, Richard Durbin, autor del proyecto y a quienes los jóvenes llaman "el Padre del DREAM Act", apuntó que el salón donde se congregaron los jóvenes, el Kennedy Caucus Room, está lleno de historia pues se han celebrado audiencias desde el hundimiento del Titanic a la guerra de Vietnam y el escándalo Watergate. Un salón donde John F. Kennedy y Robert Kennedy anunciaron sus candidaturas presidenciales en 1960 y 1968.

"Este es un salón de historia estadounidense y ustedes están aquí para escribir otro capítulo de la historia estadounidense", declaró Durbin.

"Les pido perdón porque no he terminado el trabajo que empecé hace diez años, pero lo terminaré",  prometió Durbin quien presentó el proyecto de ley hace una década.

José Antonio Vargas, el periodista de origen filipino que provocó revuelo al revelar que es indocumentado y que así laboró en prestigiosas publicaciones, ganando incluso el Premio Pulitzer, fue uno de los oradores del evento. Señaló que "Estados Unidos tiene que hablar de nosotros, sus hijos ilegítimos, pero eso requerirá de nosotros", afirmó al convocar a los jóvenes a seguir narrando sus historias para que los estadounidenses entiendan que la legalización de estos jóvenes beneficia a toda la nación. "Lleven el asunto a la gente que piensa que nos odian, pero no nos odian, no nos conocen", dijo Vargas.

La constante del evento fue un mensaje al presidente Obama para que gire una orden ejecutiva que los ampare de la deportación, aunque la administración ha sido muy clara en que no habrá ninguna acción ejecutiva que proteja a los Soñadores como clase sino que se considerarán los casos de manera individual.

En una audiencia del Senado el martes, la Secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Janet Napolitano, fue muy clara en recalcar que el DREAM Act no se obtendrá por la vía administrativa.

Napolitano se refiere a la solicitud formulada al presidente Obama por los propios jóvenes,  por grupos que promueven el DREAM Act y por senadores demócratas para que utilice su poder ejecutivo y gire una orden que ampare de la deportación a estos jóvenes no caso por caso sino como clase o grupo mediante la acción diferida mientras se logra la aprobación del proyecto ya sea de forma independiente o como parte de una reforma migratoria integral.

"El presidente ha sido muy firme en esto. En reuniones con grupos que desean que él aborde el tema de manera administrativa, ha dicho que no. Le corresponde al Congreso debatir esto", afirmó Napolitano.

La funcionaria, empero, enfatizó que esos jóvenes no constituyen una prioridad en los esfuerzos de deportación de la agencia.

Sin embargo, muchos jóvenes, como los que asistieron al evento, siguen enfrentando y batallando órdenes de deportación. Las acciones diferidas se han concedido caso por caso.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) emitió un memorando sobre la discreción de funcionarios migratorios en decidir quién es deportado. El documento contempla 19 factores, muchos de los cuales aplican a los Soñadores: si la persona arribó cuando era niño/a, si tiene lazos con la comunidad, si llenaría los requisitos para legalizarse en un futuro programa, si se ha graduado de una escuela secundaria en Estados Unidos y continuó o planifica continuar estudios universitarios.

Pero los jóvenes argumentan que no es garantía de que puedan ser detenidos o deportados.

"Mi mensaje para el presidente Barack Obama, el presidente que más admiro, es que tiene que ejercer liderazgo, lo necesitamos", dijo Mariano Cardoso, un estudiante de Matemáticas que quiere ser Ingeniero. Lleva 21 años de sus 23 años en Estados Unidos y enfrentó un proceso de deportación que duró casi tres años. Su deportación fue diferida tras la intervención del gobernador de Connecticut en su favor.

A nivel legislativo no hay señales de que el proyecto pueda avanzar en una Cámara Baja de mayoría republicana y en un Senado donde el proyecto se quedó corto en diciembre pasado por escasos cinco votos.

Durbin dijo que mantendrán la firme campaña buscando apoyo de diversos sectores en las próximas semanas y meses.

Los jóvenes prometieron seguir presionando al presidente para que los ampare mientras la legislación se concreta.

"Si el presidente nos da la espalda, también le daremos la espalda", indicaron mientras dieron la espalda a las cámaras que cubrían su evento.

Su lucha continúa.

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America's Voice

Las partes a favor y en contra del proyecto que aguarda avanzar hace una década expusieron los puntos que ya conocemos. Por un lado, los demócratas hablaron de cómo se trata de jóvenes que no deben pagar por las acciones de otros, que sólo quieren contribuir a Estados Unidos con su talento,  profesionalismo y servir en las Fuerzas Armadas; que representan una ganancia económica para este país,  para su competitividad mundial, y para su seguridad . De otra parte, se escucharon los argumentos republicanos de siempre: igualar el DREAM Act con una amnistía y equiparar a los beneficiarios, los Soñadores, con criminales.

La Secretaria de Seguridad Interna (DHS), Janet Napolitano, instó a la aprobación del proyecto de ley en tanto puede concretarse una reforma migratoria integral.

Fue muy clara, empero, en recalcar que a pesar de los que estén solicitando algunos grupos, el DREAM Act no se obtendrá por la vía administrativa.

Napolitano se refiere a la solicitud formulada al presidente Obama por los propios jóvenes,  por grupos que promueven el DREAM Act y por senadores demócratas para que utilice su poder ejecutivo y gire una orden que ampare de la deportación a estos jóvenes no caso por caso sino como clase o grupo mediante la acción diferida mientras se logra la aprobación del proyecto ya sea de forma independiente o como parte de una reforma migratoria integral.

"El presidente ha sido muy firme en esto. En reuniones con grupos que desean que él aborde el tema de manera administrativa ha dicho que no. Le corresponde al Congreso debatir esto", afirmó Napolitano.

La funcionaria, empero, enfatizó que esos jóvenes no constituyen una prioridad en los esfuerzos de deportación de la agencia.

Sin embargo, muchos jóvenes siguen enfrentando y batallando órdenes de deportación. Las acciones diferidas se han concedido caso por caso.

El senador republicano de Iowa, Charles Grassley, cree que las nuevas directrices del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de prioridades sobre deportaciones supondrán una "amnistía" para los Soñadores y le pidió a Napolitano que lo mantenga informado sobre cada acción diferida individual que se conceda.

Esta es sólo una pequeña muestra de lo que enfrentaría la administración Obama de parte de los republicanos si considerara una orden ejecutiva para amparar a los Soñadores como clase: que está pasando por alto al Congreso para conceder amnistías.

Pero quizá la mejor prueba de por qué no han avanzado ni la reforma migratoria amplia ni el DREAM Act en el Congreso la ofreció el senador republicano Cornyn, de Texas.

Cornyn es una de las figuras republicanas que en el pasado ha auspiciado planes bipartidistas de reforma migratoria integral para luego torpedearlos.

Una de sus mejores joyitas de la audiencia fue cuando dijo estar "decepcionado" de que el presidente Obama no haya cumplido con su promesa de promulgar una reforma migratoria integral en el primer año de su gestión.

"No cumplió su promesa y me siento decepcionado de su falta de liderazgo", declaró Cornyn.

También se lamentó de que el tema migratorio se emplee como arma política.

Lo dice quien siempre usa el asunto como arma política para atizar a su base y quien a cada paso ha entorpecido cualquier esfuerzo de impulsar esa reforma y el DREAM Act.

Cornyn cree que declararse decepcionado de Obama o del liderazgo demócrata es suficiente para encubrir el enorme papel que su Partido Republicano ha tenido en desviar tanto el DREAM Act como la reforma amplia.

Si bien es cierto que algunos sectores habrían querido ver un mayor liderazgo demócrata en el impulso de la reforma o del DREAM Act, también es cierto que para aprobarse en el Congreso no puede hacerse con un solo partido porque no todos los demócratas apoyan las medidas. En diciembre pasado el DREAM Act murió en el Senado por cinco votos. Los cinco demócratas que votaron en contra habrían  hecho la diferencia, pero también la habrían hecho cinco de los 36 republicanos que se opusieron a avanzar la medida. Se necesitan votos republicanos, los mismos votos que Cornyn no ha ayudado a conseguir aunque siempre cacarea de lo quebrantado de nuestro sistema migratorio.

Las reiteraciones a favor del DREAM Act son siempre bienvenidas porque no hay que quitar el dedo del renglón. Se trata de un proyecto de ley justo y necesario. Lamentablemente no se conseguirá mientras cínicos como Cornyn sólo critiquen y no cooperen.

Ante la falta de una orden ejecutiva que ampare de la deportación, como clase, a jóvenes indocumentados que llenen los requisitos del DREAM Act, algunos sectores esperan que esas nuevas directrices de ICE sobre la discreción de los funcionarios en decidir quién es o no es deportado ofrezcan cierto alivio a los Soñadores.

El memorando con los 19 factores a considerar para determinar si alguien debe ser deportado no es, empero, el remedio ni la varita mágica para lidiar con los jóvenes sin documentos traídos por padres o familiares que terminan pagando por acciones de otros aunque sólo quieran contribuir al único país que conocen como su hogar mediante su profesionalismo y su servicio militar.

Así lo ilustró la semana pasada el caso del joven y destacado periodista oriundo de las Filipinas, José Antonio Vargas, al revelar que es indocumentado. El ganador del premio Pulitzer en 2007 trabajó en reconocidas publicaciones, incluyendo el diario The Washington Post. Es ejemplo de los logros que alcanzan jóvenes indocumentados que son estadounidenses en todo el sentido de la palabra excepto por los documentos que lo oficialicen.

El memorando de ICE, empero, no debe confundirse con la orden ejecutiva que por meses los jóvenes y grupos pro inmigrantes le vienen solicitando a la administración de Barack Obama para conceder alivio administrativo de la deportación a estos jóvenes mediante la acción diferida. La Casa Blanca puede girar la orden pero las consideraciones político partidistas se lo impiden. Su argumento es que no pueden pasar por alto al Congreso, aunque se haga en otros asuntos.

Y por si acaso, figuras republicanas como Lamar Smith, presidente del panel Judicial de la Cámara Baja, quieren evitar que Obama utilice su poder ejecutivo para frenar ciertas deportaciones. Así lo busca con su proyecto de ley HALT aunque en 1999 firmó una carta bipartidista solicitando a la administración Clinton emplear la discreción para evitar la deportación de familiares de ciudadanos estadounidenses. Ah, la hipocresía.

A nivel legislativo la lucha es cuesta arriba.

“He estado trabajando por el DREAM Act por más de diez años. En ese tiempo (la medida) ha sido reportada fuera de comité, se aprobó en la Cámara de Representantes y obtuvo el voto de una mayoría bipartidista en el Senado sólo para caer víctima de maniobras dilatorias”, declaró el autor del proyecto DREAM Act, presentado nuevamente este año, el senador demócrata de Illinois, Richard Durbin, quien presidirá la audiencia.

Gaby Pacheco, de United We Dream, y una de las líderes nacionales del movimiento estudiantil, señaló que la audiencia es señal de que la legislación “sigue vivita y coleando” y también permite acallar uno de los argumentos republicanos para oponerse al proyecto: que ni siquiera se ha discutido a nivel de comité.

En diciembre pasado, al cierre del Congreso 111, la medida progresó en la Cámara Baja pero en el Senado, donde se requerían 60 votos se quedaron cortos por cinco. Al final, 41 senadores votaron en contra de avanzar el proyecto, 36 republicanos y cinco demócratas.

Sin DREAM Act y sin orden ejecutiva, la opción sigue siendo emitir decisiones caso por caso casi siempre aguardando a que el joven esté al borde de la deportación para otorgarle algún alivio temporal.

Pero el memorando de ICE sobre la discreción de funcionarios migratorios contempla 19 factores y varios aplican a los Soñadores: si la persona arribó cuando era niño/a, si tiene lazos con la comunidad, si llenaría los requisitos para legalizarse en un futuro programa, si se ha graduado de una escuela secundaria en Estados Unidos y continuó o planifica continuar estudios universitarios.

No obstante, ni la administración ni el Congreso deben pensar que con esto ya pueden lavarse las manos.

La solución sigue siendo que el Congreso apruebe el proyecto o que el presidente gire una orden ejecutiva. “Desafortunadamente no ha habido respuesta del presidente… De un lado los republicanos siguen hostigando a la comunidad inmigrante y de otra parte los demócratas y más que nadie el presidente, parecen temer a enfrentar a los republicanos o no existe el apetito de liderar para hacer algo que es importante para nuestra comunidad”, opinó Pacheco.

El memorando de ICE ofrece lineamientos pero ejercer la discreción no es garantía de que siempre se tome la decisión correcta.

Por eso mismo no es sustituto de la acción administrativa que ampararía a todos estos jóvenes de la deportación mientras en el Congreso a algunos le salen las agallas necesarias para apoyar la legislación que permitiría que dejen de utilizarse recursos para deportar a jóvenes que sólo quieren contribuir al progreso económico y a la seguridad de nuestra nación.

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America's Voice

Con la suave brisa tropical que viene del mar llegó Barack Obama a Puerto Rico.

Y algunos se preguntarán qué busca el presidente en el territorio cuyos residentes son ciudadanos estadounidenses pero no pueden votar en las elecciones generales aunque sí en las primarias.

La respuesta es simple: fondos de campaña y generar simpatía entre los millones de boricuas que vivimos en la banda acá y sí votamos en las generales.

No sé si como El Jibarito, Obama vaya loco de contento, pero sí sé que la visita relámpago le permitiría sacar un buen cargamento de dolaritos mientras envía un mensaje a los puertorriqueños que sí votan en Estados Unidos de que hay preocupación por el futuro de la Isla del Encanto atormentada por el desempleo, la criminalidad, la violencia doméstica, y la corrupción de funcionarios públicos, entre una larga lista de cosas.

Debería ir más a menudo para que pinten edificios, tapen boquetes en calles y avenidas y para que por un momento pensemos que realmente le importamos algo al presidente de turno.

Pero además de dólares, busca votos de los boricuas de acá, sobre todo de aquellos que radican en estados clave para su reelección presidencial, como es el caso de la Florida y el botín de votos puertorriqueños concentrado en el llamado corredor I-4 de la Florida Central.

Los votantes latinos fueron instrumentales en el triunfo de Obama en el 2008. De cara a 2012 y sin haber concretado su promesa de reforma migratoria y por el contrario, con más deportaciones bajo el brazo que su predecesor republicano George W. Bush, Obama busca garantizar el apoyo de cada voto latino que compense por los desafectos y haga la diferencia en estados cruciales para su reelección. Para muchos la nominación de Sonia Sotomayor a la Corte Suprema no es suficiente.

En Estados Unidos radican 4.2 millones de puertorriqueños con poder de voto y aunque son tradicionalmente demócratas, tampoco hay que dar por seguro que acudan a las urnas el año entrante.

De ahí la necesidad de comenzar a movilizarlos desde ahora.

Obama es el primer presidente en visitar oficialmente la Isla en 50 años, desde John  F. Kennedy.

Su visita provocó tal expectativa que algunos medios llevaron un conteo regresivo de la llegada de Obama.

No que a todos les haga gracia, porque con un tasa de desempleo de casi 17% pensar que algunos estén pagando $35,800 dólares por persona para poder estar con Obama unos minutos le parte el alma a cualquiera.

Pero así es la política y Obama saldrá loco de contento con más de un millón dólares para sus arcas de campaña mientras, como dice el Lamento Borincano, el pueblo está lleno de necesidad.

¡Qué será de Borinquén

mi Dios querido!

¡Qué será de mis hijos

y de mi hogar!

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America's Voice

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Vino a mi memoria el debate de la nefasta reforma migratoria de 1996, de la cual Smith fue artífice, si bien fue promulgada por un presidente demócrata, Bill Clinton. Como un ciclo que se cierra, el legislador busca completar ahora lo que inició entonces y quiere comenzar a hacerlo con dos medidas que formaron parte del proyecto H.R. 4437, mejor conocido como la Ley Sensenbrenner de criminalización de indocumentados, que en 2006 generó marchas a través del país, frenó el proyecto y movilizó votantes hispanos a las urnas. Smith coauspició la medida.

En los pasados años muchos de los proyectos de Smith no progresaron, ni siquiera con mayorías republicanas. Pero el legislador sabe esperar y ahora enfila sus cañones envalentonado por la mayoría republicana en la Cámara Baja, por la atmósfera policial que domina el debate migratorio a nivel federal y estatal, y por su noción de que haga lo que haga o diga lo que diga, los votantes hispanos retornarán a las filas del Partido Republicano porque como escribió hace unas semanas, a “los hispanos también les gusta la ley y el orden”.  Incluso cuando tratan de agradar ofenden.

Al centro del debate hay dos proyectos con títulos que invocan seguridad y sentido común y que hábilmente disfrazan sus controversiales efectos.

El primero, el H.R. 1932,  permite la detención indefinida de inmigrantes que no son deportables a sus países de origen y que han perdido sus casos. De primera intención muchos estarían de acuerdo si se tratara de criminales peligrosos, pero lamentablemente en la amplia red lanzada por Smith también caen, por ejemplo, ciertos solicitantes de asilo o residentes legales.

Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU),  una tercera parte de los no deportables son cubanos, y entre los solicitantes de asilo hay nacionales de Colombia, El Salvador, Guatemala, México y Venezuela.

La medida también autoriza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a detener, hasta por años, a personas que aguardan por la resolución de sus casos de asilo negándoles solicitar fianza ante un juez de inmigración. También amplía el poder del gobierno de detener a residentes permanentes que hayan cometido algún delito décadas atrás.

En otras palabras, para muchos una violación migratoria puede suponer cadena perpetua.

¿Y el debido proceso de ley? Bien, gracias.

No hablemos del costo, que según la ACLU es de $45,000 dólares por detenido, para un total de $1,900 millones de dólares en el año fiscal en curso.

La otra medida la hemos discutido ampliamente y es la que busca nacionalizar y hacer obligatorio el sistema E-Verify que emplea bancos de datos de la Administración del Seguro Social (SSA) y del DHS para corroborar que un empleado tiene sus documentos en regla.

Una vez más, se trata de una medida que a simple vista parece ser razonable, pero que al analizarla no pasa la prueba.

Repasemos algunos de los problemas:

• 3.6 millones de trabajadores estadounidenses tendrían que corregir su información en los bancos de datos y casi 800,000 trabajadores autorizados podrían perder sus empleos por errores en esos bancos de datos.
• Los ciudadanos naturalizados y los residentes permanentes tienen 32 veces y 10 veces, respectivamente, más probabilidades de figurar como "no" autorizados para trabajar que ciudadanos nacidos en Estados Unidos.
• Según datos del propio gobierno, en más 50% de las ocasiones el programa no identifica adecuadamente a los trabajadores indocumentados.
• La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) concluyó que el E-Verify nacional y obligatorio reduciría los ingresos federales en $17,300 millones en un lapso de diez años porque habría un alza en la cifra de trabajadores sin documentos que  recibirían pagos por debajo de la mesa y fuera del sistema tributario

Y no me canso de repetirlo, hasta que no se resuelva la situación migratoria de millones de indocumentados en nuestro entorno, estos proyectos son soluciones a medias.

Pero Smith vuelve a la carga y con la atmósfera prevaleciente y las elecciones en puerta no debería sorprendernos si prevalece con su agenda de deportaciones masivas.

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America's Voice

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El coro de voces contra el nefasto programa Comunidades Seguras va en aumento, y eso es lo bueno.

Otro gobernador demócrata, Andrew Cuomo, de Nueva York, anunció que suspenderá temporalmente la participación en el programa ante la "creciente evidencia" de que no está cumpliendo con el objetivo original de centrarse en la identificación y deportación de los criminales más peligrosos.

El programa, según Cuomo, está minando la relación entre la policía y la comunidad atentando, irónicamente, contra la seguridad pública.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dice que el programa deporta a 70% de criminales, la práctica demuestra que entre los removidos al menos un 30% no han cometido delitos y otro 30% han cometido delitos menores. Pero hay jurisdicciones donde la mayoría de los detenidos y deportados son migrantes sin historial criminal.

Comunidades Seguras es, empero, uno de los pilares de la política migratoria de la administración Obama y una de las piezas centrales para lograr el récord de deportaciones, casi un millón, en los pasados dos años.

Cuomo contrasta con el alguacil de Los Ángeles, Lee Baca, quien defiende a brazo partido el programa, aunque cada vez más alguaciles y jefes de policía denuncian sus excesos. Bueno sería que el DHS aclarara de una vez y por todas si es o no voluntario y reevaluara su aplicación mientras completa la pesquisa que el Inspector General del DHS conducirá. Malo es que la investigación arranca el año entrante.

Entre tanto, medidas DREAM Act estatales progresan en Illinois y California. Lo bueno es que evidencian la urgencia de que el gobierno federal, donde radica la solución final, tome cartas en el asunto. Lo malo es que no hay señales de avance federal ni a nivel legislativo ni administrativo.

Prevalece lo malo sobre lo bueno.

Lo malo es que un veterano Infante de Marina que sirvió a su nación en Irak vea su madre deportada a Ciudad Juárez, México.

Miguel Valenzuela siente que su gobierno le dio una cachetada. Es uno de cientos de miles de militares, ciudadanos y residentes permanentes condenados a ser separados de sus familiares por la disfuncionalidad del sistema.

Malo es también que la Legislatura de Texas conduzca una sesión legislativa extraordinaria que abriría la puerta a medidas antiinmigrantes que habían sido frenadas, como la HB12. Ahora la HB9, en contra de las ciudades santuario, está en puerta.

O que Arizona, laboratorio de medidas antiinmigrantes, se apreste a prohibir el uso de la matrícula consular como forma de identificación con foto, una práctica en más de 30 estados.

Malo es que la ex aspirante a la vicepresidencia, la republicana Sarah Palin, escogiera el DREAM Act para ofrecer una de sus descabelladas diatribas.

Embarcada en una gira nacional con la cual amenaza lanzarse al ruedo de los precandidatos presidenciales republicanos, Palin escogió criticar la medida migratoria que más simpatía tiene entre la población aunque no ha progresado por la obstrucción de sus copartidarios en el Congreso.

Lo malo es que Palin no sabe lo que es el DREAM Act y que quienes se beneficiarían no vinieron aquí por voluntad propia. Fueron traídos de niños. Tampoco sabe que son jóvenes destacados en diversas profesiones que contribuirían a la competitividad y el bienestar económico de la única nación que conocen como su hogar y a la que Palin tanto ama. Tampoco parece saber que son jóvenes que quieren servir en las Fuerzas Armadas que Palin tanto defiende y que tantos problemas de reclutamiento enfrenta.

Lo malo es que el tema migratorio se encamine, como siempre, a ser explotado en las elecciones y que la pelea siga librándose en tribunales y Legislaturas estatales mientras a nivel federal unos políticos atizan el fuego y otros simplemente observan y reaccionan.

Y lo irónico es que todo se esté dando mientras las cifras del Censo confirmaron que los hispanos representan la mayoría de la población en 30 ciudades de Estados Unidos con más de 100,000 habitantes, y se concentran en los estados electoralmente claves como California, Texas y Florida.

Aunque lo bueno es que el Partido del Té, que agrupa a ultraconservadores como Palin, ya tiene su contraparte en el Partido del Tequila, anunciado oficialmente el sábado en Arizona. Su objetivo: registrar y movilizar votantes hispanos, aunque lo malo es que los votantes tengan que seguir escogiendo entre candidatos malos y menos malos.

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice